El Gobierno creó el Sistema Integrado de Información Social, una base de datos con la que trabajará Capital Humano
En el marco del proceso de modernización del Estado, el Gobierno nacional creó el Sistema Integrado de Información Social (SIIS), una base de datos con la que trabajará Capital Humano para el desarrollo de nuevas políticas públicas.
A través de la resolución 652/2024 del ministerio a cargo de Sandra Pettovello, se dispuso la creación de este sistema “con el objeto de disponer de un repositorio de bases de datos que permita la integración e interoperabilidad de la información, contribuyendo al diseño de políticas sociales que tiendan al uso eficiente de los recursos del Estado”.
La normativa establece que será el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales el organismo que estará encargado de la custodia y el correcto traspaso de información al SIIS.
Para esto, el Ejecutivo encomendó a todas las secretarías y organismos desconcentrados que se encuentran bajo la órbita de Capital Humano y que cuenten con información propia que contribuya al diseño de políticas públicas sociales, a intercambiar, proveer y mantener actualizadas sus bases de datos mediante el SIIS. De acuerdo con la resolución, los costos de su puesta en funcionamiento serán solventados desde el presupuesto con el que cuenta la cartera.
En el considerando de la norma, el Ejecutivo alega que “entre las competencias del Ministerio de Capital Humano se encuentran la de entender en la organización y operación de un sistema de información social, con indicadores relevantes sobre los grupos poblacionales en situaciones de vulnerabilidad, que permita una adecuada focalización del conjunto de las políticas y programas sociales nacionales y, la de entender en la identificación, registro único de las familias e individuos destinatarios de programas sociales nacionales, monitoreando dichos programas y políticas a través de una evaluación de resultado e impacto de los mismos”.
A su vez, mencionan que el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales fue creado con el objeto “de constituir un ámbito de planificación y coordinación de la política social nacional para mejorar la gestión de gobierno, mediante la formulación de políticas y la definición de cursos de acción coordinados e integrales, optimizando la asignación de los recursos”.
“Atento la necesidad de optimizar los recursos del Estado nacional a los efectos de planificar e implementar políticas públicas sociales efectivas para la población más vulnerable, resulta imperioso integrar la información emanada de las Secretarías, que conforman el Ministerio de Capital Humano en un sistema integrado de información social a implementarse por éste, a través del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, con el objetivo de evaluar y monitorear las políticas públicas sociales vigentes así como planificar y diseñar las que resulten necesarias conforme los resultados que arroje dicho sistema de información”, consideraron.
Estas modificaciones se dan en el marco de un proceso que emprendió el presidente Javier Milei y su equipo al momento de asumir la gestión: la modernización del Estado. Además, otros de los objetivos que se propuso el Ejecutivo fueron auditar la gestión de las políticas sociales y eliminar los intermediarios.
Como resultado, el Ministerio de Capital Humano ya presentó más de 30 denuncias por corrupción contra ex funcionarios de la gestión de Alberto Fernández. Entre los principales investigados figuran el ex presidente; la ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; el líder piquetero Eduardo Belliboni; y el referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico.
Entre los expedientes que tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py se destacan: la Causa de los Seguros, la de los “Comedores Fantasma”, la de las presuntas extorsiones y coacción para asistir a marchas y piquetes, la de los “Guardapolvos Escolares”, la de sobreprecios en la compra de alimentos para sectores más vulnerables, la desaparición de computadoras en el ex Ministerio de Educación, el presunto desvío de fondos a cooperativas ligadas a organizaciones sociales -vinculadas al ex programa Potenciar Trabajo- y el pago de sobresueldos a funcionarios del actual Gobierno a través de la Organización de Estados Iberoamericanos.
