Cautela en el Gobierno por la ola de violencia en Rosario: foto de unidad entre Pullaro y Bullrich y expectativa por los operativos

No había pasado nunca. Ni siquiera con los brutales asesinatos de Lorenzo Altamirano y de César Roldán, el primero, en febrero del año pasado; el segundo, en diciembre último. A Altamirano, un artista callejero que trabajaba sobre la avenida Pellegrini, lo secuestraron al azar, lo encerraron en un vehículo y fue abandonado en las puertas del estadio de Newell’s Old Boys con tres balazos mortales en su cuerpo y una nota en el bolsillo del pantalón: “Dejen de reclutar pibes”. Roldán, un chofer de la línea 116 de la ciudad que había cambiado el franco con un compañero para acompañar a su hijo a un partido de fútbol, recibió casi una decena de disparos al frente de la unidad, en el noroeste rosarino, y murió en el acto. El sicario también dejó un mensaje de puño y letra: “Valen, deja de hacerte cuidar por la policía”.

Según los investigadores, las dos víctimas fueron elegidas al azar, un indicio de que algo había empezado a cambiar en el modus operandi de las organizaciones vinculadas con el crimen organizado, aunque las advertencias por escrito confluían en ambos homicidios en un patrón común: una guerra entre bandas por el control del negocio, que enfrentó, en buena medida, a Los Monos y al clan Alvarado, los reyes del narcotráfico provincial.

Los sucesos de la última semana, sin embargo, no registran antecedentes. A Diego Celentano, Héctor Figueroa, Marcos Daloia y Bruno Bussanich, el azar también les llevó la vida. Pero la nota que el tirador dejó en el lugar alertó a las autoridades políticas, judiciales y policiales: nunca habían visto algo así. “Esta guerra no es por territorio, estando unidos vamos a matar más inocentes por año”, avisaron en un mensaje dirigido a (Maximiliano) Pullaro y a (Pablo) Cococcioni, el gobernador y el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, en un prolijo papel, sin faltas de ortografía y firmado por “zona norte, zona sur, zona oeste, unidos”.

Por primera vez, la mafia narco dejaba sus diferencias de lado en la disputa por el territorio, furiosos por la decisión del gobierno provincial de requisa a fondo en las cárceles, de aislamiento de los presos con sus familiares y hasta de restricción en las visitas higiénicas y otros beneficios, y montaba una alianza transitoria para sembrar, en conjunto, el terrorismo urbano en la sociedad rosarina. Con una altísima y escalofriante eficacia.

Pullaro, al frente de una lucha persistente contra el crimen organizadora desde que asumió la gobernación en diciembre pasado, tenía que estar ayer en las oficinas porteñas de la ministra Patricia Bullrich, para unificar criterios y ultimar detalles operativos del plan para combatir la violencia narco que azota a Rosario desde hace años. El espeluznante asesinato de Bussanich, un playero de 25 años, frente a las cámaras de seguridad de la estación de servicio Puma que atendía esa noche -el video se viralizó por WhatsApp y recorrió portales de noticias y canales de televisión- alteró los planes: la Casa Rosada anunció la conformación de un “comité de crisis” para intervenir la ciudad con las fuerzas federales, con asistencia de las Fuerzas Armadas, y la ministra se instaló este lunes en territorio rosarino para encabezar la ayuda del gobierno y recibir al primer contingente de uniformados. Bullrich decidió pasar la noche en esa ciudad.

Anoche, en el entorno de Javier Milei reinaba la cautela. “Tenemos que ser cuidadosos. Hay que saber cómo salir antes de avanzar con algunas cosas”, aseguraron a Infobae muy cerca del presidente. A última hora, la ministra de Seguridad resaltó que el jefe de Estado tenía previsto visitar Rosario en dos semanas. “Veremos”, confiaron en el entorno presidencial después de la declaración de la funcionaria, entrada la noche, en el móvil de TN. “Es un tema complejo, puede escalar muy rápido”, agregaron.

El gobierno sabe que es un tema muy delicado, y el presidente definió que sea Bullrich, la ministra con mejor imagen del gabinete, la que encabece las operaciones por parte del gobierno. Para eso la eligió el mandatario cuando la invitó a sumarse a su staff: para tratar de capitalizar el combate contra la inseguridad y la violencia, y enfocarse él casi con exclusividad a la economía.

Anoche, fuentes provinciales aseguraron que Milei, a pesar de su contundente posicionamiento público, no se había comunicado con el gobernador. El jefe de Estado tuvo palabras muy críticas contra el socialismo. El jefe provincial estuvo a cargo de la seguridad durante el gobierno del fallecido Miguel Lifschitz: en aquel momento, también combatió a las bandas narcos.

Hasta el fin de semana, la funcionaria y Pullaro habían tenido algunas diferencias en la metodología de la lucha contra el crimen organizado. Desde el lanzamiento del Operativo Bandera, destinado, en los papeles, al refuerzo del personal federal y a la coordinación con las fuerzas provinciales, hasta la promoción de los controles carcelarios al estilo salvadoreño, una publicidad que humilló a los narcotraficantes. Y que, según trascendió de manera subterránea, no tuvo el visto bueno de la ministra Bullrich.

“Eso es una operación”, replicaron desde Santa Fe.

Lo cierto es que, con el viaje a Rosario y la conferencia de este lunes que reunió a la ministra y a su par de Defensa, Luis Petri, con el gobernador, en la casa de gobierno provincial, la administración central buscó dar una señal de unidad y de trabajo en conjunto frente a una crisis gravísima que provocó pavor en los rosarinos. “Se cruzaron todos los límites”, ahondaron ayer por la noche desde la provincia.

En ese contexto, los próximos días serán cruciales.

En el gobierno provincial había cierta “satisfacción” por la colaboración de nación: “Fue una buena decisión”, abundaron. Sin embargo, esperaban con expectativa por la implementación de los anuncios de la ministra, que a última hora del lunes recibió a los primeros refuerzos de un total de 450 efectivos federales, según confirmó por la mañana. Un número que ayuda pero que, para los investigadores, merece por ahora cierta prudencia.

Ayer, en paralelo a los anuncios oficiales, en el Poder Judicial santafesino se trabajó a destajo. Los investigadores habían confirmado la similitud entre las balas utilizadas en el ataque mortal a los taxistas y en la balacera a la comisaria 15. “Estamos detrás de ellos”, remarcaron anoche fuentes de la investigación. Subrayaron, además, que la recompensa de $10 millones dispuesta por las autoridades para aquellos que aporten información veraz había tenido una buena respuesta a través de los teléfonos, los mails y las redes sociales.

Desde que asumió en la gobernación, Pullaro tuvo el acompañamiento de los legisladores provinciales, tanto en Diputados como en el Senado, en el combate contra el delito. Se aprobó la Ley de Emergencia en Seguridad, destinada a agilizar la compra de móviles y equipamiento para la policía; la Ley de Narcomenudeo, que facultó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) a perseguir el microtráfico; la reforma del MPA y la ley orgánica del servicio penitenciario; la ley que regula las penas para los condenados por el crimen organizado, que empezaron a tener controles más severos, y una ley de inteligencia para recolectar y gestionar información destinada a la prevención del delito. Todavía hay pendientes modificaciones al Código Procesal Penal.

El ministro Cococcioni todavía está abocado a reclutar el personal idóneo para la conformación de equipos destinados a la inteligencia criminal y penitenciaria. Ayer, trascendió además que la ministra Bullrich había decidido descabezar a la cúpula del Servicio Penitenciario Federal. En Ezeiza y Marcos Paz conviven algunos de los promotores de la violencia organizada en Rosario. Esteban Lindor Alvarado, por ejemplo, intentó escaparse el año pasado del complejo penitenciario de Ezeiza con un frustrado operativo cinematográfico que incluía hasta un helicóptero.

Este martes, además, un grupo de fiscales encabezados por María Cecilia Vranicich, la fiscal general de la Provincia, participarán de una capacitación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), el principal programa de la ONU contra el terrorismo, con 500 funcionarios distribuidos en el mundo y sede en Viena. El curso ya estaba agendado. Pero el azar también quiso que coincidiera con una ola inédita de crímenes que tiene en vilo al sistema político provincial y nacional, y a la sociedad rosarina.