La medida de alto impacto que prepara el Gobierno luego de un paro general de la CGT que encierra un complejo dilema

¿Qué hará el Gobierno para desactivar el segundo paro general de la CGT desde que asumió el 10 de diciembre? “Nada”, respondió a Infobae un importante exponente libertario. En realidad, es la misma respuesta que dio ante las anteriores medidas de fuerza cegetistas contra las políticas de Javier Milei (3 movilizaciones y un paro de 12 horas) y que ni siquiera se esbozaron en cuatro años de gestión de la dupla Alberto Fernández-Cristina Kirchner pese a sus malos resultados socioeconómicos.

La selectividad del ánimo beligerante de la CGT no es un dato novedoso. El sindicalismo es muchísimo más tolerante con los gobiernos peronistas. Tampoco su condición de insaciable: así como no le alcanzó a Raúl Alfonsín para pacificar al sindicalismo haberle entregado el Ministerio de Trabajo con el nombramiento del dirigente lucifuercista Carlos Alderete, en 1987, tampoco le sirvió a Mauricio Macri haber designado en 2015 a un experto de las filas de la CGT para manejar los fondos de las obras sociales desde la Superintendencia de Servicios de Salud. Y ahora, pese al ajuste y a los recortes en el Estado, Milei no pudo revertir la hostilidad cegetista aunque accedió a podar su reforma laboral.

La CGT salió a la calle por el Día del Trabajador y hará este jueves su segundo paro general en cinco meses de gestión libertaria como si el Gobierno no hubiera flexibilizado sus posiciones, algo que sucedió con la solución a las paritarias no homologadas, la primera reunión en la Casa Rosada y la eliminación de la Ley Bases de los artículos que amenazaban la caja sindical y los bloqueos.

Ahora, el Gobierno asegura que no ofrecerá a la CGT ningún otro gesto de buena voluntad e incluso desde la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, proyectan una decisión que irritará, sobre todo, al Sindicato de Camioneros, que adoptó la práctica de bloquear pymes como una religión: amparado en el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce el derecho a un trabajo libre de violencia y acoso, aplicará sanciones a los gremios que recurran a ese tipo de protestas extorsivas contra las empresas que, en varios fallos, la Justicia consideró un delito.

Si se concreta, será un intento de remediar uno de los problemas que el propio Gobierno generó con la reforma laboral light de la Ley Bases, de donde, entre otros artículos, se quitó la incorporación al Código Penal de la pena de 6 meses a 3 años de prisión “a quien impidiere, estorbare o entorpeciere el acceso a un comercio, industria o establecimiento de cualquier tipo con el fin de obtener un beneficio o causar un perjuicio”, que se incrementaría desde 1 a 4 años de prisión si el bloqueo se desarrollara simultáneamente contra diversos locales o sucursales de la misma empresa.

En realidad, el Gobierno ya había aceptado aliviar las penas contra los responsables de los bloqueos sindicales porque en el DNU 70 decía que esa acción sería reprimida con 3 a 6 años de prisión y luego, en el último borrador de la reforma laboral, se redujo de 6 meses a 3 años de prisión, e incluso desapareció otro artículo que consideraba “grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación en bloqueos o tomas de establecimiento”.

La desaparición de las penas contra los bloqueos sindicales fue una señal contradictoria de los libertarios hacia el mundo empresarial e incluso hacia los propios trabajadores que son víctimas de ese tipo de protestas porque les impiden trabajar. Y fue, obviamente, una decisión celebrada por el Sindicato de Camioneros. A su líder, Hugo Moyano, el Gobierno ya le había concedido la reformulación de su acuerdo salarial del 45% para que pudiera ser homologado. Recibirá lo mismo, pero repartido distinto para que no parezca rompiendo la pauta del Ministerio de Economía.

Si el Gobierno no quiere dar más gestos hacia la CGT, aseguran, es porque el sector dialoguista está contagiado irremediablemente de la combatividad filokirchnerista de Pablo Moyano y el sindicalismo prohijado por Cristina y Máximo Kirchner. Los hechos le dan la razón al oficialismo: la cúpula cegetista se reuniría este martes con senadores nacionales de Unión por la Patria y de otras fuerzas políticas en su ofensiva para tratar de que la Ley Bases naufrague en la Cámara Alta. Hay buena sintonía entre algunos dirigentes gremiales y senadores de la UCR como Martín Lousteau. Junto con otros funcionarios, Cordero concurrirá esta semana al Senado a defender ante los legisladores la “modernización laboral” del proyecto que aprobó la Cámara de Diputados.

El Gobierno no tiene hoy garantizados los votos para sancionar la Ley Bases ni el paquete fiscal. Sus principales figuras trabajan en estas horas para ese objetivo, pero, si no lo consiguen, ambas iniciativas volverán a la Cámara Baja. En el oficialismo ya tomaron nota de lo que dijo a Infobae el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, consolidado como el mejor operador del mileísmo y de la CGT en el Congreso: “Si el Senado hace cambios, Diputados discutirá sólo esos artículos”.

En ese escenario, ¿Pichetto jugará otra vez en favor del poder sindical, buscando consenso legislativo para aceptar más cambios en la reforma laboral libertaria? Aunque la CGT logró eliminar de la Ley Bases muchos artículos que afectaban sus intereses, aún objeta puntos que “afectan los derechos laborales”, como el que crea la figura de “trabajador independiente” que puede tener a su cargo hasta otros 5 “trabajadores independientes” para llevar adelante un emprendimiento productivo, o el que incluye el “agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio”, en la mira sindical porque debilita la posibilidad de la reinstalación del trabajador cesanteado.

Pero la CGT también irá a la carga contra el capítulo que cambia el status laboral de los empleados públicos, desde su estabilidad en el puesto hasta la limitación de las huelgas y las sanciones a la que están expuestos, pasando por la cuota solidaria que reciben los sindicatos estatales para financiarse en forma adicional (punto eliminado de la Ley Bases sólo para los gremios del sector privado).

Esta semana no sólo incluirá el paro general de la CGT, sino también una paralización de casi todo el transporte por las asambleas simultáneas que hará este lunes, de 8 a 11, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). Pero la protesta del sector puso en evidencia la grieta entre sus dirigentes. El secretario adjunto de la entidad, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), se unió al moyanismo para dejar al desnudo lo que sabía desde el principio: que las asambleas de trabajadores serán paros encubiertos porque producirán la interrupción de los servicios.

Schmid lo confirmó en declaraciones periodísticas y, pocas horas después, el titular de la CATT, el dialoguista Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), lanzó un comunicado de la CATT para aclarar que no iba a ser así. “Se cortó solo”, se quejan sus adversarios. El conflicto derivó en una curiosa guerra de comunicados: esa misma tarde, 10 sindicalistas de la CATT, liderados por Schmid y Omar Pérez, de Camioneros, difundieron otra declaración de prensa, con membrete de la confederación, en la que desautorizaron a Sasia al advertir que las asambleas del lunes sí interrumpirán las tareas de 8 a 11.

El conflicto que estaba latente ya es indisimulable y es similar al que divide a la cúpula de la CGT: Sasia no comparte la postura ultracombativa de muchos de sus colegas del transporte y ya se diferenció junto con otros dos sindicatos de su sector, señaleros y jerárquicos: aclararon que las asambleas ferroviarias no afectarán el normal funcionamiento de los trenes y que aprovecharán la mañana del lunes para repartir volantes entre los pasajeros con el fin de difundir sus reclamos.

A Sasia lo motiva no sólo su impronta moderada sino la necesidad de que el Gobierno lo incorpore en la mesa donde se debería discutir la reestructuración del servicio ferroviario de la Argentina. ¿Lo logrará diferenciándose de los duros, apostando a trabajar y no a paralizar los trenes? Nadie lo sabe, empezando por el propio Sasia. El líder de la Unión Ferroviaria está por presentar una Ley Federal de Transporte con la idea de que sea debatido por el Congreso y para eso necesita un guiño libertario. Sasia es un aliado del sector dialoguista de la CGT, piloteado por Héctor Daer, de Sanidad; Andrés Rodríguez, de UPCN; Gerardo Martínez, de UOCRA, y José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias, pero, a diferencia de ellos, se animó a salir del cepo sindical que impone la eterna lógica del paro.

Por esas vueltas del destino, el Gobierno cedió ante la presión de la CGT un artículo del capítulo laboral de la Ley Bases que podría haberle servido para frenar las asambleas-paro que concretarán este lunes casi todos los sindicatos del transporte. Del proyecto oficial se eliminó un punto incluido en el DNU 70, como artículo 20 bis de la Ley N° 23.551, que decía que los representantes sindicales dentro de la empresa o las autoridades del gremio tendrán derecho a convocar a asambleas y congresos de delegados “sin perjudicar las actividades normales de la empresa o afectar a terceros”.

Nada le servirá al Gobierno, sin embargo, para impedir el paro general de 24 horas de este jueves. Pero el riesgo para el sector dialoguista de la CGT es que la huelga puede tener un alto acatamiento (ese día sí habrá adhesión de todos los sindicatos del transporte) y, aún así, no precipitar cambios en las políticas de Milei. En ese caso, la dirigencia cegetista moderada se enfrentará a un dilema: ¿se pueden seguir haciendo paros de manera permanente sin buscar la salida hacia una negociación? Hay demasiadas preguntas que rodean este escenario inflamable que comparten el Gobierno y la CGT.