Coparticipación: respaldo, dudas y críticas de los intendentes a la decisión del Gobierno de no acatar el fallo de la Corte
La primera reacción que tuvieron los intendentes bonaerenses al fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga al Poder Ejecutivo a entregarle a la Ciudad 2,95% de los fondos que coparticipa, llegó del peronismo. En el Frente de Todos, los intendentes del oficialismo plantearon que el máximo tribunal favorecía a la administración de Horacio Rodríguez Larreta en desmedro del resto de las provincias y por consiguiente de los municipios bonaerenses. Luego, cuando Alberto Fernández anunció que el Gobierno no iba a acatar el fallo y que además recusaría a los jueces, la reacción provino de la oposición. No tanto por la discusión de recursos, sino por el posicionamiento político y jurídico que adoptó el Presidente con el respaldo de otros 14 gobernadores, entre ellos el bonaerense, Axel Kicillof, uno de los más activos en este ida y vuelta que se inició un día después de los multitudinarios festejos en las calles de todo el país por la obtención del mundial de fútbol de Qatar.
“Tenemos una postura muy clara, necesitamos un país federal. Ese país federal tiene que mirar a todos. Hay una mirada uniforme. Lo que queremos es que la provincia de Buenos Aires tenga los recursos que nosotros desde los municipios necesitamos para hacerle frente a las necesidades que tienen nuestros vecinos”, explica el intendente de Pilar, el peronista Federico Achával, con el fallo todavía fresco. Ante la consulta de Infobae, el jefe comunal reconoce que si se aplica el fallo -que sostiene que las provincias deberán seguir manteniendo el ritmo de coparticipación que tienen hasta el momento, pese a que suba el porcentual que percibe la Ciudad- tendrán que trazar un camino junto al gobierno provincial para “ver qué impacto tienen en términos concretos y reales para la provincia y cómo piensa absorberlo”.
Achával también señaló: “Lo que nosotros entendemos tiene que ver con la realidad que viven nuestros vecinos. La necesidad que tenemos para llevar soluciones de cloacas, agua, mejoras en los hospitales, la necesidad de seguir haciendo clubes, escuelas y sin lugar a dudas este fallo va en contra de esta situación. Nosotros tenemos que defender la representatividad política de nuestros habitantes y vamos a seguir luchando para eso”.
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Quién también busca sostener el nivel de transferencias a los municipios de parte de la Provincia y que también el Estado bonaerense aproveche el momento de debate y avance con el reclamo de mayor coparticipación, es el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (PRO). En contacto con Infobae, el jefe comunal del distrito de la Primera sección electoral aseguró: “El fallo hay que cumplirlo y la política pública debe adaptarse al fallo. No hay nada después de desobedecer a la Corte. Es grave”.
Valenzuela también puso el eje sobre el posicionamiento de Kicillof. “El primer planteo que hacemos es que la Provincia no puede perder esos recursos. Si este fallo se cumpliese, hay $200 mil millones para revertir y la provincia no está en condiciones de perder estos recursos. La Provincia no puede pasar a duplicar su déficit, no puede achicar sus obras. Los fallos se cumplen y se debería buscar un acuerdo” dijo y advirtió que “el gobernador se reúne con nuestros verdugos en lugar de reunirse con quien se tiene que aliar”. El planteo -de quien también es uno de los coordinadores de los equipos técnicos de la campaña de Diego Santilli- es porque Kicillof hace su reclamo junto a las provincias del norte grande “cuando Buenos Aires es la mayor discriminada y es la que financia por default a esa provincias -del norte grande- que son las más beneficiadas en el reparto de la coparticipación”.
“Si discutimos federalismo, discutamos de verdad. Kicillof no reclama; a los bonaerenses nos están cagando y nuestro gobernador no nos representa”, cruzó Valenzuela. Como es sabido y lo ha manifestado el propio Kicillof, Buenos Aires aporta el 40% del PBI nacional , pero recibe el 22%.
Entre otros intendentes de la oposición que se manifestaron ante la decisión del gobierno nacional de recusar a los jueces y no acatar la decisión del máximo tribunal de Justicia aparece el jefe comunal de Lanús, Néstor Grindetti. “Es muy peligroso el camino de no acatar un fallo de la Corte Suprema de Justicia y profundamente anti democrático. Es nuestra Constitución, es nuestra República”, y que “no se puede banalizar el tema bajo ningún punto de vista”, marcó horas atrás.
Desde el PRO también se refirió en duros términos el jefe de los senadores bonaerenses de Juntos, Christian Gribaudo. “No acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia es un golpe a la República”, planteó quien además fue uno de los negociadores por la oposición del Presupuesto provincial para el 2023 sancionado la semana pasada en la Legislatura bonaerense y que a instancias de los intendentes terminó incluyendo un Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) por $45.500 millones y otro de seguridad por $11.000 millones; además de garantizar la transferencia de la parte de la provincia el desembolso de Adelantos del Tesoro Provincial (ATP) para municipios de Juntos por otros $2.500 millones. Todos esos fondos con destino directo a los municipios podrían caer en la reasignación de partidas con el trasfondo del fallo de la Corte. En la oposición creen que no hay margen para “dar marcha atrás con los acuerdos”.
Pero este jueves, Kicillof deslizó que “el Presupuesto tiene un techo” y que se requiere del acompañamiento del gobierno nacional; es decir: fondos. Lo dijo durante una actividad con el ministro del Interior, “Wado” de Pedro, en el que cuestionaron el fallo de la Corte y adelantaron el posicionamiento oficial de oponerse al fallo que advierte que la Ciudad debe recibir más recursos. “No lo vamos a permitir”, lanzó el mandatario provincial.
Las posiciones son marcadas. Para el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, el fallo de la Corte sigue sosteniendo “una mirada unitaria y centralista de los recursos’'. Ese dinero que va a la Ciudad para hacer veredas, tiene que ser para infraestructura en las demás provincias”. En un respaldo a la decisión del gobierno, el intendente costero advirtió ante la consulta de Infobae que “llegó la hora de pensar en una Corte que falle para la mayoría de los argentinos y no para una pequeña facción”.
La intendenta de Quilmes, la peronista Mayra Mendoza, puso cifras en la discusión en perspectiva con su municipio y estimó que de ejecutarse el fallo de la Corte “el presupuesto para CABA en 2023 será de $2.164.000.000.000 para 3 millones de habitantes. Mientras que en Quilmes el presupuesto será de $65 mil millones para 700 mil habitantes”, detalló. “Esto significa que Larreta destinará $720 mil por habitante, y en Quilmes ese monto será de $93 mil”, agregó, advirtiendo sobre diferentes asimetrías.
Desde la UCR también se planteó que la decisión del máximo tribunal debe respetarse y que esos recursos -$200 mil millones- que están incluidos en el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires y que son los fondos que originaron el reclamo, deben seguir llegando a las arcas bonaerenses. “La Provincia necesita muchos más recursos coparticipables de los que recibe. Hay provincias que se benefician hoy y tendríamos que discutir también si necesitan o no esos recursos”, dijo en las últimas horas el presidente del foro de intendentes bonaerenses de la UCR y jefe comunal de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, en declaraciones al sitio Letra P. Kicillof va detrás de la posición oficial con el grueso de los gobernadores peronistas: no acatar el fallo.
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