Juicio a Cristina Kirchner por la Obra Pública: de la denuncia de Carrió en 2008 a la actual acusación de los fiscales
Diciembre de 2008. El país era otro. Cristina Fernández de Kirchner era presidente de la Nación y no se hablaba con Julio Cobos —el Vicepresidente— como consecuencia de su “voto no positivo” por la Resolución 125.
Un dólar costaba $3,43. De lunes a viernes, un ejemplar de diario valía $2,25. Los supermercados ofertaban el kilo de asado de novillo a $7,99. El legendario programa de televisión Almorzando con Mirtha Legrand se emitía por América. El Torneo Apertura de 2008 terminó con tres equipos en el primer puesto: San Lorenzo, Tigre y Boca. Jugaron un triangular y Boca fue el campeón por diferencia de gol. Aquel campeonato es recordado por lo parejo: terminó el 23 de diciembre de 2008.
Un día antes de aquel desenlace, el 22 de diciembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita firmó un requerimiento de instrucción por el que impulsó una investigación judicial a raíz de una denuncia que había sido presentada el 12 de noviembre de aquel año por diputados que respondían a Elisa Carrió.
Además de Carrió los denunciantes de la Coalición Cívica-ARI fueron Adrián Pérez, Héctor Flores, Elisa Carca, Patricia Bullrich, Fernanda Gil Lozano, Fernanda Reyes, Fernando Iglesias, Elsa Siria Quiroz, Susana García, Fernando Sánchez y Juan Carlos Morán.
La denuncia de aquel entonces abarcaba varios tópicos de los que los diputados opositores consideraban casos de corrupción para ser investigados. Uno de ellos hablaba de la obra pública vial otorgada a las empresas de Lázaro Báez: ese caso es el que llegó en la etapa de juicio oral y público y en el que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola sostienen que hubo una asociación ilícita destinada a favorecer los negocios de Báez, socio comercial de la familia Kirchner.
Aquel requerimiento de instrucción implicó formalmente la imputación penal a Néstor Kirchner, el ex Presidente que seguía ejerciendo el poder de manera férrea. Su nombre era el primero de la lista de los imputados. Le seguían —según consta en aquell requerimiento— “Julio Miguel De Vido, Claudio Uberti, Ricardo Raúl Jaime, Carlos Alberto Zannini, Cristóbal Manuel López, Lázaro Antonio Báez y Rudy Fernando Ulloa Igor.”
Aquel requerimiento, guardado por los memoriosos de Comodoro Py, tenía 29 páginas. Es un documento de Word de 7538 palabras que suman 47834 caracteres con espacios. Se firmó el 22 de diciembre pero tardó unas horas en trascender. Más cerca del 24 de diciembre se conoció por algunos medios.
No era una cuestión menor la imputación por sospechas de corrupción nada menos que a Néstor Kirchner. A tal punto fue el cimbronazo judicial que Esteban Righi, a cargo entonces de la Procuración General de la Nación, se interesó en conocer el modo en que la información se había filtrado a los medios.
En aquella imputación, Pollicita resumió lo que decía la denuncia: “Al brindar los fundamentos de la presentación, concretamente en las líneas introductorias, (los denunciantes) describieron las estrechas relaciones personales y comerciales que tendrían entre sí los nombrados, así como también el exponencial crecimiento en el patrimonio de estos últimos precisamente a partir de la traba de aquellos vínculos. Por otra parte, se indicó que los ilícitos cometidos habrían comenzado desde fines de 2003 y que, en general, se vinculan a los contratos de obra pública llevados adelante desde el Estado con un grupo reducido de empresas, sin cumplir con las normas y reglamentaciones establecidas para el adecuado y eficiente funcionamiento de la administración pública. Así, refirieron que los contratos observados presentarían como características la concentración económica, la concurrencia de los mismos grupos empresarios a las licitaciones sin nuevos oferentes, la escasa diferencia en las cotizaciones ofrecidas por las empresas, la alternancia en las adjudicaciones y la existencia de sobreprecios. El reducido grupo de empresarios estaría conformado por personas con una estrecha vinculación personal con Néstor Kirchner y una evidente relación comercial entre ellos mismos, que les permitiría ser socios y contrincantes de acuerdo a la licitación pretendida. De esta manera, se intentó poner en evidencia en la denuncia que los funcionarios públicos involucrados habrían beneficiado a “empresas amigas”, con desapego de las buenas prácticas de la administración pública, el manejo eficiente del erario público y el respeto a las normas que regulan las compras y contrataciones del Estado; a la vez que se procuró reflejar que son las mismas empresas que, funcionando como holding, se presentaban imponiendo el precio y subiendo considerablemente los costos de la inversión pública ante una total pasividad del Estado contratante”.
Aquella denuncia tenía varias aristas. Los entonces diputados de la Coalición Cívica-ARI habían señalado irregularidades en diferentes áreas de la administración pública. Así listaron hechos que debían ser investigados por la Justicia. Entre ellos, como ya se dijo, estaba el que ahora está en la etapa final del juicio y que implicó el paso de Báez de cajero de banco a cajero millonario.
Pero la denuncia de noviembre de 2008 también abarcó sospechas por concesiones de zonas petroleras, por la explotación de los juegos de azar, por las licitaciones realizadas por el Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI), por las maniobras de lavado de dinero de empresas de la obra pública, por los negocios en la secretaría de Transporte (subtes, ferrocarriles, Tren Bala), por las obras de interconexión de energía eléctrica, por el fideicomiso de Venezuela, por la revitalización de Atucha II, y por licitaciones irregulares para construir cárceles.
La denuncia era amplia. Pero hacía referencia a los negocios de obra pública vial de Baéz en Santa Cruz y a su relación con los Kirchner. En la tercera jornada de alegatos el fiscal Luciani señaló que a partir de la presentación de aquella vieja denuncia de 2008 cambió el modo en que las empresas se presentaron a las licitaciones en Santa Cruz. Intentaron emprolijar las ofertas de precios que desde el año 2003 se habían hecho siempre a un costo mucho más elevado de lo que preveían las licitaciones.
El requerimiento de instrucción firmado por Pollicita y su secretario Julio Pacheco y Miño finalizaba con una serie de medidas de prueba que le solicitó al juez Julián Ercolini. Entre ellas había pedidos a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Inspección General de Justicia (IGJ) para que informaran sobre varias empresas. Algunas de ellas, las vinculadas a Báez que resultaron adjudicatarias de las 51 rutas que se analizan en el juicio oral y público que está ahora en la etapa de alegatos.
Aquella causa original es la 15.734/2008 y hablaba de algunas pocas rutas otorgadas a Lázaro Báez. Y de otros casos por sospechas de corrupción que se transformaron en expedientes diferentes: algunos quedaron a cargo de Ercolini y otros se tramitaron en distintos juzgados del fuero federal.
Sin embargo en abril de 2016, meses después del cambio de gobierno nacional, Javier Iguacel, que encabezó la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) en tiempos de Mauricio Macri, hizo una denuncia más precisa sobre las rutas en Santa Cruz.
La hizo basado en el informe de avance de “Gestión Integral de Obras Ejecutadas en el 23° Distrito Santa Cruz”, elaborado por la unidad de auditoría interna de la DNV. Según la denuncia en aquel informe se había determinado que entre 2003 y 2015 se habían concentrado las obras en esa provincia, delegado funciones de la DNV en la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) —comitente en cada una de las contrataciones— y concentrado obras en un único grupo de empresas: Austral Construcciones S.A., Kank y Costilla S.A. y “Sucesión Adelmo Biancalani”. Volvían a aparecer algunas de las empresas denunciadas en 2008.
En la auditoría se habían detectado también incumplimientos de los plazos de obra, y una marcada desigualdad en los tiempos de pago con relación a otras empresas contratistas de obra pública que interactuaban con Vialidad Nacional.
La denuncia de Iguacel poseía información sistematizada, algo que permitió una investigación más amplia por parte de los fiscales Pollicita e Ignacio Mahiques, quienes tenían el caso delegado por Ercolini.
El 3 de agosto de 2016 los fiscales pidieron que se declarara la conexidad entre aquella causa iniciada en 2008 por la denuncia de Carrió y la de Iguacel que llevaba el número 5048/2016. Uno de los argumentos de los fiscales para pedir la conexidad fue: “La cuestión de la obra pública que se introdujo en el marco de la presente causa, conformaba uno de los ejes centrales denunciados en el marco del expediente originario, en donde se procuraba la determinación de la hipótesis del beneficio otorgado a empresarios allegados y el presunto retorno de dinero a la familia de los anteriores presidentes”.
Los fiscales solicitaron la indagatoria de los nuevos imputados entre los que había algunos que estaban bajo investigación desde 2008 como Julio De Vido, José López y Lázaro Báez. Pero también pidieron que fuera indagada Cristina Fernández de Kirchner. Cuando declaró en indagatoria en 2016 negó los cargos en su contra y dijo, entre otras cosas que:
—”…Los representantes del Ministerio Público Fiscal, pretenden hacerla responsable en su carácter de ex Presidenta de la Nación por supuestas irregularidades que habrían tenido lugar con motivo de contratos de obra pública adjudicados y ejecutados en la provincia de Santa Cruz, lo que resultaba una hipótesis genérica y difusa”.
—”Los fiscales no pueden desconocer y dejar de merituar que tuvo tres causas por enriquecimiento ilícito, en las cuales fue sobreseída total y definitivamente”.
—”No tuvo cargos de responsabilidad directiva o de decisiones empresariales en ninguna de las empresas investigadas, lo cual la aleja de toda posible responsabilidad penal”.
—”…En relación con la referencia de Lázaro A. Báez como el ‘amigo presidencial’ que fue ‘insertado’ en el negocio de la construcción, que más allá de que ella no reviste tal cualidad, el hecho de resultar amigo no puede constituir un indicio de delito. Además, que si el deseo de Néstor Kirchner hubiese sido beneficiarlo con obras públicas, podría haberlo hecho cuando fue gobernador de Santa Cruz”.
Sostuvo que la investigación de los fiscales tenía intencionalidad política. Señaló que el fiscal Ignacio Mahiques —sumado a Pollicita— era hermano de Juan Mahiques, funcionario del gobierno de Mauricio Macri. También mencionó a Daniel Angelici como “operador” de Macri en la Justicia.
El 27 de diciembre de 2016 , ocho años después de aquella imputación inicial de Pollicita, Ercolini procesó a Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los imputados en la causa. A la actual Vicepresidente la procesó por asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Y le trabó un embargo de 10 mil millones de pesos.
Los procesamientos fueron apelados y confirmados por la Cámara Federal porteña en septiembre de 2017 con la firma de los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero. En aquel momento se inició el camino de la causa hacia el juicio oral y público.
En diciembre de 2017, nueve años después del inicio de la causa original, los fiscales Pollicita y Mahiques pidieron la elevación a juicio del caso. El 2 de marzo de 2018 Ercolini cerró la investigación y mandó el caso para que sea sorteado el Tribunal Oral Federal que llevaría adelante el juicio.
En principio había sido sorteado el Tribunal Oral Federal 9 pero ese sorteo fue anulado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Luego el caso le tocó al Tribunal Oral Federal 2 con la conformación que tuvo hasta marzo de 2019: Jorge Gorini, Jorge Tassara y Ramiro González Uriburu. Tassara falleció y se sumó como tercer juez Andrés Basso en tanto Adriana Palliotti quedó como cuarta jueza.
En el camino hacia el juicio oral el caso tuvo apelaciones que resolvió la Cámara Federal de Casación Penal y también la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El martes 21 de mayo de 2019 comenzó el juicio que ha llegado a su etapa final. Unos días antes del inicio la Corte Suprema de Justicia había pedido el expediente original del caso para resolver los recursos presentados por los imputados. Aquel pedido podía derivar en la suspensión del inicio del debate, hecho que finalmente no sucedió. En junio de este año la Corte rechazó los recursos que habían presentado varios de los imputados y se abrió el camino para que el juicio ingresara a la etapa final.
El 21 de mayo de 2019 Cristina Fernández de Kirchner fue acompañada por militantes de su sector político en la primera audiencia del juicio en Comodoro Py. Tres días antes Fernández de Kirchner había anunciado que iba a ser candidata a vicepresidente de una fórmula que iba a encabezar Alberto Fernández. Ese binomio fue electo para gobernar el país desde el 10 de diciembre de 2019.
Unos días antes del cambio de autoridades, el 2 de diciembre de 2019, Cristina Fernández de Kirchner se presentó en indagatoria. Fue acompañada por dirigentes de su sector. Su exposición ante los jueces y los fiscales fue una defensa política: “Este tribunal seguramente tiene la condena escrita y lo va a hacer. No me interesa. A mí me absolvió la historia y a ustedes seguramente los va a condenar”,
Después vino la pandemia y el juicio continuó de manera virtual. Declararon cientos de testigos —entre ellos el presidente de la Nación— hasta que el lunes pasado comenzó el alegato de la fiscalía. Para los fiscales existió la asociación ilícita que acomodó las licitaciones para enriquecer a Báez que era socio de los Kirchner. La Unidad de Información Financiera (UIF) —querellante en el juicio— que depende del gobierno nacional sostuvo que no se configuró el delito por el que los fiscales acusan a la vicepresidente.
Los fiscales acusan y las defensas intentarán desarmar esa acusación. Esa es la base de los juicios orales. Los jueces escucharán todos los argumentos y antes de fin de año —se estima— dictarán un veredicto.
Habrán pasado 14 años de aquella imputación de diciembre de 2008 firmada cuando el país era diferente al de hoy.
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