El campo espera definiciones de Nación y está en guardia ante la presión fiscal de los intendentes bonaerenses

Caído el proyecto de Ley Ómnibus, en medio de las tensiones políticas y económicas entre el Gobierno Nacional y las provincias por los fondos “discrecionales” y mientras en varios partidos bonaerense surgen iniciativas -alguna ya judicializada- para aumentar tasas a la producción agropecuaria para compensar la merma de fondos provinciales o nacionales, la dirigencia del agro está en ascuas sobre qué hará el Gobierno con los derechos de exportación (DEX, o retenciones) mientras el avance de la inflación ante un dólar semifijo y la caída de los precios internacionales muerden su rentabilidad.

Dirigentes gremiales consultados por Infobae coincidieron no solo en lo distorsivo que son los DEX sino también en que el Ejecutivo, por tratarse de una cuestión impositiva, no podría apelar a un DNU para cambiarlas, como sí podría hacer en otros temas. En eso coincidieron Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) y Horacio Salaverri, de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).

Achetoni sostuvo que otro proyecto de ley para aumentar las retenciones “tendrá la misma resistencia” que el anterior y que “un DNU no puede fijar retenciones porque no es facultad del Poder Ejecutivo”.

“Más allá de las cuestiones técnicas, un aumento de la producción beneficiaría mucho más al Gobierno y a la Argentina que incrementar derechos de exportación”, dijo por su parte Salaverri. Y agregó: “cualquier aliciente que se le dé al sector agropecuario podría aumentar la producción y provocar un mayor ingreso de divisas, que es lo que el país necesita”.

Por su parte, Federico Zerboni, titular de la Asociación del Maíz y Sorgo Argentino (Maizar) recalcó que las retenciones “deben ser eliminadas para todos los productos de la cadena del maíz”. Se trata, dijo de “el impuesto más distorsivo que se puede aplicar a cualquier economía y tiene como consecuencia la destrucción de la capacidad productiva”.

Indefinidas

En tanto, Pablo Vernengo, director de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa señaló: “en CAME consultamos con nuestras bases y todos coincidimos en que lo que se debería haber plasmado, en un artículo de la ley (ómnibus), es una definición precisa de las economías regionales”.

“Hoy tenemos la Ley 27.541, de 2019, cuyo artículo 52 dice que los productos y subproductos de las economías regionales deben tributar hasta un 5% de DEX”, dijo Vernengo. Pero no hay ninguna norma que las defina. Hay un vacío jurídico. “Por ello el maní tributa el 6,5% y el tabaco llego a tributar 12%, al igual que la cáscara deshidratada del limón”, precisó.

“Antes de sacar y poner complejos agroindustriales en una lista, era importante definir a las economías regionales y propusimos nuestra definición, en la que se había trabajado, durante 2022, con las comisiones de Economías Regionales de Diputados y Senadores, en un proyecto de ley específico” que las incluía a todas y facultaba al Ejecutivo a establecer políticas públicas para este sector que en la Argentina, abarca al 63% de los productores agropecuarios”, dijo Vernengo.

El dirigente aseguró que la presión tributaria sobre las pymes es ya insoportable. “Requerimos la eliminación de impuestos distorsivos sobre la producción y la simplificación de la burocracia estatal. Necesitamos que nos saquen el pie de encima”, precisó.

Avanza la brecha

Otro tema que viene de arrastre es el de la brecha cambiaria. Achetoni, de FAA, sostuvo que “es bastante difícil absorber la devaluación, el nuevo precio del dólar de importación y el nuevo precio de los insumos”, a lo que se suma a la caída de consumo en el mercado interno, destino de la mayor parte de lo producido por las pymes nucleadas en Federación Agraria. La inflación, dijo, ya está generando retraso cambiario.

En igual sentido se manifestó Salaverri, de Carbap. “Ha habido un incremento muy fuerte de la inflación y por ende de los costos de producción. Algo que ha afectado mucho ha sido la suba al 17,5% del impuesto PAIS a todas las importaciones; ha generado una presión de costos muy fuerte, mientras que la devaluación se ha mantenido estable. Y en el rubro agrícola, la caída de los precios internacionales también presiona”.

Según Salaverri, que del campo como beneficiario de la devaluación es una falacia. “No ha sido así: el incremento de costos ha reducido la potencialidad que podía llegar a dar la devaluación”, aseguró.

Zerboni, de Maizar, subrayó que la brecha cambiaria y la inflación distorsionan los precios relativos y complican la planificación de inversiones. “Esperamos que, en el corto plazo se unifique el tipo de cambio”, señaló. En la misma línea, Vernengo, de CAME, recordó: “siempre reclamamos un único tipo de cambio”, para vender los productos y comprar los insumos. Actualmente, prosiguió, “tenemos una brecha del 40% y los precios de nuestros productos exportables están a la baja desde mediados del 2022, sobre todo los alimentarios”.

El dirigente de Maizar recordó que las producciones de varias economías regionales se exportan a través de terceros. “El productor por lo general, salvo que este asociado a una cooperativa, no recibe los beneficios de un dólar competitivo, ya que no sabe bien adónde va su producción, si al mercado interno o externo”, señaló. Las producciones típicamente exportables entre las economías regionales son las provenientes de la olivicultura, el arroz, la foresto-industria, el tabaco, el té, el pelo de vicuña, las lanas, los cueros, las frutas frescas y finas, y el maní, entre otras.

Municipios

Otra preocupación son las iniciativas de suba de tasas e impuestos locales en distritos bonaerense gobernados por Unión por la Patria (UxP).

Un caso es General Guido, donde el intendente local, con mayoría en su concejo deliberante, Carlos Rocha, creó una sobretasa para el pago de la emisión de guías de tránsito de animales, en concepto de “mantenimiento de espacios públicos”.

Otro, Pehuajó, cuyo jefe comunal, Pablo Zurro, intenta aprobar un proyecto de ordenanza para cobrar dos litros de gasoil premium por hectárea y por máquina que realice tareas de pulverización de fitosanitarios en el distrito.

Un tercer caso es Azul, donde el intendente Nelson Sombra puso en marcha una ordenanza que obliga a los productores a pagar mensualmente una tasa de “servicios esenciales”, equivalente al valor de hasta un litro de gasoil por hectárea, a propietarios de tierras en el distrito. Este tributo afecta incluso a los frentistas, dueños de casas y comercios de la ciudad, que deberán abonar el equivalente a dos litros de gasoil mensuales. El caso fue judicializado por 190 productores azuleños. Los dueños del 60% de los inmuebles gravados no pagaron la primera cuota del impuesto, correspondiente a enero.

Sobre la cuestión de las tasas la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) emitió un comunicado titulado en el que su presidente Elbio Laucirica, señaló: “quieren recaudar más y, como siempre, parece que el aporte viene del campo”.

“El productor necesita reglas claras y ahora aparecen nuevos impuestos y tasas que se desconocen. Otra vez, un golpe al bolsillo de aquel que produce, genera trabajo y empleos genuinos”, se quejó Laucirica.

“La situación en Azul y Pehuajó es preocupante; se quiere compensar la falta de fondos discrecionales que enviaba la Nación o la Provincia, con mayor presión impositiva a los productores”, resaltó por su parte Achetoni. Y Salaverri subrayó que “los intendentes tienen cuadros de costos muy alto y no tienen voluntad de bajarlos; a contramano de lo que el país y el productor necesitan han generado tasas nuevas o incrementado muchísimo las existentes, como la tasa vial”.

“Algunos municipios pretenden que el sector agropecuario absorba el déficit que tienen,pero la rentabilidad de la producción agropecuaria hoy está muy ajustada. Y las tasas deben aplicarse contra una contraprestación de servicio y en estos casos no se está prestando ninguno”, dijo por su parte Zerboni.

Gestiones y medidas

Infobae preguntó a los dirigentes si estaban haciendo gestiones ante las autoridades sobre estos temas y si pensaban tomar alguna medida de acción directa.

Achetoni señaló que FAA no está realizando gestiones puntuales y que “por ahora” no piensan en medidas de fuerza”. Salaverri se manifestó en igual sentido, pero aclaró: “estamos atentos a cualquier medida impositiva que pueda tomar el Gobierno.

En cambio, Vernengo dijo que CAME se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, por el tema de las retenciones a las producciones regionales, sino también “por las altas tasas de multas que la AFIP les cobra a las pymes, tras lo cual con una resolución se resolvió una baja considerable”.

Otro planteo, pero ante la cartera de Bioeconomía, a cargo de Fernando Vilella, fue la la problemática de las economías regionales para conseguir trabajadores temporarios. “Le pedimos la prórroga del DNU 514/21 sobre compatibilidad de planes sociales y trabajo registrado, que fue atendida. Y en una interconsulta entre Economía y Capital Humano, el Gobierno emitió un comunicado recordando la existencia de esta valiosa herramienta. Hoy tenemos serios problemas en conseguir mano de obra para el té, la yerba mate, las peras y manzanas, las uvas, las frutas finas y el tabaco, entre otras producciones”, concluyó Vernengo.