Qué bienes de Alberto Fernández y su secretaria quedaron alcanzados por la inhibición en la causa de los seguros

La inhibición de bienes dispuesta por el juez Julián Ercolini en la causa del escándalo de los seguros alcanzó al ex presidente Alberto Fernández y su histórica secretaria privada, María Cantero, esposa de Héctor Martínez Sosa, uno de los brokers imputados en el expediente, y amigo del ex mandatario. La medida, adelantado por Infobae ayer, alcanzó a tres ex funcionarios de la pasada gestión y la actual, y a una veintena de aseguradoras y productores de seguros, e implica que no podrán vender sus bienes y tampoco tendrán acceso a sus cajas de seguridad.

Ercolini – a pedido del fiscal Carlos Rívolo- le requirió a la Oficina Anticorrupción (OA) que envíe al Juzgado las declaraciones juradas del ex mandatario, su ex secretaria y los ex funcionarios imputados en el expediente. También dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bancario y de la Unidad de Información Financiera (UIF) respecto de todos, para llevar adelante una investigación patrimonial que estará a cargo de la Fiscalía, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

¿Qué declaró ante la Oficina Anticorrupción al dejar la Presidencia el ex mandatario y qué bienes quedarían alcanzados por la medida judicial?

Al irse de la Casa Rosada, en su declaración jurada de baja, Fernández informó un patrimonio de $14 millones, el doble que a principios de año, cuando había informado un patrimonio de $7 millones. La diferencia obedece básicamente al aumento del dinero en sus cuentas bancarias: pasó de $21.629 a $3.533.314. Pero esta plata no será alcanzada por la medida judicial ya que el magistrado no dispuso el congelamiento de sus cuentas bancarias.

Fernández solo declaró dos bienes que quedarían alcanzados por la cautelar. Uno de ellos no está a su nombre directamente, sino de una sociedad. Se trata de la mitad del estudio jurídico sobre la Av Callao al 1900 cuya titular es Inmueble Callao 1960 SA. Lo tiene desde 1999 y su participación societaria fue informada en solo $84.149, muy por debajo del valor del único inmueble que tiene la firma, ubicado en una de las zonas más caras de la Ciudad de Buenos Aires. Declaró un crédito a su favor con Inmueble Callao de $2.136.014.

Ante la consulta de Infobae sobre si el 50% del estudio jurídico entraría en la inhibición de bienes, una alta fuente judicial explicó que “habría que ver cómo figura inscripto en los registros”, en tanto que otra sostuvo que “todo es alcanzable en el porcentaje del inhibido”, por lo que la inhibición – aunque sea parcial de ese bien – “pasa a ser un dolor de cabeza para los socios”.

Lo que sí quedó fuera de la inhibición es el departamento de 175 m2 en Capital Federal en el que vivía su ex esposa, Marcela Luchetti, y que Fernández había comprado en el año 2000, ya que se concretó la división de bienes conyugales. En su última declaración jurada anual como presidente, correspondiente al período 2022. También ubicado sobre la Av. Callao al 1900, lo había declarado a principios de año en $12.221.253, una valuación muy inferior a los precios de mercado en esa zona de Recoleta. Hasta el 10 de diciembre de 2019, Fernández vivió en otro inmueble, un piso en el edificio River View en Puerto Madero, que le prestaba a cambio de “pagar los gastos” Enrique Albistur, publicista y ex secretario de medios del kirchnerismo. Amigo del presidente hace casi 30 años, la esposa de “Pepe” Albistur, Victoria Tolosa Paz, fue su ministra de Desarrollo Social y luego la elegida por Fernández para encabezar la lista de diputados del Frente de Todos en las últimas elecciones.

El otro bien registrable que informó es un automóvil Toyota Corolla modelo 2020 que valuó en $4.576.000.

Alberto volvió a informar que mantenía al dejar la Casa Rosada una deuda con Martínez Sosa de $102.240, que arrastra desde 2008 cuando dejó la Jefatura de Gabinete en el gobierno de Cristina Kirchner, según el mismo contó cuando estalló el escándalo de los seguros. Si bien le dijo al diario La Nación que corresponden a un préstamo de su amigo por USD 20.000 que nunca saldó, ese monto en pesos nunca fue actualizado en sus declaraciones juradas desde que volvió a la función pública en diciembre de 2019, pese a la inflación. Los montos en el formulario que deben presentar ante la OA – que contiene la misma información que se presenta ante la AFIP – deben ser declarados en pesos, al valor del dólar oficial del Banco Nación al 31 de diciembre del período correspondiente.

A su vez, declaró un crédito a su favor con la AFIP por las retenciones que tuvo en 2023 del impuesto a la Ganancias y Bienes personales de $7.237.766. La declaración jurada impositiva por estos tributos la deberá presentar a mediados de 2024, cuando se liquiden los montos anuales correspondientes, y sabrá si tiene un saldo a favor o una diferencia a pagar.

Las curiosidades de la DDJJ de la secretaria

En tanto, Cantero informó un patrimonio al dejar su cargo de secretaria privada del ex presidente de $42.812.372. No consignó inmuebles a su nombre que podrían quedar alcanzados por la inhibición. Sí había declarado en su declaración jurada anual de 2019, cuando volvió a la función pública y de la cual presentó una versión “rectificativa”, el 30% de una casa de 570 m2 en la localidad bonaerense de San Fernando, que había ingresado a su patrimonio en el año 2000. Como origen de los fondos consignó “ingresos propios” y valuó en ese momento su porcentaje en solo $421.587.

El grueso del patrimonio de la histórica secretaria de ex mandatario – desde la época en que Fernández fue superintendente de Seguros de la Nación durante el menemismo- lo constituyen USD 50.100 y que informó en $40.353.045. Ese monto en dólares era de USD 60.000 al principios del 2023, y fue consignado en sus declaraciones juradas desde 2021, producto de la “venta de activos”, Además, detalló tener otros $410.423 en el banco.

Al pie de la declaración jurada, que fue subida al sistema el 14 de febrero pasado, declaró ser cotitular de una cuenta bancaria en el Santander Rio y de otra cuenta en el Citibank en el exterior, cuyos fondos “provienen de la actividad” que realiza “su concubino”, por Martínez Sosa, y que – afirmó – fueron declaradas por él ante la AFIP. Al no haber sido funcionario, Martínez Sosa no debió informar su patrimonio a la OA, por lo que su declaración impositiva está bajo secreto fiscal, que ahora el Juzgado ordenó levantar.

Cantero también informó en las observaciones finales poseer un Jeep Wrangler Sport modelo 2009 que recibió como “donación” de Martínez Sosa, y que – afirmó – no consignó en su declaración jurada porque fue incluido en la declaración jurada de Bienes Personales de su pareja. Sí figura en sus declaraciones juradas del 2020 y 2021, siempre como donación, con una valuación de $829.000.

Martínez Sosa es dueño de la empresa que lleva su nombre, constituida en Tierra del Fuego y que heredó de su padre. Además, maneja es un “organizador” de otro centenar productores de seguros, que trabajan en forma asociada, bajo el paraguas de la firma Unibroker. Entre ellos, hay varios que aparecieron como intermediarias de las pólizas de Nación Seguros que investiga la Justicia, como es el caso de Bachellier SA, que encabeza el ranking de comisiones recibidas desde Nación Seguros.