Economía

Los trabajadores rurales temporarios podrán formalizarse sin perder la ayuda social

Fotografía de archivo de un agricultor mexicano que trabaja en la cosecha de Jitomate (Tomate) en una zona agrícola de Morelia, en el estado de Michoacán (México). EFE/ Luis Enrique Granados Cacari (Luis Enrique Granados Cacari/)

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación garantizó que está vigente la complementariedad entre el trabajo registrado y los beneficios de la seguridad social de trabajadores rurales que prestan servicios en actividades temporales.

“El 18 de agosto de 2023 se publicó el decreto 423 prorrogando el decreto 514/2021 que había dado vigencia a la promoción del trabajo registrado y la ampliación de los beneficios (tarjeta “Alimentar”) de la seguridad social de los trabajadores rurales que presten servicios en actividades temporales y estacionales y sus grupos familiares. Esto significa que el trabajador temporario puede ser registrado por su empleador sin perder el plan social”, explicaron desde Nación.

“Sin embargo, el 2 de octubre de 2023, quien era Presidente de la República Argentina, Alberto Fernández y su Ministro de Economía, Sergio Massa, firmaron el Decreto 493/2023 que oficializó un “Nuevo IFE” como ‘refuerzo para trabajadores informales’. Esta acción, que impedía que los trabajadores registrados cobraran la ayuda extra, en la actualidad condiciona al jornalero; quien decide no registrarse para trabajar porque considera que perderá la ayuda o no la recibirá en caso de que hubiese una nueva”, subrayaron desde la Secretaría de Agricultura.

La medida apunta a resolver el problema de los faltantes de trabajadores en las cosechas (en el último año se perdieron 1.800 puestos de trabajo formales). Desde el Gobierno advirtieron que la escasez de cosechadores podría provocar pérdidas del 30% y hasta el 40% en tabaco; peras y manzanas que no se recolectan; junto a cítricos que quedarán en las plantas en el litoral sin juntarse.

Informalidad y bajos ingresos

El miedo a perder la asistencia del Estado nacional no es el único problema que enfrentan los trabajadores rurales. El agro es de por sí el sector con mayor cantidad de trabajadores en negro en el país.

El agro está entre las actividades con menor nivel de salarios. (Reuters)
El agro está entre las actividades con menor nivel de salarios. (Reuters) (TINGSHU WANG/)

Entre 16 actividades relevadas por el Indec, la de mayor informalidad es la agricultura. En ese sector hay actualmente 917.000 asalariados y entre ellos, apenas 329.000 están en blanco; los otros 588.000 se encuentran en la informalidad. En términos porcentuales, el nivel de informalidad de ese rubro llega al 64,12 por ciento.

La medida anunciada por el Gobierno nacional apunta a reducir el número de trabajadores que se encuentran en esa situación, aunque no se trata de una tarea sencilla.

El otro gran problema que tienen los cosechadores es su nivel de ingresos. De acuerdo a los datos más recientes publicados por el Ministerio de Trabajo de la Nación (correspondientes a septiembre de 2023), el sector de agricultura y ganadería es uno de los de menor ingreso promedio en el país, contando sólo a los casi 600 mil empleados que se encuentran registrados.

En detalle, en septiembre del año pasado los trabajadores agrícolas percibieron un salario medio de $279.466 brutos, con lo que se ubicaron en el puesto número 50° de 54 actividades relevadas por la Nación. Sólo perciben menores ingresos los sectores de “Madera”, “Enseñanza”, “Silvicultura” y “Servicios de hotelería y restaurantes”.

Como atenuante, se puede mencionar que las paritarias del agro suelen ser más discontinuadas que el resto de los sectores y tienden a renovarse recién en temporada de cosecha. No obstante, también es cierto que durante prácticamente casi todo el año hay trabajadores golondrina desempeñándose en algún punto del país.

Lo cierto, es que el bajo nivel de ingresos explica en gran medida por qué los trabajadores no están dispuestos a formalizarse. Es que no sólo temen por la pérdida de las asistencias sociales que mide el Estado, sino que además, buscan evitar los descuentos jubilatorios para poder tener mayor poder de compra en sus bolsillos.

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