Política

Condenaron a 2 años y 8 meses de prisión condicional a un militante del Partido Obrero en Mendoza por cortar calles

Martín Rodríguez, militante del Partido Obrero, fue condenado a una pena condicional de 2 años y 8 meses en un juicio abreviado por cortar calles en Mendoza. Estaba detenido desde las manifestaciones que se registraron en la capital de la provincia cuyana la semana pasada.

Si vuelve a cometer el mismo delito (cortar calles es una infracción al artículo 194 del Código Penal) la Justicia podrá revocar ese tipo de prisión y deberá cumplir condena efectiva. El acusado admitió su culpabilidad en los hechos que se le imputaron.

La sentencia la determinó la jueza Mirna Montaldi, del Primer Juzgado Penal Colegiado de la provincia. Con el juicio abreviado los abogados defensores de Rodríguez lograron que se lo condene por menos de tres años con lo que podrá continuar en libertad.

Para conseguir esa pena, Rodríguez, estudiante de sociología y empleado municipal, quien participó de las protestas contra la Ley Ómnibus que se discute en el Congreso Nacional, tendrá que cumplir ciertas reglas: fijar un domicilio, hacer una donación y no cometer nuevas transgresiones. Solamente podrá salir del país con una autorización judicial. La resolución no será apelada y si en los próximos cuatro años comete algún delito la pena pasará a ser de cumplimiento efectivo.

En el artículo 194 del Código Penal establece que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de 3 meses a 2 años”. Ese resultó uno de los argumentos que utilizó el fiscal de la causa, Fernando Giunta.

De acuerdo a lo expresado por el fiscal, Rodríguez incumplió esa norma en ocho oportunidades, no solamente en las últimas protestas, y terminó detenido en alguna de ellas. Casi siempre que se realizaron manifestaciones de la izquierda en Mendoza, el militante del PO fue un participante activo y en varias oportunidades desoyó las órdenes impartidas por las fuerzas de seguridad.

protesta del Frente de Izquierda en Mendoza por la liberación de un detenido por cortar calles
Los dirigentes del Partido Obrero protestaron por la detención de Rodríguez frente a la Casa de Gobierno de Mendoza.

Por la detención y el posterior juicio, el lunes algunos de los dirigentes más importantes del Polo Obrero como Eduardo Belliboni y la diputada nacional Romina Del Plá viajaron a Mendoza e instalaron una mesa en señal de protesta en la puerta de la Casa de Gobierno.

Belliboni denunció en un video que difundió en las redes sociales “una persecución política y la vulneración de las libertades democráticas” y explicó que habían ido a pelear “por su libertad” y que la Justicia les impedía ver al detenido para que “su moral se derrumbase”. También dijo que “ Mendoza se está dando algo que luego se puede replicar en todo el país que es la ausencia de derechos y libertades para las personas”.

“Se realizó la conferencia de prensa por la libertad a @MRodriguezGC con la presencia de referentes nacionales y provinciales que se siguen sumando al reclamo. ¡Basta de criminalizar la protesta social, por el cese a la persecución y el cierre de las causas a luchadores!”, escribieron en la cuenta en X (ex Twitter) del FIT de Mendoza.

La condena de Rodríguez se produce en medio de la intención del gobierno que encabeza el líder libertario Javier Milei de enfrentar con mayor dureza las protestas de los grupos piqueteros, con la creación del Protocolo de Mantenimiento del Orden Público de parte de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Este lunes, luego de las manifestaciones y de los episodios de violencia que se desataron en las inmediaciones del Congreso Nacional la semana pasada entre el miércoles y el viernes mientras se discutía la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, el ministerio que encabeza Bullrich presentó un pedido ante la Justicia para exigirle a las personas o a las organizaciones o partidos políticos que participaron que paguen el costo de los operativos de seguridad que se desplegaron en ese lugar.

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