Por qué un fallo judicial puede amenazar la integridad del sistema de salud
El área de salud nacional continúa su paso firme frente a una batería de cambios sustanciales. El Gobierno Nacional de Argentina inició modificaciones significativas en el sistema de salud a través del DNU 70/2023, que introduce cambios en la desregulación de las obras sociales y las compañías de medicina prepaga.
El objetivo principal de esta medida, vienen diciendo tajantes desde la cartera sanitaria, es fomentar la competencia en el sector de la salud y proporcionar a los beneficiarios una mayor libertad de elección.
En este contexto, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) se encarga de fiscalizar a los agentes del seguro de salud con el fin de garantizar esta libre competencia en el mercado y la libertad de elección de los beneficiarios. Siguiendo las directrices del ministerio de Salud de la Nación, se está realizando un reordenamiento integral del sistema.
Ahora la SSS ha apelado la resolución del Juez Federal de La Pampa, Juan José Baric, que buscaba suspender provisoriamente la intervención de la Obra Social de los Peones Rurales y Estibadores (OSPRERA), una medida implementada por el Poder Ejecutivo Nacional.
Según detallan, la Superintendencia sostiene que la resolución del juez presenta serias deficiencias. Entre los puntos principales, destacan que la intervención del magistrado carece de imparcialidad, comprometiendo así la objetividad del proceso judicial. Según el organismo, el juez Baric ha mostrado una predisposición clara al emitir opiniones anticipadas sobre el caso.
Otro argumento presentado se refiere a la incompetencia del juez para dictar la medida. Según detallaron, la Superintendencia sostiene que los denunciantes, después de comparar en Santa Rosa, se dirigieron posteriormente a los juzgados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la intención de frenar los efectos de la intervención.
Este hecho desmontaría la legitimidad de la medida adoptada por el juez de La Pampa, según informa la Superintendencia, desde donde argumentan, por otro lado, que el juez ha asumido competencias fuera de su jurisdicción, lo que violaría principios fundamentales del derecho procesal y comprometería la integridad del sistema judicial en el país.
Desde el organismo regulador, según detallaron en un comunicado, consideran que la implementación de la resolución causaría un daño irreparable y, por tanto, no debería ejecutarse hasta que se resuelva la presente apelación. Informan que seguirán trabajando para reordenar el sistema de salud en Argentina, priorizando la libre competencia y la libertad de elección de los beneficiarios.
Transparencia y equidad
Desde el inicio de la actual gestión última, los cambios vienen siendo varios. Se han llevado a cabo auditorías a todas las obras sociales y se ha comenzado a exigir a las prepagas la presentación de documentación obligatoria que antes nunca habían entregado al organismo. Además, se han implementado medidas concretas para eliminar los llamados “sellos de goma” y los “peajes” que subsisten únicamente con los aportes del Estado sin ofrecer prestaciones a los afiliados.
El objetivo de estas acciones es lograr un mercado más transparente, donde exista competencia real y los fondos de los afiliados se utilicen exclusivamente para acceder a prestaciones de calidad
La nueva gestión quiere reflotar a la Superintendencia, tratar de llevarla a que cumpla con sus objetivos, y que el sistema recupere la transparencia, la equidad y competitividad. “El norte es que la gente tenga un verdadero acceso, independientemente de dónde vivan”, graficaron a Infobae en una nota reciente.
El mandato del Poder Ejecutivo es claramente darle al afiliado la capacidad de libertad de elección. “Por eso insistimos tanto en tratar de terminar con los sellos de goma y los intermediarios, ya que el 100% del dinero debe ser asignado a la cobertura de salud”, explican y reconocen desde la Superintendencia.
“El ejemplo de la Superintendencia como organismo de fiscalización fue la cautelar, donde le pusimos un freno a los aumentos abusivos”, señalaban a Infobae. “Estamos trabajando en la competencia, y el equilibrio. Es lo que perdió el sistema en los últimos 15 años, junto a su capacidad de ser equitativo”, agregaron desde la SSS.
Una normativa que ya venía impulsando el Gobierno Nacional establece que las contribuciones al Fondo Solidario de Redistribución serán uniformes para todos los agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud que reciben aportes y contribuciones, imponiendo una tasa fija del 15% para todos. Es decir, obras sociales sindicales, de dirección y prepagas.
La desregulación del sistema de salud trae consigo cambios significativos que permiten a los trabajadores, desde el inicio de su empleo, elegir entre diferentes opciones de cobertura: ya sea una obra social correspondiente a su actividad laboral, una obra social distinta, o un servicio de medicina prepaga.
Infobae informó, de acuerdo a una alta fuente de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que uno de los objetivos clave de esta desregulación es la posibilidad de liberar los copagos y coseguros.
Según la fuente, esto busca “ampliar la oferta en el sistema de salud” mediante la creación de planes más económicos con copagos. Este enfoque está dirigido a segmentos específicos de la población, como los jóvenes que suelen pagar por servicios que no utilizan, permitiéndoles acceder a nuevas opciones más ajustadas a sus necesidades.
