El gobierno de Kicillof sostiene que la Nación le debe cerca de $120 mil millones y espera por la nueva Ley Ómnibus
$120 mil millones. Es la cifra que el gobierno bonaerense calcula por la deuda que la Nación arrastra con Buenos Aires desde que Javier Milei es presidente y cuyo programa económico en pos del superávit fiscal incluyó un pronunciado recorte en el envío de fondos a las provincias.
A esa cifra hay que sumarle partidas para alimentos de comedores escolares, que representan entre un 15% y un 20% del total invertido por la Provincia en el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA Bonaerense).
En medio de las negociación que el gobierno nacional empezó a replantear la semana pasada cuando citó a los mandatario provinciales a Casa Rosada -con el objetivo de juntar voluntades para el Pacto de Mayo y con una instancia previa que se traduce en la aprobación de una nueva Ley Ómnibus- la administración de Kicillof hace cálculos de cuánto es el “debe” dispuesto hasta el momento. Con un posicionamiento desde el ala dura de los gobernadores, la discusión macro, plantea Kicillof, es lograr la reposición de varios fondos que fueron afectados.
En el detallado, fuentes del Gobierno bonaerense indicaron a Infobae, que la Provincia dejó de percibir un flujo de, aproximadamente, $60 mil millones por mes desde que gobierna Milei. $14.500 millones corresponden al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). $40.000 millones del Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI). Este monto varía mes a mes porque está atado a la recaudación nacional y se calcula en un 1,18% de la misma.
También sostienen que existe otra deuda de $4 mil millones, que son de las cajas de jubilaciones no transferidas.
Como se sabe, la deuda que corresponde al FOFOFI -que el gobierno nacional eliminó por decreto- está judicializada. Buenos Aires presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia a través de la Fiscalía de Estado en la que buscan declarar inconstitucional el decreto que le da fin al Fondo de Fortalecimiento Fiscal e incluye una cautelar para restituir las transferencias desde enero 2024, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
“Estaba dentro del presupuesto y fue prorrogado. El propio Gobierno le asignó fondos en enero. Es equiparable a otras acciones. Como ocurrió con otros fondos (en alusión al caso Chubut), tuvimos reuniones con el secretario de Hacienda, quien le envió las deudas con respecto a este fondo y a otros que han cortado. Hace dos semanas le remitimos esta documentación al ministro Caputo, y ante la falta de respuesta de las deudas y ejecuciones, se le envió formalmente una nota reclamando estos fondos”, había planteado el mandatario bonaerense cuando anunciaba que Buenos Aires iniciaría el reclamo judicial. En aquella ocasión también dijo que “estamos ante un presidente que ha decidido reconfigurar un Estado”, y que Milei “se roba los recursos de las provincias”.
A esa cuenta en el Gobierno bonaerense también se le suma también lo que la Nación aportaba a los programas en el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA Bonaerense). Implicaba entre un 15 y el 20% de los mismos. Pese a ello, Kicillof anunció esta semana una mejora del 76 % en el monto de becas y prestaciones de programas sociales, y del 118,7 % en las becas del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA); que lleva la inversión de $5.500 millones a más de $ 10.700 millones mensuales; según se comunicó oficialmente.
Pese a que los recortes presupuestarios forman parte de una de las políticas económicas que adoptó el gobierno nacional en su relación con las provincias, la deuda en el caso de Buenos Aires también alcanza a lo que fue la administración de Alberto Fernández. En el gobierno bonaerense también hablan de un stock de deuda que mantiene la Nación con la Provincia, de meses previos, calculado en poco más de $250 mil millones. Incluye una deuda por las compensaciones del Consenso Fiscal 2017; además de lo adeudado en concepto del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de noviembre y diciembre.
Durante el mes pasado, distintos ministerios hicieron reclamos administrativos a las mismas áreas del orden nacional. El gobierno nacional sí garantizó -con la publicación de un decreto- la vigencia para el año en curso de la Ley de Financiamiento Educativo. Ante la demora de esta definición la Provincia había resuelto la suspensión del inicio de la jornada completa en 60 escuelas. “No teníamos la certeza de que íbamos a contar con los fondos correspondientes”, dijo días atrás el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni.
En lo práctico en la gestión bonaerense también advierten por otros recortes con fondos directos de la Nación; es decir que no son transferidos, pero que impactan en territorio bonaerense. El último reclamo lo protagonizó la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout este viernes. Fue al participar de la Asamblea del Consejo Federal de Cultura convocada por el Secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli.
En esa instancia, Sanitout advirtió sobre “el achicamiento o la desaparición o desfinanciamiento de organismos clave de la cultura que tienen muchísimos años y que han aportado muchísimo a la producción cultural”. Según estimaciones del Instituto Cultural, el rol productivo y económico del sector cultural, impacta en el 1,8 del PBI pero recibe el 0,2 del presupuesto nacional.
Fueron $5.400.416.563 los que se destinaron a la política cultural desde la Nación con impacto directo en el territorio bonaerense. Para citar un ejemplo, el Fondo Nacional de las Artes desembolsó en Buenos Aires $174.812.909 que alcanzaron a 1.323. Hoy esos artistas, describen en La Plata, piden que sea la Provincia quién cubra ese fomento
