El Gobierno presentó una denuncia por el escándalo de los seguros: el manuscrito que es una prueba clave
El gobierno nacional presentó este jueves una denuncia formal contra un ex funcionario de la ANSES por el escándalo de los seguros que se contrataban para darle cobertura a los jubilados y pensionados que tomaban créditos mediante el organismo previsional. El apuntado es Federico D’Angelo Campos, ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) y que hoy es concejal de Unión por la Patria en el partido bonaerense de Quilmes.
La denuncia la presentaron conjuntamente la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el nuevo titular de la ANSES, Mariano de los Heros, y el director de Nación Seguros, Alfonso José Torres, las tres áreas involucradas en las presuntos irregularidades durante la administración anterior, donde están involucrados además de funcionarios, con un empresario del seguro amigo de Alberto Fernández y esposo de quien fue su secretaria privada.
Al ex funcionario de la Administración de la Seguridad Social -que a pesar de ser concejal mantenía su puesto- se lo acusa de haber ocasionado “perjuicio al Estado Nacional por comisiones y costos de intermediación en pólizas de seguro contratadas en Nación Seguros, en el marco de la operatoria ‘Créditos Anses’”. Los denunciantes pidieron que se determine si D’Angelo “contrató coberturas de seguros utilizando intermediarios injustificados y abonando comisiones en perjuicio del erario público”.
Los investigadores que trabajaron en la denuncia presentaron como prueba clave “una nota firmada de puño y letra dirigida a Nación Seguros donde se manifiesta la orden de contratar a empresas determinadas para intervenir en los contratos de seguros de vida para los saldos de los créditos tomados por jubilados y pensionados”.
Las investigaciones internas que derivaron en la denuncia del Gobierno se aceleraron esta semana, tras la publicación de una columna del periodista Ricardo Roa en el diario Clarín que contó que Osvaldo Giordano, antes de ser echado de ANSES por Milei, había desmontado un negocio opaco de empresas aseguradoras y políticos del peronismo y del PRO. En ese informe se mencionó como beneficiarios últimos de las maniobras a dos productores de fuerte peso en el mercado: Héctor Martínez Sosa, cuya esposa es María Cantero, secretaria del ex primer mandatario; y el empresario polirrubros Pablo Torres García. Esos nombres, en la denuncia presentada hoy, no figuraron. Tampoco Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros y amigo de la juventud y de los inicios en el rubro asegurador del todavía presidente del Justicialismo.
De acuerdo con la investigación, “se detectó un perjuicio al Estado Nacional” que habría ocurrido por el accionar que se le achaca a D’Angelo. También “se observó que la selección de los brokers y aseguradores que realizaba el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES eran a dedo, de manera discrecional, arbitraria” y, sobre todo, “sin expediente digital alguno, ni justificación técnica”.
La nota del FGS, una prueba clave
La nota enviada con la firma de Federico D’Angelo Campos indicaba lo siguiente:
“Habiendo evaluado la conveniencia de contar con un asesoramiento profesional idóneo y de probada trayectoria para la evaluación, tratamiento y sustentabilidad de los seguros de vida colectivo de saldo deudor contratados y a contratar por este Organismo, se ha concluido que tal finalidad requiere la designación de un Organizador y un Productor Asesor de seguros en todo de acuerdo con los términos de la Ley N° 22.400 que regula dicha actividad.
A este respecto, le hago saber que se ha resuelto designar a San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros en carácter de organizador y a TG Broker S.A. en carácter de Productor Asesor de Seguros para intervenir en los contratos de seguros mencionados, quienes deberán generar un asesoramiento constante en las coberturas vigentes.
En consecuencia, analizada la trayectoria y profesionalidad en la materia de los productores mencionados en la presente, dado que se encuentran antecedentes de haber asesorado eficientemente con anterioridad al organismo, es que la designación en cuestión resulta profesionalmente ventajosa para la administración.
Por último, cabe destacar que tales designaciones carecen de costo alguno para la ANSES”.
Los investigadores dieron con esta carta entre los archivos de Nación Seguros, ya que en la Administración Nacional de la Seguridad Social no se había podido encontrar. ¿Por qué? Porque no habría pasado por el sistema de gestión de documentación GEDE. “Esta nota tiene la misma metodología que fueron apareciendo en los otros ministerios. Apareció en el Ministerio de Seguridad y en otros lugares más que van a seguir saliendo. Es una nota hecha en Word, firmada de puño y letra, pero no está digitalizada dentro del sistema GEDE, que maneja el Estado Nacional para hacer las comunicaciones oficiales”, contó una fuente que trabajó en las pesquisas.
Para el Gobierno, se trató de un acto deliberado “para que la nota no se encuentre”. Lo que se detectó es que el Estado Nacional -en este caso la ANSES- tomó seguros con el propio Estado Nacional, vía Nación Seguros, que lo exigía la normativa vigente, pero “se terminaban utilizando intermediarios injustificados y abonando comisiones sin sentido en perjuicio del erario público”.
Frente a los argumentos que dejó trascender la defensa de Alberto Fernández -que no existiría perjuicio al Estado porque el seguro lo pagaría el tomador del crédito- los investigadores respondieron: “Lo que detectamos es que al momento de la emisión de la primera póliza de cobertura de estos riesgos Nación Seguros aparece asumiendo el riesgo junto a otras aseguradoras privadas que tiene muy disímil capacidad económico-financiera”, explicaron.
En la denuncia se advirtió que “las pólizas oportunamente remitidas a la ANSES para ejercer su derecho legal de observación no merecieron del parte del área competente, es decir, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, observación ninguna. El Fondo no observó ninguna irregularidad cuando aparecían estas aseguradoras metidas cobrando comisiones en los contratos con Nación Seguros”.
De acuerdo con la explicación de los que trabajaron en desenmarañar esta posible maniobra ilegal, el coaseguro es un acuerdo suscrito entre dos o más compañías del rubro para asegurar un bien o una actividad con un riesgo de un valor económico tan elevado que una única entidad no pueda asumirlo. Se hace para distribuir los riesgos y homogeneizar la composición de su cartera. La diferencia con el reaseguro es principalmente que cada entidad aseguradora solo responde con la participación que ha asumido.
La revelación de esas maniobras -que quedaron expuestas a partir del despido a los empujones de Giordano del organismo que gestiona el presupuesto más voluminoso del Estado Nacional- resultaron una bomba de profundidad sobre un negocio que se mantenía debajo del radar y que conectaba a empresarios y políticos con terminales en las principales coaliciones políticas. Tanto impacto, que Alberto Fernández ya fue imputado en otra denuncia y deberá empezar a dar explicaciones en los tribunales.
