Registros del Automotor: tras el anuncio del Gobierno, los encargados amenazan con un “lockout”
El mundo de los Registros del Automotor está en pie de guerra. El cierre de 136 registros, anunciado hoy a través del Boletín Oficial, potenció un conflicto que arrancó con el comienzo de este Gobierno. Este viernes, los encargados de los registros realizarán una asamblea extraordinaria en la ciudad de Buenos Aires para definir los pasos a seguir. Un grupo, por ahora minoritario, plantea ir a un lockout, es decir, una suerte de paro encubierto que pondría en crisis a todo el sistema. Otros plantean seguir negociando para lograr un aumento de sus ingresos.
“El anuncio de hoy es parte de un relato. En realidad lo que cerraron son registros que estaban intervenidos. No cambia nada. El sistema sigue reclamando aumentos de sus ingresos”, dice un interventor que no está alineado a la conducción oficial del gremio.
Efectivamente, hay decenas de registros que no tienen encargado titular y funcionan con un interventor, financiado por la Dirección Nacional del Registro Automotor (DNRPA). Por eso, se apuntó al cierre de algunos de esos registros. “La medida propuesta obedece en principio a la necesidad de reorganizar la estructura de los Registros Seccionales en razón de que existen distintas jurisdicciones territoriales en las que, existiendo Encargados Titulares de Registros Seccionales en sus distintas competencias, al mismo tiempo esos funcionarios revisten el carácter de Interventor de uno o dos de los Registros Seccionales de las restantes competencias”, indica la resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
En el sistema aseguran que la elección de los registros cerrados fue a dedo. “En la ciudad de Santiago del Estero sigue funcionando el Registro 3, intervenido hace varios años”, se quejó un empleado de esa provincia. Por ese lugar pasó la senadora Claudia Ledesma Abdala, un contador cercano al zamorismo que ahora tiene un registro en La Banda, y ahora estaba en manos de Alejandro Xazbec, casado con una prima de Abdala.
Además de los cierres, el Gobierno frenó la apertura de otros 12 registros. “En total son 148 entre cierre, fusión con otra seccional, y baja de los que no se abrieron”, explicó un funcionario.
Hasta ahora había 1554 registros en todo el país. Alrededor del 40% está en manos de interventores. La gran mayoría son abogados, contadores o escribanos que deben cumplir una serie de requisitos para acceder a un registro, y hay un porcentaje menor de empleados de la Dirección Nacional que cobran un plus del sueldo y viáticos para viajar al interior.
El anuncio del cierre de 136 registros no alcanzó para frenar el conflicto con los registros, que reclaman una suba de los formularios que se pagan en esas oficinas y de los ingresos que perciben los encargados.
Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, el gremio de los encargados (AAERPA) comenzó a reclamar por aumentos. La promesa oficial había sido “aguantar 90 días”. En abril, se otorgaron subas pero la medida duró menos de 24 horas. A partir de ese momento la negociación quedó empantanada.
En medio de este conflicto, este viernes se realizará una asamblea extraordinaria del gremio de los registros. “La idea es juntarnos y generar modificaciones estatutarias en los futuros juicios”, dicen desde la conducción. Pero hay un grupo minoritario que plantea medidas extremas como el cierre de los registros, renuncias masivas, y hasta una retención de los fondos que van al Ministerio de Justicia. “No están en el orden del día pero son medidas que se pueden votar”, admitió una fuente de AAERPA.
La asamblea fue impulsada por ese grupo minoritario, que pretendía que se puedan sumar interventores del interior del país a través de una videoconferencia. Finalmente, se decidió que sea presencial. Sin embargo, ya prometieron su presencia más de 300 interventores. “Aunque se vote una medida extrema como un cese o un lock out, la asociación no puede obligar a los interventores, cada uno decidirá qué medida toma”, advierten fuentes del gremio.
Las aguas dentro del gremio están divididas. “Los que entraron con Menem, Alfonsin, y durante el kirchnerismo están en modo ‘negociemos’. Los que entraron en el gobierno de Cambiemos y en la gestión de Alberto Fernández, que tienen menos indemnizaciones, costos y posibilidad de rearmar su vida fuera del registro, son los que quieren tomar medidas extremas”, graficó una fuente que conoce la interna de la entidad.
El anuncio de hoy es solo la primera parte del plan oficial. En mayo, el Gobierno anunció que cerrará el 40% de los registros del automotor. Antes ya había lanzado una auditoría de 141 registros que ya estaban intervenidos. En ese listado hay 42 registros de la provincia de Buenos Aires, 13 de la Ciudad de Buenos Aires, 10 de Córdoba, 10 de Entre Ríos, 6 de Chaco, entre otros.
En el fondo, la discusión sigue siendo cómo se financia el sistema. Los titulares de los registros reclaman un aumento de los formularios, que están congelados desde enero de este año. También plantean una actualización de sus ingresos, frenados desde octubre del año pasado. Técnicamente se los conoce como “emolumentos”.
El debate sobre el financiamiento implica un debate más profundo sobre los fondos del Ente Cooperador ACARA, una millonaria caja que nadie controla ni se anima a tocar.
“Nos prometieron un aumento en las últimas reuniones. Hasta ahora solo hubo anuncios de cierres”, reclaman en AEERPA, la entidad que preside Alejandro Germano. Y agregan: “Más allá de la pérdida que todos los Registros vienen sufriendo desde hace meses, con estas nuevas medidas se profundizará el deterioro de la actividad y la prestación del servicio. En definitiva hablamos de menor seguridad jurídica a la hora de comprar o vender un automóvil, con todas las consecuencias que eso conlleva”.
