Un juez autorizó al intendente de Luján a seguir volcando residuos en el mayor basurero a cielo abierto del país
Las imágenes con las que abre esta nota fueron filmadas por los vecinos de la localidad bonaerense de Luján. Demuestran, sin margen de dudas, que el mayor basural a cielo abierto del país sigue operando, a pesar de que una medida cautelar obligaba al intendente Leonardo Boto a disponer los residuos urbanos de la comuna “en un sitio alternativo”, por ejemplo, en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).
Es verdad, el juez federal de Mercedes Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto otorgó varias prórrogas para que la alcaldía comience los trámites para cumplir con la orden judicial. Esto no ocurrió. Y la situación se agravó. Al no pavimentar los aledaños y el ingreso al vertederos, después de la lluvia los camioneros, arrojan los residuos en la calle, en la intersección de 192 y la calle 359, en el ingreso al vertedero, o sobre la calle Sucre, interrumpiendo el acceso a la escuela con la montaña de escombros, desperdicios urbanos y residuos patológicos. Usan la calle como planta de transferencia.
Los recuperadores, como el que habla con Viviana Novelle, una vecina y denunciante, sacan lo reciclable y el resto queda allí, es un basurero paralelo. Familias completas, con niños pequeños, siguen viviendo de la acumulación de desperdicios. No tienen protección. La filmación es contundente, las máquinas traccionan a los vehículos recolectores para que no queden enterrados en el lodo después del aguacero.
A esta situación se agregan dos hechos nuevos: la Asociación Civil “Nuevo Ambiente” y los vecinos, residentes o titulares de actividades del partido de Luján, apelaron la resolución del juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto que el 30 de abril modificó la medida cautelar que ordenaba la “inmediata disposición de residuos del Basural a Cielo Abierto (BAC) en el Complejo Ambiental Norte III de la CEAMSE” y que ahora estableció que se haga “en etapas sucesivas de tres meses”. También determinó que la comuna conducida por el intendente camporista “disponga, a pedido de la municipalidad, los residuos en la CEAMSE en solo 10% en la primera etapa y 20% en la segunda”. Es decir, a interpretación de los denunciantes, el magistrado autoriza al Municipio a continuar contaminando y extender, de facto, la zona de vertido de residuos.
Tanto es así que Bruno Magliardo, también vecino de Luján, denunció ante el mismo juzgado “la existencia de hechos ilícitos ante el volcamiento indiscriminado de residuos sólidos urbanos, peligrosos, patogénicos y patológicos” en el inmueble de su propiedad “poniendo en serio riesgo de vida a la población en general de la zona afectadas, realizados con la connivencia de los funcionarios que por acción u omisión y en franca violación a los deberes a su cargo, eluden ejecutar las políticas y objetivos específicos para los cuales fueron nombrados permitiendo el daño ambiental”.
Por esta y otras razones, en la apelación los denunciantes afirman: “Los hechos nuevos verificados desde el dictado de la medida cautelar, que surgen tanto de este proceso como de los múltiples expedientes que obran en el juzgado a cargo del mismo funcionario, lejos de poder motivar un levantamiento o modificación de la cautelar oportunamente dispuesta, ratifican e incluso profundizan los fundamentos de su dictado”.
“Además -opinan- el juez introduce elementos propios, fundados incluso solo en informaciones periodísticas, respecto de la presunta incidencia de las políticas gubernamentales nacionales en el caso del basural a cielo abierto”.
En la foja 9 de su resolución, el juez federal de Mercedes Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto aludió por ejemplo a la “crisis económica que atraviesa el país en la actualidad” y que ese contexto “hoy se profundizó desde la promulgación del DNU n° 70/2023, que impulsa una drástica disminución de la presencia del Estado Nacional como sostenedor de políticas públicas -cierre de todo tipo de programas de asistencia social y de salud-, desregulación de precios de bienes y servicios que golpea principalmente a los segmentos más vulnerables de la sociedad”.
El magistrado también entendió que: “En el plano referido al Estado municipal, resulta evidente que la actualidad económica en cuanto a las transferencia de dinero desde la provincia, se ha visto disminuida, aquí también explicada con porcentajes relativos a la alta suba de los precios y a una política económica financiera del gobierno central de recorte de las transferencias de dinero (https://www.infobae.com/politica/2024/02/24/los-numeros-del-conflicto-entre-milei-y-las-provincias-cuales-fueron-las-mas-perjudicadas-por-el-recorte-de-fondos/)”.
La nota de este medio, citada por el juez federal, y publicada el 24 de febrero, informa en su primer párrafo que: “Durante una reunión de Gabinete, enojado por la falta de apoyo para la Ley Ómnibus, Javier Milei sentenció: “Los voy a dejar sin plata, los voy a fundir a todos”. El mensaje era contra los gobernadores por lo que el Presidente entiende como una traición porque no lograron encolumnar a los legisladores provinciales para que voten en el Congreso a favor del oficialismo”. Vale aclarar, el “no hay plata” de Milei para los gobernadores ocurrió en febrero y el magistrado resolvió horas después que se diera media sanción a la Ley Bases, un hecho que sucedió el 29 de abril.
Por su parte, los demandantes le recuerdan al juez federal que han demostrado “que la municipalidad cuenta en su presupuesto aprobado para este año -2024- con recursos suficientes para afrontar los costos del traslado de los residuos a la CEAMSE”.
El juez se aparta del plexo legal puesto que no se han modificado las circunstancias y condiciones que dieron sustento a las anteriores cautelares de primera y segunda instancia en favor de los accionantes. daño el ambiente y la salud de la comunidad, en abierta violación a los principios ambientales aplicables de precaución, prevención y no regresión”.
En otro tramo de la apelación los vecinos de Luján sostienen que la medida “contradictoria del juez“ deja desamparados a los accionantes e impide que ejerzan sus derechos a la vida, el ambiente sano y la salud.
Basta recordar que, tal como publicó este medio, el 21 de abril de 2023 el juez dictó una medida cautelar, por la cual ordenó que se dispusieran los residuos sólidos urbanos y peligrosos de Luján en un sitio alternativo, ambiental y legalmente apto para su recepción y tratamiento. Por esa razón, los demandantes entienden que el mismo magistrado “con su reciente resolución evidencia una grave contradicción” ya que en la anterior dijo que “en atención a que las conductas lesivas enunciadas por los amparistas pueden producir un agravio al medio ambiente, y que, por la magnitud y circunstancias especiales, suficientemente fundadas, resultaría tardía, insuficiente o imposible su reparación posterior, corresponde otorgar la medida cautelar peticionada”.
El juez federal también había contemplado “el peligro de daño ambiental generado por las incertidumbres respecto del supuesto saneamiento del basural a cielo abierto, que podrían generar un riesgo aún mayor”. Por esta y otras razones los demandantes entendieron que: “El juez sorpresivamente decidió abandonar sin ningún tipo de fundamento que permita sostener que medió una modificación en las circunstancias fácticas que determinaron su dictado” y “el continuo vaciamiento de contenido de esa medida, que no se pudo ejecutar en un año, pese a que las circunstancias que dieron lugar a su dictado se mantuvieron y agravaron”.
Por la suma de estas razones, y otras más técnicas, los vecinos, que se ven perjudicados por la contaminación que produce el mayor basural a cielo abierto del país sospechan que “la política metió la cola”.
