Acreedores de La Rioja acusaron a la provincia de “moroso recalcitrante” tras el anuncio de que no pagará su deuda
Los acreedores de la provincia de La Rioja, que ayer convocó a consultas para avanzar en un proceso de reestructuación de la deuda, reaccionaron con un fuerte mensaje a la gobernación, a la que acusar de brindar una “explicación engañosa” al fundamentar la decisión en el complejo contexto económico que atraviesa la Argentina.
El Comité Ad Hoc de Tenedores de Bonos de la Provincia de La Rioja emitió un comunicado en respuesta al anuncio de la provincia de su falta de pago oportuno bajo sus bonos verdes reestructurados con vencimiento en 2028, los denominados “Bonos Verdes”
“La explicación de la Provincia sobre su falta de pago, que atribuye a la actual situación económica en Argentina, es totalmente engañosa”, acusaron los acreedores reunidos en el comité, en cuyo comunicado se agrega que “el problema de la provincia es el desdén de su gobierno por cumplir con las obligaciones legales y contractuales”. Según explicaron, la mayor parte de los ingresos de la emisión de los Bonos Verdes fueron invertidos por la Provincia en sus proyectos de parques eólicos bajo Parque Eólico Arauco S.A. (“PEA”). En diciembre de 2022, la Provincia concretó la venta del 100% de Vientos de Arauco Renovables, uno de los emprendimientos de PEA, por USD 171 millones.
“Por lo tanto, después de haber pedido prestado dinero a los tenedores de bonos para construir este proyecto, la Provincia luego vendió el proyecto por USD 171 millones y ahora pretende ser incapaz de pagar USD 16 millones de pago de capital a sus tenedores de bonos. Las excusas dadas por la Provincia son las de un moroso recalcitrante y reincidente”, detalló el comunicado.
Los bonistas, además, dijeron que pedir prestado, hacer la inversión, venderla y “luego incumplir con los tenedores de bonos cuyo capital lo hizo posible es vergonzoso y deshonesto”. El texto continúa en duros términos y acusa a la provincia de no haber tenido nunca intención de hacer frente a los pagos contractuales de los Bonos Verdes que, a su vez, se derivan de un impago anterior en 2020 y de una reestructuración en 2021. “En septiembre de 2023, incluso antes de las elecciones presidenciales en Argentina, representantes de la provincia ya se pusieron en contacto con los tenedores de bonos con el mensaje de que la provincia buscaba una nueva reestructuración de su deuda. El impago del 24 de febrero fue premeditado y no resultado de circunstancias exigentes”, reclamaron los acreedores.
Al mismo tiempo, el comunicado del comité sostuvo que mientras otras provincias de la Argentina están haciendo esfuerzos considerables para pagar sus deudas y reparar su reputación crediticia, la provincia de La Rioja se distingue por una serie de antecedentes dudosos. Recordaron, por caso, que fue una de las primeras provincias en caer en default en 2020 y la última provincia en reestructurar su deuda en 2021. Y que ahora es la primera (y única) provincia en incumplir el pago de su deuda reestructurada.
“El Grupo ad hoc pide a la provincia que cambie su planteamiento y cumpla sus obligaciones contractuales. Pedir dinero prestado a proveedores de capital de buena fe, utilizar ese dinero para construir un valioso parque eólico, vender el parque eólico por USD 171 millones y luego incumplir con los tenedores de bonos cuyo capital hizo esto posible es vergonzoso y deshonesto”, afirmó el comité.
En línea con lo que sostuvieron varios analistas especializados, el comportamiento de la provincia es perjudicial para la reputación crediticia de la Argentina y sus provincias y limitará las oportunidades económicas de la población provincia, que ha expresado su intención de atraer inversiones en litio y minería, áreas en las que está muy por detrás de sus provincias vecinas. “Sin embargo, es difícil entender por qué los inversores tendrían interés en inversiones a largo plazo en una provincia que no opera con las contrapartes de buena fe ni cumple sus compromisos legales”, deslizó el comunicado mediante el cual el Grupo Ad Hoc advirtió que se reserva el derecho de emprender acciones legales contra la Provincia si no se efectúa el pago de los intereses y del principal sin más demora.
