Ajuste fiscal: se retrasó el pago de salarios en ciertos organismos públicos, como las universidades, por decisión del BCRA

Una decisión del Banco Central generó atrasos en el pago de salarios en varias organizaciones del Estado nacional, entre ellas universidades y hospitales. Según una decisión del organismo que lidera Santiago Bausili “dentro del periodo comprendido entre el 28.10.19 y el 31.1.24 inclusive, se considerará –adicionalmente– como concepto excluido a los fines del cómputo de los límites básicos individuales y globales establecidos en materia de fraccionamiento del riesgo crediticio a las asistencias financieras con destino al pago de haberes del personal “.

Esto fue advertido, entre otros, por la Universidad Nacional de Rosario, que explicó que el retraso en el pago de sus salarios fue producto de una postergación por parte del Banco Nación, que, en realidad, actuó de acuerdo a esta decisión del BCRA.

La UNR indicó que “a partir de una circular del Banco Central de la República Argentina dispuesta por las autoridades nacionales, el Banco de la Nación Argentina informó a nuestra Universidad que no podrá adelantar, desde este mes y hasta nuevo aviso, el pago de haberes, tal como está dispuesto en el convenio entre nuestra institución y la entidad bancaria. Por tanto, informamos que el pago de haberes para agentes que perciben los mismos por Banco Nación se efectuará en el momento en que la Tesorería de la Nación concrete la correspondiente transferencia”.

“Seguiremos realizando en los próximos días todas las gestiones que resulten necesarias para que esta medida que afecta a nuestros trabajadores se revierta. Frente a esta decisión intempestiva de las autoridades nacionales, en el día de la fecha haremos una presentación administrativa ante el Banco de la Nación Argentina y una presentación judicial en el marco del convenio establecido entre las partes, al tiempo que nos reservamos el derecho a revisar dicho convenio que asigna la administración de fondos de nuestra Universidad al Banco de la Nación Argentina”, afirmó.

“Defendemos al Banco Nación como banca pública, pero no vamos a convalidar ninguna decisión que lesione derechos de nuestra comunidad, mucho menos que atente contra el salario de agentes de la UNR”, precisó.

“Lamentamos esta modificación de último momento que afecta a múltiples instituciones públicas y excede la responsabilidad de nuestra institución e informaremos una vez realizada la transferencia del Tesoro Nacional la fecha específica de acreditación de haberes”, indicó la UNR.

En tanto, el Hospital Posadas indicó que “debido a una nueva disposición del Banco de la Nación Argentina que excede al área administrativa del hospital, se demoró unos días el pago de los salarios y ATE advirtió que esta decisión podría afectar a organismos descentralizados del Estado.

Lo que ocurrió es que, hasta ahora, el Central tenía topes más laxos para este financiamiento y también para que las provincias pudieran pagar también sus salarios con recursos de sus bancos provinciales, pero ahora decidió no renovar esta norma que vence mañana. Expertos creen que esta decisión forma parte de las controversias en torno del ajuste por la Ley ómnibus, debido al retiro del ajuste de impuestos como producto del rechazo de los gobernadores.

La semana pasada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que “el BCRA nos informa que quedó fuera de agenda la extensión de la autorización para que las provincias se endeuden con bancos provinciales, mecánica que utilizan muchas veces para hacer frente a necesidades financieras urgentes”, afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa esta mañana en Casa de Gobierno.

A través de la Comunicación “A” 6816, referida al “Financiamiento al sector público no financiero. Adelantos transitorios al sector público no financiero”, el Banco Central informó el 28 de octubre de 2019, inmediatamente después de las elecciones presidenciales de aquel año, que “se considerará –adicionalmente– como concepto excluido a los fines del cómputo de los límites básicos individuales y globales establecidos en materia de fraccionamiento del riesgo crediticio (…) a las asistencias financieras con destino al pago de haberes del personal”.

Esta resolución se fue prorrogando año tras año, la última vez el 19 de enero de 2023 a través de la Comunicación “A” 7674, que vencerá el 31 de enero de este año y no será extendida.

En este aspecto, los límites máximos establecidos a las asistencias otorgadas por las entidades financieras, en este caso los bancos provinciales, a sus respectivos clientes del sector público no financiero se aplicarían con un límite máximo del 10% de la responsabilidad patrimonial computable (RPC) de la entidad prestamista en el caso de cada jurisdicción provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La deuda pública comprende a las obligaciones de pago contraídas por el Estado en cualquiera de sus niveles. De acuerdo al nivel de gobierno se puede clasificar en deuda pública nacional, provincial o municipal. En este sentido, el Estado se endeuda con el objetivo de obtener financiamiento para cubrir sus gastos o para realizar inversiones, y los tipos de deuda se pueden clasificar por tipo de moneda, local o extranjera; según legislación, nacional o externa; según el plazo, a corto, mediano o largo plazo y según el sector, público o privado.

“Más allá de que no vemos razones para que el proyecto de ley bases no se termine transformando en ley, en caso de que eso no ocurra, es seguir con el ajuste de las cuentas públicas, no va a haber otro camino. El ajuste de las cuentas públicas va a incluir el análisis de todas y cada una de las partidas que el Gobierno nacional transfiere a las provincias, en todos los conceptos que se pueda ocurrir”, dijo Adorni.

Y añadió: “La ley es hacer más vulnerable esta transición hacia una Argentina más normal, en crecimiento, que mejore salarios y que mejore el nivel de empleo. En caso de que eso no ocurra, el déficit cero no se negocia. Y dentro de esa no negociación, efectivamente vamos a revisar cada una de las partidas que el Gobierno nacional aporta a las provincias, sin tener ningún tipo de contemplación, a sabiendas de que si no votan la ley, claramente entienden que el ajuste va a ser mayor para todos, no solo para el Gobierno nacional, sino para cada una de las partidas que el Gobierno nacional transfiere a las provincias”.