El Gobierno amplió el decreto que regula los nombramientos en la Corte para acelerar el reemplazo de Maqueda
Luego de proponer a Ariel Lijo y a Manuel José García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Gobierno nacional publicó este jueves en el Boletín Oficial un cambio en el decreto de 2003 que regula el nombramiento de los jueces del alto tribunal: incorporó un articulo que explica por qué avanza con el trámite de la vacante de Juan Carlos Maqueda, quien cumplirá en diciembre 75 años, edad máxima que establece la Constitución para ser magistrado; y dejó asentado esa modificación para futuros casos en ese tribunal.
La actualización en el proceso se oficializó esta madrugada tras la publicación del decreto 267/2024 en el Boletín Oficial. En la normativa, el Ejecutivo incorporó el artículo 9° bis al decreto 222/2003, que establece: “Las disposiciones del presente decreto también serán de aplicación en caso de que exista certeza de que se producirá una vacante en fecha determinada. Cumplidos los procedimientos correspondientes, y habiendo el H. Senado de la Nación prestado el acuerdo previsto por el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, la designación será formalizada una vez que se produzca efectivamente la vacante”.
El dato viene a dejar asentado que no será necesario que se haga efectiva una salida en la Corte Suprema para iniciar con los pasos previos necesarios para cubrir la vacante. Es que el procedimiento indicaba, hasta ahora, que el postulante debía enviarse cuando se produzca la vacante, es decir, después de la renuncia del ministro en cuestión.
En su considerando, el Gobierno alega que “el doctor Juan Carlos Maqueda, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no ha ejercido la opción de peticionar el nuevo nombramiento para su mantenimiento en el cargo un año antes del 29 de diciembre de 2024 -fecha en la que alcanzará los setenta y cinco (75) años de edad-”.
El objetivo sería asegurar un nombramiento oportuno y garantizando la administración de Justicia. En esa línea, la normativa argumenta que “la experiencia ha demostrado que llevar adelante el procedimiento adoptado por el decreto N° 222/03 y obtener el acuerdo del Senado importa una demora mayor a los plazos previstos por la referida norma, lo que impacta seriamente en el funcionamiento judicial y organizacional del más alto tribunal y, como consecuencia, de la totalidad del Poder Judicial de la Nación”, por lo que aclara que “dicha circunstancia se agrava dado que el trámite en el H. Senado de la Nación recién comenzaría luego del inicio de las sesiones ordinarias del año 2025″.
El miércoles el Ejecutivo comenzó con el proceso de designación de los postulantes que incluye una instancia de opiniones públicas y la aprobación del Senado de la Nación donde se necesita una mayoría calificada que el oficialismo por si solo no tiene y requiere el apoyo del kirchnerismo.
De esta manera, los elegidos son el juez federal Ariel Lijo, quien fue postulado para ocupar el lugar que Elena Highton de Nolasco dejó al renunciar al máximo tribunal en octubre de 2021; y el catedrático García-Mansilla, para ocupar el lugar de Maqueda. El anuncio terminó por hacerse oficial con la publicación de un comunicado de la Oficina del Presidente.
“Los cambios que la Argentina necesita para volver a los principios de la Constitución de Alberdi que hicieron grande nuestro país no serán permanentes a menos que contentos con una Justicia que defienda estricta y honrorosamente los valores de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos”, indica el mensaje.
En esa línea, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, le agradeció el martes a Maqueda por su “valiosa participación como juez de la Corte Suprema de Justicia durante 20 años”, lo que da la pauta de que el Ejecutivo no apoyaría que el ahora magistrado del máximo tribunal continúe durante cinco años más, si es que el Senado así lo quisiera.
Actualmente, la Corte Suprema está integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Maqueda. Cuando asumió el gobierno de Milei, Cúneo Libarona había dicho que su objetivo era proponer en febrero al procurador General de la Nación -hoy de manera interina Eduardo Casal- y en marzo al nuevo integrante del máximo tribunal, plazos con los que está cumpliendo.