Peligra el trámite exprés de la Ley Bases que pretende el Gobierno por la falta de consenso sobre Ganancias

Los primeros días después del fin de semana extra largo traerán definiciones clave para la agenda del Congreso. El próximo jueves el Gobierno volverá a reunirse con los gobernadores para intentar destrabar la negociación por el impuesto a las Ganancias. A su vez, el oficialismo también podría enviar al Congreso la versión definitiva de la nueva Ley de Bases, que pretende tener aprobada antes de que termine el mes.

Durante las últimas dos semanas, diferentes funcionarios del Poder Ejecutivo, como el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, se reunieron con gobernadores y bloques de diputados opositores para escuchar críticas y sugerencias. Quedaron en responder.

En la oposición, especialmente en los espacios dialoguistas (PRO, UCR, HCF e Innovación Federal), hay mucha expectativa, pero ninguna certeza. Desconocen cuál será la postura de la Casa Rosada ante los planteos sobre la reinstauración del Impuesto a las Ganancias y tampoco saben qué cambios hará el oficialismo al borrador de la Ley Bases que circuló informalmente hace dos semanas.

La decisión del Gobierno de modificar la fórmula de actualización de las jubilaciones por decreto no sienta un buen precedente, ya que el oficialismo optó por una salida unilateral en medio de las negociaciones que se estaban llevando adelante en la comisión de Previsión Social de la Cámara de Diputados. Además, ignoró los reclamos de todo el arco opositor relacionados con compensar el empalme entre las dos fórmulas (otorgó un 12% extra mientras que la inflación de enero superó el 20%).

De hecho, el nuevo decreto propone una esquema muy similar al que había sido incluido en las últimas versiones de la primera Ley Bases (que terminó fracasando por falta de consenso). La oposición ya adelantó que buscará imponer desde el Congreso una compensación mayor para que el cambio de fórmula no termine consolidando una pérdida de poder adquisitivo en las jubilaciones.

La discusión por el impuesto a las Ganancias (uno de los principales impuestos coparticipables) es central para las provincias, que vieron sus economías muy golpeadas por la recesión, el freno de la obra pública y el corte de las transferencias de Nación. Los gobernadores buscan garantizarse fondos, sin embargo, no hay acuerdo sobre la mejor forma de hacerlo.

Los que rechazan volver atrás con Ganancias pretendían coparticipar el impuesto al Cheque o el impuesto PAIS. Pero esta opción fue totalmente descartada por la Casa Rosada y por lo tanto ahora la discusión gira en torno al mínimo no imponible y las excepciones. Estas dos variables podrían servir para lograr consenso con las provincias patagónicas, que son las que mostraron mayor rechazo, principalmente porque gran parte de sus trabajadores del ámbito privado y estatal volverían a tributar debido a que tienen sueldos altos por el régimen salarial de las zonas desfavorables y las actividades que realizan (por ejemplo, los petroleros). Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut) y Sergio Ziliotto (La Pampa) son los más renuentes.

Un acuerdo previo con los gobernadores sobre el paquete fiscal allanaría por completo el debate sobre la nueva Ley Bases debido a su influencia sobre los bloques dialoguistas, especialmente Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.

El Gobierno planteó un cronograma muy ambicioso para el tratamiento de la acotada Ley Ómnibus -que tiene 269 artículos en lugar de los 664 originales- y espera obtener dictamen de comisión entre el 15 y el 20 de abril para poder debatir en el recinto el miércoles 24. Ese esquema dejaría suficiente tiempo al Senado para sancionar la ley antes del 25 de mayo, la fecha simbólica que propuso el gobierno para sellar un acuerdo político con los gobernadores y la oposición sobre políticas de Estado.

“Hicieron un aprendizaje pero no quieren reconocer públicamente que hicieron un aprendizaje”, opinó una diputada del radicalismo que destacó la fuerte reducción que hizo la Casa Rosada en las facultades delegadas y en la lista de empresas que podrán ser privatizadas. También quedó excluido el aumento de retenciones.

No obstante, sí hubo planteos concretos al Poder Ejecutivo sobre la redacción de algunos artículos que consideraban “muy amplios” y podría otorgar demasiada discrecionalidad al Gobierno, principalmente en lo referido a la reforma del Estado y el manejo de la Administración. Por otro lado, tanto el PRO como la UCR y HCF propusieron incluir la reforma laboral dentro del proyecto.

En las filas libertarias consideran que la oposición dialoguista ya no tiene margen para volver rechazar la Ley de Bases luego de las últimas modificaciones porque quedarían “demasiado expuestos” ante sus bases sociales. Por eso, es probable que la Casa Rosada no conceda muchas nuevas modificaciones.

En esa línea, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, uno de los más duros durante el primer debate de la Ley Ómnibus, ya adelantó que no rechazará el proyecto: “Hay que acompañar porque si le va bien al Gobierno nacional, al presidente Milei, le va bien a todos los argentinos”, dijo en TN. Aunque aclaró que “uno también acompaña cuando plantea disidencias”.

Sin embargo, dentro de la oposición algunos advierten que el Gobierno está encarando mal la negociación al concentrarse principalmente en los gobernadores. Sobre todo en lo relacionado con el impuesto a las Ganancias. “Los que terminan levantando la mano en un impuesto tan jodido en este contexto recesivo son los diputados. Los gobernadores pueden ayudar pero no es tan lineal su poder sobre los bloques”, señalaron.