Diputados: la oposición busca una ley de movilidad jubilatoria e impulsará un dictamen conjunto
Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y la de Previsión Social volverán a reunirse esta semana para avanzar en la intención de la oposición de tener una nueva fórmula de movilidad jubilatoria establecida por ley y eliminar la actual, que es por decreto.
La idea es seguir analizando los cuatro proyectos que ya obtuvieron dictamen, más una nueva iniciativa que presentó María Eugenia Vidal en representación del PRO.
Si bien tanto los sectores dialoguistas como el peronismo coincidieron en la importancia de avanzar lo más rápido posible para poder llevar al recinto un proyecto que mejore las jubilaciones y las pensiones, no lograron llegar a un texto consensuado. No obstante, diferentes actores que participan de las negociaciones reconocieron que las posiciones no son tan lejanas y es probable que se llegue a un dictamen común en el plenario convocado para este miércoles.
“Nosotros vemos crítico que el déficit cero se mantenga para derrumbar el peor impuesto para los pobres, que es la inflación. Ninguno de estos proyectos contempla eso. Ninguno de estos proyectos contempla la fuente de su financiamiento”, planteó el presidente de Presupuesto y Hacienda, el libertario José Luis Espert.
Por eso, el oficialismo busca contener el embate de las otras fuerzas, mientras algunos diputados proponen salidas a la discusión del empalme poco probables, como María Eugenia Vidal y su planteo de pagar a los jubilados el 8% en 12 cuotas.
La Libertad Avanza buscará evitar la discusión en el recinto, pero tiene pocas chances de que eso suceda ya que los bloques opositores buscarán un punto en común entre cada uno de los dictámenes.
El dictamen de la UCR y Hacemos Coalición Federal propone garantizar un haber mínimo en base a la canasta básica del adulto mayor (que rondaría los $250.000) y una actualización mensual en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, los dialoguistas proponen aumentar la compensación -o “empalme”- con un 8,1% adicional, dado que el DNU otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero (mes que queda fuera de la actualización por IPC).
A su vez, se incluyó de forma anual (en marzo) un adicional del 30% de la variación entre el RIPTE (promedio de los salarios) y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. Así, el IPC no se convertirá en un un techo para los haberes.
Por su parte, el PRO presentó en el último día de la comisión de Previsión Social un nuevo proyecto bastante similar al de UCR/HCF que también contempla una actualización por IPC y un adicional anual del 30% de la variación entre el RIPTE y el IPC. La principal diferencia fue la propuesta de pagar la compensación del 8% en 12 cuotas mensuales.
En tanto, Unión por la Patria propone incluir en el mínimo el bono de $70.000, con lo cual el piso mínimo rondaría los $241.000. No obstante, la principal diferencia gira en torno a la fórmula previsional: el peronismo propone rehabilitar la fórmula del gobierno de Alberto Fernández que combinaba la recaudación y los salarios. Sin embargo, como esa fórmula demostró perjudicar a los jubilados en contextos de alta inflación, incluirá un piso en base al IPC, una suerte de cláusula gatillo.
En concreto, los haberes se actualizarán todos los meses por IPC “a cuenta” de la fórmula del gobierno anterior. Entonces cada tres meses se hará un corte para determinar si la actualización por inflación supera o es menor a la que hubiera dado la fórmula. Si es menor, se compensará la diferencia. Además, una compensación inicial del 30% por la inflación de enero y de diciembre.
