Política

El gobierno de Jujuy aclaró por qué avanzó “con una mejora” en el cobro de impuestos, en medio del recorte a las provincias

El impuesto alcanza a diferentes productos que ingresen, egresen o transiten por la provincia (Gustavo Gavotti)

El gobierno de Jujuy aclaró este lunes que el impuesto a cuenta de Ingresos Brutos que debe pagar toda persona que ingrese, egrese o circule con determinada mercadería por la provincia, es una medida que existe desde hace años, pero que se dificultó su implementación por la pandemia del coronavirus.

Así lo aseguró el subdirector de Rentas local, Mariano Merubia, quien remarcó que el gravamen fue creado, en realidad, en 2017, a partir de la Resolución 1476, pero que con la llegada del Covid-19, los puestos de control fiscal “habían reducido las tareas”

De esta manera, el funcionario defendió la decisión de la actual administración del gobernador Carlos Sadir de empezar a cobrar el impuesto en cuestión a través de medios digitales para evitar evasiones, ya que antes se tenía que “acreditar en el Puesto de Control Fiscal al momento en que la carga atraviese alguno ellos”.

“Por cuestiones de pandemia, se habían reducido las tareas (de esos puestos), medida que se acentuó con la aparición en el 2021 del rebrote de la variante Ómicron”, remarcó Merubia en un comunicado oficial que emitió la provincia.

Mediante la Resolución General Nº 1661, la cual fue publicada el viernes pasado en el Boletín Oficial local, la Dirección de Rentas especificó que los contribuyentes alcanzados por este impuesto deberán presentar una declaración jurada, completando el Formulario F-207 que se encuentra en la página web del organismo y “generar el volante para efectuar el pago o seleccionar algún medio habilitado para hacerlo digitalmente”.

En el documento, la persona deberá indicar datos como el origen y destino de los bienes transportados, la identificación del responsable del pago a cuenta del impuesto a Ingresos Brutos, identificación del transportista, tipo de vehículo utilizado y su patente, entre otros puntos.

Carlos Sadir
Carlos Sadir, gobernador de Jujuy

“Se están aprovechando las nuevas herramientas tecnológicas que tiene la Dirección, las cuales facilitan la operatoria de los contribuyentes, haciendo más rápidas las labores, de manera que el sujeto responsable pueda hacer desde su lugar de origen, la carga de toda la documentación”, señaló el mencionado funcionario.

Según Merubia, con esta modificación, en la ruta el personal provincial se ocupa del “control de la carga, de la información mediante la lectura de un QR, también así los medios de pagos digitales disponibles por la repartición”.

“Esto va en línea de lo que se viene realizando dentro de la repartición, tratando de hacer la menor cantidad de trámites personales y que todos los trámites sean digitalizados. Son muy pocos los trámites que, hoy por hoy, requieren la presencia física del contribuyente dentro de la Dirección y no es algo nuevo o algo que se haga solo en Jujuy, sino que en otras reparticiones de otras provincias, como la de Salta, Formosa y Misiones, tienen el mismo régimen”, detalló.

El impuesto, que efectivamente existe desde el 2017, alcanza tanto a alimentos, como carne vacuna, porcina y de pollo -y sus respectivos derivados-, harinas, huevos, arroz, aceite, cerveza y fideos, como a artículos que ingresen a zonas fronterizas o que provenga de ferias mayoristas o predios de similares características, sin importar de qué rubro sean.

Esto se les cobra a todos aquellos que “remitan o trasladen por sí o por intermedio de terceros” cualquiera de esas mercaderías, siempre que “cuyo destino sea la comercialización”, con “excepción para las localidades de La Quiaca, Susques, o las que se habiliten en el futuro (zonas fronterizas)”, un beneficio que no estaba en la norma original.

Esta medida se anunció en el marco del fuerte ajuste fiscal que inició el Poder Ejecutivo Nacional y que afectó también a las provincias, a partir de, por ejemplo, la eliminación de los subsidios al transporte en el interior del país, un fondo que contemplaba unos 102.000 millones de pesos.

“Los gobernadores tomaron la decisión de destruir la ‘Ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos’ artículo por artículo, horas después de acordar acompañarla. Decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el Gobierno Nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina”, manifestó el presidente Javier Milei poco después de que se cayera el paquete de reformas que se estaba debatiendo en el Congreso, lo que desató la pelea con los mandatarios provinciales.

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