Política

La suspensión de las PASO: una jugada con el paraguas de la crisis que esconde otros intereses y batallas políticas

Alberto Fernández y los gobernadores, en la foto para sellar el Consenso Fiscal.

Casi al final de un año duro por el coronavirus y la profundización de la crisis económica y social, el poder político esgrime formalmente una sensibilidad que no tuvo en el arranque duro de la cuarentena ni en medio del ajuste. Lo hace para motorizar una jugada que empujan Olivos y el grueso de los gobernadores: la suspensión de las PASO del año que viene. El argumento se sintetiza en la necesidad de evitar el alto costo de las elecciones primarias en un cuadro sanitario aún incierto. Es la única señal para achicar el “gasto político”, intocable en todos estos meses, un paraguas que apenas disimula cálculos y varios frentes de batalla.

El tema viene siendo tanteado desde hace rato y parece claro que generará –y ya provoca- internas en la primera línea de Juntos por el Cambio. Más cuidada en la superficie pero no menos profunda es la tensión que provoca en el interior del oficialismo. La discusión está atada como todo a la coyuntura y para nada a un análisis de fondo sobre ese mecanismo del sistema electoral, que sin dudas se debe un debate siempre postergado por conveniencias también coyunturales.

Hay un primer cálculo que sobresale: suspender las PASO favorecería centralmente al oficialismo y, en rigor, a cada oficialismo, es decir al nacional y a los gobernadores. Eso supone, en líneas generales, que afirmaría el armado del Frente de Todos y complicaría a Juntos por el Cambio en su doble condición de oposición nacional y oposición en la mayoría de los distritos, empezando por la decisiva provincia de Buenos Aires. En este punto coincide el análisis de fuentes cercanas al Gobierno y de la oposición.

Desde ya, la fisura opositora está a la vista. Horacio Rodríguez Larreta se opone a la simple suspensión y el mendocino Rodolfo Suárez es más flexible pero plantea una reforma y no sólo atada al próximo turno de comicios. Son los dos distritos más fuertes en manos opositoras. En cambio, ya asoman sumados a la movida el jujeño Gerardo Morales y el correntino Gustavo Valdés, precursor en la línea anti PASO. El punto es cómo afectaría a los bloques de diputados y senadores nacionales, donde predomina el cuestionamiento a un proyecto acotado a la baja de las primarias de agosto 2021.

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El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta

La idea de que el oficialismo y los jefes provinciales son los favorecidos se apoya en hipótesis repetidas pero que no siempre se cumplen y en presupuestos que en general no se hacen públicos. El supuesto más difundido dice que el poder ordena la interna, es decir que alinea y disciplina. Y eso no es, al menos únicamente, una cuestión de liderazgo sino de manejo de caja y recursos, sobre todo en distritos donde las estructuras partidarias y estatales tienen escasos límites.

Junto con esa concepción, circula la hipótesis según la cual las condiciones generales del país serían mejores en octubre que en agosto, mes del turno electoral que sería suprimido. Todo, pensando en una mejora económica advertible y en horizonte sin nuevos capítulos graves por la pandemia del covid, con apuesta a la vacuna.

La próxima elección no pone en juego cargos ejecutivos aunque será un anticipo de batallas mayores. Turno intermedio: estará en discusión la renovación de la mitad de Diputados y un tercio del Senado. Pero es más que una pelea entre el Gobierno y la oposición frente a un cuadro de dominio oficialista amplio pero sin dos tercios en la Cámara alta y con exigencias marcadas para conseguir número en la otra ala del Congreso. Eso explica parte del objetivo de los gobernadores para tener peso nacional y cartas para negociar con el poder central.

La otra expresión de esta operación sobrevendría casi de manera mecánica si son suspendidas las primarias nacionales. Conocedores del terreno, en la oposición y en el oficialismo, indican que entonces serían bajadas las PASO en la mayoría de las provincias que adoptaron este mecanismo. En otras palabras, no habría competencia interna para definir listas de legisladores provinciales ni concejales. Así, también los intendentes recibirían cartas en este juego.

Pensado con ese sentido amplio, no todos en el oficialismo creen que dar de baja a las PASO sea un buen negocio para sus planes actuales y de mediano plazo, entre otras razones porque creen que sería además un antecedente para la disputa de dos años después, cuando deban ser renovadas gobernaciones y sobre todo intendencias.

Máximo Kirchner
El jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner

La Cámpora, y en especial su jefe Máximo Kirchner, ya han mostrado competencia y contradicciones con los jefes tradicionales del PJ. Para el kirchnerismo duro, el crecimiento y la afirmación territorial son objetivos “estratégicos” y por lo tanto, claros y persistentes.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, el cuadro es más complejo. Por supuesto, Axel Kicillof acompaña la medida que se viene, pero eso no elimina la tensión señalada aunque pesa un elemento mayor: la lapicera de Cristina Fernández de Kirchner a la hora de definir listas, nacionales y por distrito.

Se anotan ya algunos antecedentes de pulseadas. Y es sabido en medios políticos bonaerenses que hubo señales de desagrado, contenidas hacia afuera, frente al apoyo presidencial a los “intendentes eternos”, es decir, a la estrategia seguramente judicial para reinterpretar una ley de hace cuatro años y lograr que los jefes comunales que transitan dos mandatos tengan una chance más en el 2023.

En ningún caso se está discutiendo cómo mejorar el sistema electoral. Y con las PASO en particular, no está sobre la mesa un debate sobre el sistema de selección de candidatos, con impulso a la participación ciudadana. En rigor, la suspensión fortalece una tendencia que ni siquiera la ley de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias logró frenar en algo más de una década: la confección de listas y candidaturas en escritorios del poder. La suspensión de la ley, sin discutir cómo mejorarla –en su sentido, efectividad y costos-, sería un nuevo aporte a la regresión política.

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