Las fuerzas federales brindarán a sus efectivos asistencia legal en causas que resulten consecuencia del ejercicio de sus funciones
El Gobierno Nacional habilitó a las fuerzas federales a prestar asistencia legal a sus efectivos en causas judiciales derivadas del ejercicio de sus funciones.
A través de la Resolución 159/2024, publicada este jueves en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad dispuso que la Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía Federal y el Servicio Penitenciario Federal “brindarán a su personal, en situación de actividad o retiro, de conformidad con lo establecido en sus respectivas normas estatutarias, asistencia legal, patrocinio o defensa jurídica institucional, en causas judiciales que resulten consecuencia del ejercicio de las funciones o del cumplimiento de los deberes y obligaciones inherentes al estado policial, el estado militar de gendarme o el estado penitenciario, según corresponda”.
La norma aclara que en ningún caso los organismos prestarán asistencia jurídica “en aquellos hechos que prima facie evidencien una ostensible violación de los deberes y obligaciones inherentes al estado policial, militar de gendarme o penitenciario, de conformidad con lo establecido en las normas estatutarias de cada fuerza”.
Las mencionadas fuerzas tendrán un plazo de dos meses para dictar las normas reglamentarias necesarias para dar cumplimiento a la presente resolución.
Para avanzar con esta medida, el Gobierno derogó la Resolución 477/2023, dictada durante la gestión de Alberto Fernández, que -según acusa el actual Poder Ejecutivo- “restringe excesivamente el derecho a la defensa del personal policial y de seguridad federal en procesos judiciales derivados de sus funciones, violando normas estatutarias y compromisos internacionales de Argentina”. En ese sentido, apuntó contra “la decisión política de la anterior gestión del gobierno nacional de limitar el apoyo institucional a la actuación de los miembros de la Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”.
Al respecto, se informó que en el anterior paso de Bullrich por el ministerio de Seguridad, entre 2016 y 2019, la Policía Federal ejerció la defensa en un total de 927 casos, Gendarmería en 29 casos, el SPF en 276 casos y Prefectura Naval en 36. Mientras que entre 2020 y 2023, -primero con Sabina Frederic y luego con Aníbal Fernández- “esas intervenciones se redujeron a un total de 235, 21, 150 y 11 casos respectivamente, lo cual demuestra la existencia de una decisión política de restringir la asistencia jurídica institucional a los agentes” de las fuerzas federales. “Tal decisión implicó, en los hechos, trasladar al propio personal parte del costo derivado del ejercicio de las funciones que les fueran legalmente encomendadas, generando un incentivo para la inacción ante situaciones potencialmente conflictivas en las que estuvieran llamados a intervenir”, criticó la actual administración.
En los considerando, la cartera a cargo de Patricia Bullrich hizo hincapié en la necesidad de brindar el “respaldo institucional, material y jurídico” al personal de las fuerzas, y argumentó que en el contexto del ejercicio de sus funciones legales, “existen numerosas situaciones que pueden llevar a que se impute al personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales la comisión de delitos o contravenciones”.
Para el Gobierno, omitir la prestación de dicho servicio de asesoramiento, “no sólo implicaría un inaceptable incumplimiento de las obligaciones del propio Estado hacia los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, sino que además representaría un desincentivo para el adecuado cumplimiento de sus altas funciones”.
La resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial llega en medio de una serie de reformas que está llevando a cabo Bullrich en Seguridad. La semana pasada se aprobó un nuevo reglamento para el uso de armas por parte de las fuerzas federales que incluye una serie de contextos en los cuales los efectivos ni si quiera tienen que realizar una advertencia previa antes de disparar. Y esta semana, con el objetivo de dar un marco legal a la intervención del ejército en Rosario para combatir el narcotráfico, el Ministerio de Defensa aprobó unas reglas de carácter “confidencial” para las Fuerzas Armadas.
