Contrarreloj, el Gobierno prepara una regulación para las billeteras de criptomonedas para cumplir con el GAFI
Una misión del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI) llegó ayer a la Argentina y obliga a acelerar una decisión para el Gobierno: la sanción de una regulación para las empresas que operan con criptomonedas, para dar cumplimiento a una recomendación específica de esa entidad global que combate el lavado de dinero. La comitiva estará en el país hasta el 26 de marzo y la ausencia de una norma antes de esa fecha podría poner al país en problemas que, en un caso extremo, podrían ubicarlo en la indeseable “lista gris”, aquella que integran los países vulnerables a los delitos financieros.
En lo relativo a las criptomonedas, el principal eje de esa regulación es la puesta en marcha de un “Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales”, en el que deberán inscribirse quienes deseen comerciarlas. Para concretarlo y cumplir con el GAFI, según explican fuentes oficiales, existen dos opciones.
La primera es la aprobación parlamentaria de una reforma al Código Penal en materia de prevención de lavado de activos. El proyecto obtuvo media sanción en Diputados en 2023 y en febrero de este año consiguió dictamen de un plenario de comisiones en el Senado. Las controversias surgidas en el Congreso tras la caída de la Ley Ómnibus vuelven imposible saber hoy si puede o no tratarse. La segunda opción es que el Ejecutivo, ante la imposibilidad de aprobar la ley en el corto plazo, prefiera sancionar un DNU replicando el contenido de ese proyecto. Según pudo saber Infobae, ese DNU ya está redactado y a disposición del Presidente Javier Milei si decide firmarlo.
La comitiva estará en el país hasta el 26 de marzo y la ausencia de una norma antes de esa fecha podría poner al país en problemas que, en un caso extremo, podrían ubicarlo en la indeseable “lista gris”
Cabe destacar que aquí no juega la mayor o menor voluntad del Gobierno en fijar normas para el comercio de las criptomonedas, un tema en el que ha manifestado una impronta de desregulación, como en tantos otros. Cabe recordar a la canciller Diana Mondino diciendo en la última edición de Labitconf que la propuesta del gobierno “siempre ha sido y será libertad de monedas. El que quiera hacer contrato en Bitcoin, que lo haga”.
El GAFI tiene una recomendación específica que no se puede obviar a riesgo de caer en la “lista gris”. “Para gestionar y mitigar los riesgos que surjan de los activos virtuales, los países deben garantizar que los proveedores de servicios de activos virtuales estén regulados para propósitos ALA/CFT, y tengan licencia o registro y estén sujetos a sistemas de monitoreo efectivo y asegurar el cumplimiento de las medidas relevantes requeridos en las Recomendaciones del GAFI”, dice la entidad.
Entre muchas otras normas, el proyecto de ley que espera su voto en el Senado redefine competencias para la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo estatal encargado de combatir el lavado de dinero. Ayer, en la UIF recibieron a la misión del GAFI en el comienzo de la cuarta evaluación del organismo, cuyo dictamen se conocerá recién en octubre de este año.
El presidente de la UIF es Ignacio Yacobucci, un funcionario con experiencia en la Justicia cuya designación al frente del organismo terminó de formalizarse recién el pasado 16 de febrero. Ayer mismo, Yacobucci asumió el mando de la coordinación nacional de la representación argentina ante el GAFI, para aunar el funcionamiento de 11 organismos públicos involucrados en la materia.
Las fintech avalan la llegada de una regulación, ya que les da un “paraguas” legal más sólido para su funcionamiento y les facilita la recepción de inversiones
No obstante este rol de la UIF, el proyecto con media sanción pone en manos de la Comisión Nacional de Valores (CNV) la obligación de llevar adelante el “Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales”. Si la ley o un eventual DNU confirman ese camino, la CNV será la autoridad de aplicación de ese registro, pedirá información a las empresas y tendrá facultades de “supervisión, regulación, inspección, fiscalización y sanción” respecto de ellas.
La CNV definirá, en suma, el funcionamiento de las empresas que operan criptomonedas en la Argentina. Cabe recordar que esos operadores son del sector fintech, ya que el Banco Central durante la gestión de Miguel Pesce prohibió a los bancos operar con criptomonedas, algo que aún no fue modificado.
En el Gobierno destacan que muchas de las propias empresas avalan la llegada de una regulación, ya que les da un “paraguas” legal más sólido para su funcionamiento y les facilita la recepción de inversiones. También recuerdan que a lo largo del proceso de aprobación del proyecto de ley, hoy frenado en el Senado, hubo una activa participación de directivos y técnicos de la Cámara Argentina Fintech, dando su apoyo a la iniciativa.
Se estima que hay por lo menos 15 empresas de relevancia dentro del sector fintech dedicadas a las criptomonedas que estarían en condiciones de integrar el registro previsto en el proyecto de ley, aunque mucho de ello dependerá de la reglamentación final que haga la CNV una vez que se dicte el DNU o haya aprobación del Senado. Ese texto habla de personas físicas y jurídicas, argentinas o del extranjero, dedicadas a la operatoria cripto. La letra chica de todos esos parámetros, para saber quiénes deberán estar incluidos y con qué obligaciones, aún se desconoce.
