Pacto político: el FMI y otras señales externas impactan de manera poco visible pero fuerte en el giro del Gobierno

Los movimientos para cerrar un trato político -previo y condicionante para la suerte del “Pacto de Mayo”- mezclan en estas horas expectativas, recelos y críticas como respuesta inicial al fuerte mensaje de Javier Milei ante diputados, senadores, jefes provinciales y la Corte Suprema en pleno. Por lo pronto, el primer dato fuerte es la afirmación de los gobernadores como polo de poder -heterogéneo, en un cuadro de crisis partidarias- y eso explica, entre otras cosas, que los puntos de negociación sean un alivio fiscal para las provincias y la reconsideración del núcleo de la Ley Omnibus. Menos visible, pero gravitante, se destaca otro factor de peso en el giro negociador del Gobierno: el mensaje ratificado por el FMI y otras señales del frente externo.

El Gobierno volvió a tener registro del señalamiento del Fondo cuando terminaba de pulir el discurso que el Presidente leyó ante la Asamblea Legislativa, el viernes pasado, para abrir una nueva etapa de sesiones ordinarias, es decir, sin temario exclusivo a cargo del Ejecutivo. Un par de días antes, Luis Caputo escuchaba la ratificación del señalamiento del organismo internacional más allá de las condiciones estrictamente económicas. Sin vueltas, se advertía otra vez sobre la necesidad de lograr sustento político y social para el ajuste.

Para entonces, además, en círculos empresariales y políticos reducidos, aunque atentos a lo que ocurre más allá de la frontera, circulaba la inquietud por la reacción de “los” mercados frente a la escalada de tensión expuesta en el plano político. El desenlace de la Ley Ómnibus, luego de un proceso de pésimo manejo que anticipaba el riesgo de la caída, gatilló una carga que extremó el discurso de la “casta” y colocó la relación con los gobernadores y con el Congreso en un punto de máxima tensión.

Eso mismo transmitía hacia afuera incertidumbre por partida doble. Primero, la lectura sobre el fracaso del proyecto de ley base del nuevo gobierno. Y a continuación, el interrogante político serio sobre las consecuencias de la batalla encarada después por el Presidente, sin un tejido de alianzas mínimas con bloques legislativos y jefes provinciales. Con un añadido nada menor: las complicaciones judiciales crecientes para el mega DNU. El decreto, para completar, había entrado en zona de riesgo también en el Senado, porque el rechazo empezaba a trascender al peronismo/kirchnerismo.

En ese contexto, y mientras las versiones más alarmantes hablaban de un discurso para dinamitar cualquier puente con diputados y senadores, Caputo asistió a la reunión de ministros del G20, en Brasil. Y en ese escenario, mantuvo su primera cita con Kristalina Georgieva. La directora gerente del Fondo calificó la bilateral como “excelente”, gesto correspondido por el ministro argentino, y aprovechó su breve comunicado para reiterar el mensaje, entre las formalidades de rigor: respaldo a los “esfuerzos” del Gobierno, referencia al cuidado a los sectores más vulnerables y necesidad de “construir apoyo para las reformas”.

Una semana antes, se había producido la visita a Buenos Aires de la funcionaria número dos del FMI, Gita Gopinath, cuya gravitación trasciende el cargo de primera subdirectora gerente del FMI, desplegó una agenda que incluyó una reunión con el Presidente, contactos con funcionarios y reuniones fuera del circuito oficial. Su declaración -extensa- antes de partir incluyó los puntos reiterados por Georgieva y fue más explícita en el señalamiento sobre el sustento necesario para el plan de gobierno.

“Proceder de forma pragmática para asegurar apoyo social y político también es fundamental para garantizar durabilidad y eficacia de las reformas”, sintetizó en un párrafo. Palabras cuidadas y mensaje directo.

El radar externo registró apenas unas horas después un agravamiento de la tensión con los gobernadores, por el enfrentamiento con Ignacio Torres, gobernador de Chubut e integrante del PRO. Y coincidió de hecho con la llegada de Antony Blinken. El gesto de esa visita del jefe de la diplomacia de Joe Biden se proyecta como apuesta regional y, por supuesto, el impulso a las decisiones del Fondo sobre la Argentina no puede ser disociado.

El conflicto con el gobernador de Chubut, que expuso además un cuadro de malestar extendido entre gobernadores -desde los reclamos “dialoguistas” hasta el combustible kirchnerista-, logró cierto alivio con una primera decisión judicial que permitió bajar la amenaza bastante criticada de Torres pero señaló, otra vez, el camino de la derivación de conflictos hacia la Corte.

En ese contexto, el discurso de Milei ante la Asamblea Legislativa dejó con vestimenta de repetida dureza contra “la” política, una convocatoria presentada como “prueba” y con tono fundacional -el “Pacto de Mayo”- y un llamado a negociar, antes, un acuerdo que rescate puntos centrales de la Ley Ómnibus -emergencia, delegación legislativa, privatizaciones y otras reformas- y contemple, como contrapartida, un paquete fiscal que oxigene las finanzas de las provincias.

Pasó algo inadvertido en medio de tono general del discurso, pero el Presidente habló de “alivio” para las provincias cuando se refirió a la negociación con los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño. El comunicado oficial que abrió esta semana, confirmando el inicio de la etapa de encuentros para el viernes que viene, también habló de “paquete de alivio fiscal”.

Las respuestas positivas frente a la convocatoria fueron matizadas en todos los casos por reclamos -sin estridencias- sobre la consideración de los fondos para los distritos. El tema de la revisión de Ganancias volvió a la mesa de conversaciones, del mismo modo que la insistencia del oficialismo con la “Ley Bases”.

El mapa está lejos de ser uniforme. Hay posiciones más o menos pulidas entre la decena de jefes provinciales que se mueven aún y con diferencias bajo la marca de JxC (CABA, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Chaco, Jujuy, Corrientes, Chubut, San Luis y San Juan). También en la amplia definición de mandatarios más dispuestos al diálogo se anotan desde Córdoba hasta Misiones, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. El peronismo expone posiciones de rechazo frontal (Buenos Aires, La Pampa, Formosa, La Rioja) y señales negociadoras (Tucumán, Catamarca, Salta).

Por supuesto, son aguas movidas también por disputas de liderazgo, como apuesta al tipo de oposición y hacia el interior de cada espacio no oficialista. El Gobierno arrastra sus propias contradicciones y alimenta recelos sobre el llamado al pacto político. La lectura externa, en cualquier caso, repara antes que nada en los grados de previsibilidad o incertidumbre.