Política

El primer año de Alberto Fernández en la Justicia: sin imputaciones, con las causas de CFK en el medio y proyectos que lo enfrentaron a jueces y fiscales

El presidente Alberto Fernández (Foto: Presidencia)

“Algún día Ercolini, Bonadio, Irurzun, Hornos y Gemignani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno”, dijo en mayo del 2019 Alberto Fernández, pocos días antes de ser anunciado como candidato a presidente de la Nación. “¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo”, les dijo Cristina Kirchner al terminar su indagatoria a los jueces del tribunal oral del caso de la obra pública. Fue el 2 de diciembre, una semana antes de asumir como vicepresidenta.

Presidente y vice anunciaban un regreso al poder con una relación tensa con la Justicia, principalmente con la de los tribunales de Comodoro Py. Era casi lógico porque durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri el kirchnerismo había vivido una avalancha de investigaciones (Cristina Kirchner llegó a tener 13 procesamientos y 7 prisiones preventivas) que estuvieron frenadas durante los ocho años de la administración de CFK. Y lo hizo bajo la denuncia de “lawfare”.

Esa tensión con la Justicia no mermó durante el año gobierno y un día antes del aniversario, Cristina Kichner dio a conocer su balance en el que acusó a los cinco integrantes de la Corte Suprema de tener poder “para condicionar o extorsionar a este gobierno. O lo que es peor aún: para hacerlo fracasar”. La dura crítica de la Vicepresidenta se conoce unos días después que el máximo tribunal confirmara la condena por el caso Ciccone de Amado Boudou, quien fuera vicepresidente de su segundo mandato, y que la Fiscalía pidiera que vuelva a la cárcel. Ex funcionarios llamaron a una marcha por una “Navidad sin presos políticos” y el kirchnerismo duro acusó a los integrantes del máximo tribunal de “lawfare”. Después de horas de silencio, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero se sumó para rechazar los derechos “pisoteados” de Boudou.

También se da después de un año en el que la mayoría de las causas en su contra siguen en pie. Mientras la Oficina Anticorrupción anunció su retiro como querellante de esos expedientes, el juicio oral por la causa Vialidad avanza a paso lento, las causas Hotesur y Los Sauces transitan sin tener aún fecha de juicio, el caso de dólar futuro no se cerró -aún cuando una pericia dijo que no había existido perjuicio al Estado-, la causa del Memorándum con Irán tendrá el próximo lunes una audiencia para definir cuándo arranca el debate oral y el caso de los cuadernos no logró voltear, en Casación, las declaraciones de los arrepentidos.

El trajín de CFK en tribunales contrasta con el del Presidente: en este año de gestión no cosechó imputaciones penales en las que esté siendo investigado. “Tuvo denuncias pero fueron desestimadas, no pasaron de esa etapa porque no tenían sustento penal”, coincidieron ante Infobae tres fiscales de Comodoro Py. Tampoco sus ministros ni ningún área de su gestión está alcanza por causas de corrupción o de una administración fraudulenta.

La vicepresidenta Cristina Kirchner. (EFE/ Juan Mabromata/Archivo)
La vicepresidenta Cristina Kirchner. (EFE/ Juan Mabromata/Archivo) (EFEI0500/)

Pero ese es el final del primer año de gobierno. En la previa del inicio de la gestión de Fernández-Kirchner, Comodoro Py tuvo “gestos”. De las 74 personas, entre ex funcionarios y empresarios, que estuvieron presas en causas de corrupción en un período de tres años y que por distintos motivos la amplia mayoría fue liberado, cuando el Frente de Todos asumió el 10 de diciembre los detenidos eran menos de 10. Aquel día, en el Congreso, el presidente bramó un “nunca más” a “una Justicia contaminada por servicios de inteligencia, operadores judiciales, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos”.

A un año de aquel día, el Gobierno de Alberto Fernández mantiene una relación tirante con la Justicia: recortó las jubilaciones de los jueces y empleados, avanzó sobre un proyecto de reforma judicial que sumó cargos en el Senado y no logra aprobarse en Diputados (el Presidente reclamó a Diputados que se “dignen” a tratar el tema), creó una comisión que tensó el vínculo con la Corte Suprema y dio inicio a una revisión de los jueces traslados durante la administración de Macri que terminó provocando un efecto dominó para todo el mundo judicial.

Este es el repaso de los primeros 12 meses en su relación con la Justicia.

La ministra. Como el propio Fernandez se encargó de hacer foco en su condición de abogado y en las críticas a la Justicia, la expectativa estaba puesta en quién sería la persona encargada del Ministerio de Justicia. Era la primer ministra de Justicia mujer. No hubo sorpresas con la elección de Marcela Losardo. Amiga desde los tiempos de la facultad y socia del Presidente en su estudio de abogados, Losardo es de extrema confianza de Fernández y conocedora del cargo. Ponerla a Losardo, era como ponerse él. Ella fue viceministra de Justicia y representante en el Consejo de la Magistratura durante el gobierno de Néstor Kirchner, cuando Fernández era jefe de Gabinete. Pero en 2009 la echaron en medio del distanciamiento con Alberto Fernández. En Justicia, a Losardo la rodearon en el Ministerio funcionarios muy cercanos a Cristina Kirchner. Juan Martín Mena es el vice; Horacio Pietragalla, el secretario de Derechos Humanos; y Gerónimo Ustarroz, hermano de crianza del ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

La ministra de Justicia Marcela Losardo (Foto NA: MARIANO SANCHEZ)
La ministra de Justicia Marcela Losardo (Foto NA: MARIANO SANCHEZ)

La designación de Losardo fue una buena noticia entre jueces y fiscales por las amplias relaciones de ella en ese mundo y el buen concepto unánime que se tenía. Su presentación oficial fue el 17 de diciembre en la cena de fin de año de la Asociación de Magistrados. No dejaba de recibir besos, abrazos y felicitaciones. “Es una polla mía. La críe de chiquita”, dijo esa noche la jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Elena Highton de Nolasco, quien había llegado al máximo tribunal en 2004 de la mano de Alberto Fernández como jefe de Gabinete. Pero el amor iba a durar poco. Al tiempo comenzaron los cortocircuitos con la ministra. Le reprochan no estar al tanto o no informarles a los jueces las iniciativas del gobierno sobre la justicia.

Procuración. Eran los últimos días de 2019 y los primeros de Alberto Fernández como presidente cuando anunció que había elegido a Daniel Rafecas para ser propuesto como Procurador General de la Nación, un cargo que está vacante desde la salida de Alejandra Gils Carbó a fines de 2017 después de que la procesaran por la compra de un edificio. Fernández y Rafecas se conocen de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires donde ambos son profesores. Rafecas llegó a juez de Comodoro Py en 2004 cuando Fernández era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. El magistrado tuvo su momento de mayor tensión con el kirchnerismo en abril de 2012 cuando allanó el departamento de Boudou en la causa Ciccone. Le costó su salida del expediente cuando se conocieron chats impropios para un juez. Fue Boudou el que ventiló esos mensajes, al mismo tiempo que disparaba contra el entonces procurador Eduardo Rigghi, amigo de Alberto. Años después, Rafecas recibió elogios del kirchnerismo. Fue cuando desestimó la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra CFK por la firma del Memorándum de entendimiento con Irán. Pero la postulación de Rafecas iba a quedar, y todavía está, en los cajones del Senado. En el medio, el kirchnerismo de la Cámara alta primero disparó contra Eduardo Casal, el procurador interino. Y después decidió tratar una serie de proyectos que acortan el mandato del procurador y aligeran la mayoría con la que un candidato puede ser electo. Rafecas dijo públicamente que solo quería ser electo por los dos tercios del Senado.

Fernández propuso al juez Daniel Rafecas como procurador General de la Nación
Fernández propuso al juez Daniel Rafecas como procurador General de la Nación

Operadores. “No más operadores judiciales”, prometió el Presidente en su primera inauguración de sesiones del Congreso. Lo miraban los jueces de la Corte. Fernández apuntaba a terminar con una práctica que se había institucionalizado en el gobierno de Carlos Menem, pero continuó en todos los siguientes. Con Macri, ya no eran uno el emisario que circulaba por los despachos como portavoz, sino que eran varios. “Me entero que le pedís algo a un juez y te echo”, cuentan que Fernández le dijo a un funcionario del Ministerio de Justicia. Sin embargo, el funcionario mantiene su vínculo con los jueces. Pero no es el único. En tribunales también se ha señalado a Wado de Pedro como un interlocutor con el mundo judicial y, en su nombre, a su hermano de sangre Ustarroz.

Jubilaciones. La primera iniciativa del gobierno fue la primera pelea con la Justicia. Se trató del proyecto que modificó el régimen de jubilaciones del Poder Judicial que elevó la edad de retiro y aumentó el aporte sobre el sueldo. La jugada indignó al mundo judicial. No solo por el efecto sino por la falta de avisos previos y la inminencia del recorte. Eso aceleró que jueces y fiscales que ya estaban jubilados pero seguían en actividad abandonaran sus cargos. Se convirtió en ley a mediados de marzo.

Pandemia. Pocos días después llegó la pandemia del coronavirus y el país entró en cuarentena. Todo cambio. El funcionamiento de la Justicia también. Pasó a un modo -impensado para su sistema arcaico- de plataformas digitales, pantallas, trabajo desde casa y pasillos de tribunales vacíos. Aunque Cristina Kirchner haya elegido ir a la Corte Suprema para pedirle una acción declarativa de certeza que le permitiera sesionar con tranquilidad en el Senado. La respuesta del máximo tribunal terminó dándole rienda para sesionar, aunque en el fallo se leía la palabra “rechazo” al pedido que ella motorizaba.

Presos. Con la cuarentena el gobierno puso toda su atención allí y la Justicia dejó de ser una prioridad. Aunque la pandemia puso en juego otro tema caliente que sacudió al Gobierno: la salidas transitorias, excarcelaciones o arrestos domiciliarios que recibieron presos comunes por un lado y presos llamados políticos por otro.

Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi camaristas-1920x1080-.jpg
Los jueces Bruglia y Bertuzzi

Traslados. Pero la parsimonia que se vivía en los tribunales cambió drásticamente a mitad de julio. Primero por los reclamos directos por parte de la Vicepresidenta a Alberto Fernández por la falta de respuesta ante el “lawfare” que, según está convencida, existió durante el macrismo. Después porque para ese momento el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura ya había activado un planteo para poner en la mira a una decena de jueces que habían sido trasladados. En esa lista estaban Lepoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Dos integrantes de la Cámara Federal y uno de los tribunales que tiene en sus manos la causa de los cuadernos. La oposición leyó de inmediato un plan de impunidad que ejecutaba la propia CFK. El Senado activó las citaciones de los jueces trasladados y decidió desplazarlos de esos cargos cuando no se presentaron a la audiencia pública, cuando sus casos ya estaban judicializados. Con la aceptación de un per saltum, la Corte Suprema decidió anular la decisión de la Magistratura y volar por los aires todo el mecanismo de traslados: dijo que la única manera de considerar a un juez en un cargo era si había ganado un concurso en la Magistratura, elegidos por el presidente y votados en el Senado. Y dispuso que Bruglia y Bertuzzi continuarán en la Cámara Federal mientras el Consejo abría un concurso en donde ellos pudieran participar. En una sola jugada, el máximo tribunal hizo desvanecer las cuatro plazas con las que el oficialismo se aprestaba a copar el segundo piso de Comodoro Py, y le dejó solo un lugar para ocupar en el concurso que ya está abierto. Además, se activó el regreso a la Cámara Federal de Eduardo Farah, un juez que se fue del tribunal tras denuncias y críticas del gobierno de Macri.

Reforma judicial. Pero además a fin de julio, la Casa Rosada sirvió de escenario para que Alberto Fernández lanzara su anunciada reforma judicial, con el fin de licuar el poder de Comodoro Py. La iniciativa fue aprobada en el Senado pero tuvo un freno en Diputados donde todavía no fue tratada. En ese mismo acto presentó a un grupo de once juristas entre los que se destacaba Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, para que le propusieran ideas concretas sobre cómo reformar la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, entre otras cuestiones. De inmediato se instaló la idea de que, en realidad, lo que se buscaba era ampliar la Corte Suprema para poder tener mayorías propias.

Tribunales de Comodoro Py Vacíos - Cuarentena Obligatoria - COVID-19 - Coronavirus (Foto: Franco Fafasuli)
Los tribunales de Comodoro Py (Foto: Franco Fafasuli) (Franco Fafasuli/)

En Comodoro Py, en este año, no hubo causas resonantes. Se activaron varias denuncias contra el gobierno de Macri, como la causa por la mesa judicial o los procesamientos contra los ex funcionarios Guillermo Iguacel, Javier Iguacel, Bernardo Saravia Frías o Nicolas Dujovne, decisión que fue anulada por los jueces Bruglia y Bertuzzi. Precisamente, eso mereció que Cristina Kirchner saliera del silencio y escribiera en Twitter: “No hay argentino más impune que Mauricio Macri”. El segundo Tweet, apenas unos días después, Cristina se lo dedicó a la reforma judicial de su compañero de fórmula que iba a analizarse en el Senado. “Sinceramente creo que el país todavía se debe una verdadera reforma judicial que no es la que vamos a debatir este jueves”, afirmó. Ahí dijo que sólo hubo dos reformas en la Justicia: la que intentó hacer ella y que terminó frenada en la Corte (“fue dejada sin efecto por el propio Poder Judicial al afectar sus privilegios”, dijo); y “la segunda fue una reforma realizada de facto, sin ley y contra la Constitución. La realizó Mauricio Macri a partir del año 2015, cuando asumió la Presidencia”. Fue ahí cuando aludió a la mesa judicial, el “lawfare”, la “Doctrina irurzun”, los traslados y la “AFI como órgano directriz de la cuestión judicial a través del manejo de los agentes orgánicos e inorgánicos en la creación de causas, espionaje y seguimiento de opositores”.

Precisamente, desde la actual AFI se motorizaron muchas de las denuncias que hoy salpican a las ex autoridades del organismo de inteligencia Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. En ellas, la interventora de la AFI Cristina Caamaño también apuntó contra Macri, aunque hasta ahora las investigaciones penales no lo han imputado. Estas investigaciones han crecido en Dolores y en Lomas de Zamora, afuera de Comodoro Py. Casi en espejo con Cristina Kirchner, para Macri esas denuncias forman parte de una persecución judicial en su contra.

Seguí leyendo:

Cristina Kirchner difundió una carta por el primer año del Gobierno: no mencionó a Alberto Fernández y criticó duramente a la Corte Suprema

Caso Ciccone: Amado Boudou pidió mantener el beneficio de la prisión domiciliaria

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba