La Reforma Penal, parte de la agenda libertaria para las sesiones extraordinarias
La agenda de seguridad fue, detrás de la económica, la segunda prioridad del Gobierno en campaña y en el Congreso. Aunque se prometió que su tratamiento llegaría en febrero, luego de garantizadas los objetivos presupuestarios y laborales del oficialismo, lo cierto es que todavía no hay ninguna garantía de acompañamientos ni precisiones sobre su contenido para las sesiones extraordinarias.
En concreto, tampoco se oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias, por lo tanto mucho menos el temario que se tratará. En sus rondas con gobernadores, el Ejecutivo reitera el compromiso de aprobar la ley de Presupuesto 2026. Fuera de eso, puede administrar los tiempos legislativos según el humor social (que las reformas de seguridad suelen contentar) o las mayorías parlamentarias, que el oficialismo se siente optimista de alcanzar.
La intención oficialista es que lo presente Patricia Bullrich, que anunció la reforma en campaña junto al presidente Javier Milei y presidirá desde el 10 de diciembre el bloque libertario en el Senado. En Diputados la actual ministra tiene su brazo parlamentario en Laura Rodríguez Machado, quien renovó su banca y podría seguir al frente de la Comisión de Legislación Penal, en donde obtuvieron dictámenes tres proyectos de seguridad en 2025 que deberán volver a ratificarse tras la renovación legislativa: cambios en la concepción de legítima defensa, el agravamiento de penas de delitos cometidos por personas que utilicen una motocicleta y el Régimen Penal Juvenil.
Entre las propuestas anunciadas en campaña, y en conjunto con un proyecto que encasille como organizaciones criminales a las barras ligadas al fútbol argentino, se encuentran:
- Imprescriptibilidad de delitos de gravedad (como abuso sexual, homicidios, trata de personas y narcotráfico).
- Agravamiento de las penas para homicidio simple y los homicidios agravados.
- Penas de prisión para el delito de hurto.
- Mayores condenas a la portación de armas.
- Agravamiento de penas por falso testimonio y cohecho; por omisión de auxilio; y por amenazas.
- Tipificación de nuevas figuras delictivas, como el “stealthing”, la pornovenganza, el secuestro virtual, la violencia organizada, delitos informáticos y la crueldad animal.
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