Tregua o paro de 36 horas, las opciones que debatirá la CGT mientras reanuda en secreto el diálogo con el Gobierno

¿Se abrió otra etapa en la relación entre el Gobierno y la CGT luego del paro del jueves pasado? Hay algunos indicios, aunque nadie arriesga pronóstico alguno en ese vínculo signado por los desencuentros. Al día siguiente de la segunda huelga general en cinco meses, directivos cegetistas retomaron los contactos con referentes libertarios. Hubo promesas de reuniones reservadas con un telón de fondo: la mayoría de los dirigentes gremiales quiere evitar un paro de 36 horas.

La amenaza de paralizar el país durante un día y medio surgió de la izquierda, enarbolada por el ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero, y prendió en el sindicalismo kirchnerista. Pero el sector dialoguista de la CGT, y aun algunos moyanistas, entienden que no tienen margen para concretar una nueva medida de fuerza. “Golpear para negociar” fue el lema del líder metalúrgico Augusto Timoteo Vandor a fines de los años 60 para explicar la estrategia de protestar y luego sentarse a pactar con el dictador Juan Carlos Onganía. Si de esas tratativas surgió la Ley de Obras Sociales, que le dio al sindicalismo el armado y la administración del sistema sindical de salud, ¿por qué no hablar ahora con Milei?

La CGT ya golpeó al Gobierno con un récord de dos paros generales y tres movilizaciones callejeras en 154 días de gestión y también negoció con funcionarios, aunque de manera solapada: por eso el oficialismo accedió a recortar la reforma laboral incluida en la Ley Bases y a flexibilizar la negativa a homologar paritarias como las del Sindicato de Camioneros que excedían los topes oficiales.

Ningún gesto libertario alcanzó para conformar a la CGT, cuya fracción moderada sigue dominada por la interna permanente con el sector más combativo, y por eso la cúpula cegetista exigió más cambios a su medida en la reforma laboral (desairando al diputado nacional Miguel Angel Pichetto, el operador que consiguió eliminar 42 artículos del proyecto que objetaba el sindicalismo) y redobló su fuerte ofensiva para que la Ley Bases y el paquete fiscal naufraguen en el Senado. En ese escenario, el paro general del jueves pasado era imposible de levantar y el Gobierno ni siquiera intentó hacerlo.

Además de expresar los reclamos contra el ajuste y las reformas mileístas, la huelga general de 24 horas tuvo el sentido de desahogo para descomprimir los tironeos internos en la CGT y, a la vez, de demostración de fuerza no sólo hacia el Gobierno sino también hacia el peronismo, donde los sindicalistas apuestan a dejar de ser los olvidados de siempre en el armado político y electoral.

Pero hay sectores cegetistas duros que se entusiasman con la espiral del conflicto perpetuo con el Gobierno, mientras la dirigencia más racional cree que al golpe que representó el paro general debería seguir la apertura del diálogo con Milei. Hay una imperiosa necesidad de no repetir el esquema de los 13 paros generales de la CGT contra Raúl Alfonsín, símbolo de la intransigencia sindical, y también la sensación de que el Presidente no cederá en muchas de sus decisiones por más huelgas que hagan.

La mesa chica de la CGT apuró una nueva reunión para este martes a la tarde con el fin de empezar a debatir cómo seguir el plan de lucha y la relación con el Gobierno. Sin embargo, hay otro factor que comienza a incidir en las definiciones: el creciente temor que causan algunas señales de que el oficialismo está dispuesto a contraatacar con artillería pesada la hostilidad del poder sindical.

Una luz amarilla se prendió en el tablero cegetista, por ejemplo, cuando el secretario de Trabajo, Julio Cordero, extendió el certificado de autoridades a Dante Camaño para reconocerlo como titular de la Seccional Capital del Sindicato Gastronómico y le dio un golpe a Luis Barrionuevo, líder del gremio a nivel nacional y tenaz opositor del gobierno de Milei. La resolución oficial, firmada el día antes del paro de la CGT, puso en pie de guerra a Barrionuevo, que disputa con su ex cuñado la seccional porteña, la más numerosa y la que más recauda, tras unas elecciones en el sindicato realizadas en diciembre de 2021 y cuya resolución sigue atrapada entre fallos judiciales y una sentencia de la Corte Suprema.

“Si le hicieron eso a Luis, nos van a venir a buscar a todos”, se lamentó un dirigente cegetista de primera línea, temeroso de la supuesta contraofensiva del Gobierno. La primera señal de preocupación sindical se dio cuando la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a instancias de Cordero, dispuso intervenir hace un mes la Dirección de Asociaciones Sindicales de la Secretaría de Trabajo, siempre sospechada de expedientes que se aceleran para beneficiar a la dirigencia gremial. Se trata de una dependencia oficial estratégica para el gremialismo, que suele pugnar por ubicar allí a alguien confiable porque es donde se resuelven los conflictos de encuadramiento, las inspecciones a sindicatos y el otorgamiento (o no) de personerías gremiales o de simple inscripción a organizaciones nuevas.

Mientras un equipo de Capital Humano revisa carpeta por carpeta de esa dirección para detectar posibles irregularidades, algunos dirigentes gremiales entraron en pánico porque creen que existe un ánimo de revanchismo y persecución detrás de la intervención en Asociaciones Sindicales, que es la misma, imaginan, que sustentó la resolución contra Barrionuevo. Incluso, como amantes de las teorías conspirativas, dan por descontado que los libertarios están detrás de publicaciones en las redes sociales que revelan presuntos bienes y negocios de sindicalistas opositores y sus familias.

En Trabajo desestiman cualquier intencionalidad política en las decisiones de Cordero. Aseguran que la resolución en favor de Camaño era un trámite que estaba avanzado y que se basa en un fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la intervención decidida por Barrionuevo a la Seccional Capital y reestableció a su ex cuñado en el cargo hasta completar su mandato. Es más: juran que el secretario de Trabajo no atendió los llamados de Camaño y que incluso no aceptó su invitación a compartir el locro del 1° de mayo en el que sobresalió la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Cordero ya les advirtió a los gremialistas: “No me traigan acá sus internas”.

Hay otra sospecha que tienen algunos sindicalistas: que el Gobierno está detrás del impulso parlamentario al proyecto de ley de los diputados de la UCR que restituye los artículos de la reforma laboral libertaria que más afectan la caja y los intereses de los gremios. La iniciativa fue presentada en abril pasado, mientras el oficialismo accedía a recortar los cambios laborales de la Ley Bases que irritaban a la CGT. Ahora, la dirigencia gremial fue alertada por sus diputados amigos de que la iniciativa radical comenzará a ser tratada en comisión con el guiño de La Libertad Avanza.

Ese proyecto causa espanto en las filas sindicales: prohíbe las cuotas solidarias, clave del financiamiento de los gremios con los aportes de todos los trabajadores, no sólo de los afiliados; limita la huelga en servicios esenciales como la educación, pone en jaque la ultraactividad de los convenios colectivos y penaliza las asambleas que se convierten en paros encubiertos, entre otros puntos.

En el radicalismo insistirán con su iniciativa, aunque admiten que esperan saber qué modificaciones introduce el Senado a la Ley Bases: como hipótesis de máxima, no descartan que se incorporen algunos artículos de la propuesta laboral. Del lado del PRO también tienen la expectativa de que, una vez que termine el debate de las dos leyes que más le interesan hoy a Milei, puedan avanzar los proyectos de reforma laboral presentados por Cristian Ritondo y Verónica Razzini, sobre todo el que limita el cobro de la cuota solidaria y el que sanciona los bloqueos contra las empresas.

De todas formas, las versiones sobre el impulso a la iniciativa laboral de la UCR o del PRO parecen más una amenaza velada que una venganza posible de concretarse: el oficialismo aún está penando para tratar de que el Senado apruebe la Ley Bases y el paquete fiscal y, ante las dificultades para conseguir mayoría de votos, sus referentes admiten que sufrirán cambios y deberán volver a Diputados.

Es curioso que la reforma laboral vuelva a estar en el radar de la política y el sindicalismo como pocas veces en los últimos años, pero los resultados nunca lleguen a cristalizarse. El Gobierno comenzó con una propuesta dura en ese rubro como parte del DNU 70, pero la frenó la Justicia y se resignó a una “modernización laboral” light, con 42 artículos menos, para congraciarse con el sindicalismo.

Casi en soledad, el secretario adjunto del Sindicato de Peajes, Facundo Moyano, predica desde hace cuatro años la necesidad de adecuar las leyes laborales para revertir más del 40% de trabajo no registrado y ahora sigue buscando consenso para que se acepte debatir la “adecuación” de las leyes laborales: tras reunirse con gobernadores del PJ como Raúl Jalil (Catamarca) y Claudio Vidal (Santa Cruz), la semana pasada tuvo un encuentro con el mandatario del PRO Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Hasta la CGT, cuyos dirigentes tenían urticaria cada vez que se hablaba de reforma laboral, pidió especialmente al Gobierno que rebautizara su propuesta como “modernización laboral” y hace dos semanas presentó con mucha timidez una serie de cambios en la legislación laboral en su documento “Agenda para un nuevo contrato social”. Allí figuran una nueva normativa de accidentes de trabajo, una ley del primer empleo con beneficios impositivos a las pequeñas y medianas empresas que contraten personal y un programa nacional de lucha contra el trabajo precario, la informalidad y el trabajo infantil. ¿Alcanza para superar los problemas de trabajo en la Argentina? Probablemente no, pero el hecho de que la CGT proponga debatir la legislación laboral es toda una revolución.

También sería un hecho revolucionario si la dirigencia cegetista no se encarnizara contra los gobiernos no peronistas con oleadas de paros y movilizaciones y fuera tan tolerante como se mostró durante los 4 años de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, a quienes ni le hicieron ninguna medida de fuerza aunque dejaron el poder a fines de 2019 con una inflación acumulada del 1020 por ciento y un 40% de pobreza. Claro que, como contrapartida, también se necesita un poder político que dialogue y negocie. El paro del jueves puede marcar el comienzo de algo distinto. O más de lo de siempre.