Cómo variaron los impulsores de la inflación en el presente respecto de los dos gobiernos previos

Cada vez que la Argentina ingresó en un período de alta inflación, en particular en los últimos 40 años -con excepción de mediados de 1991 a fin de 2001- los consultores privados se ocupan de estimar la variación semanal de los precios, como ocurre en la actualidad, de modo de poder predecir si se está frente un proceso de aceleración o de desinflación, y en particular cuáles son los motores de esos movimientos: los bienes, servicios, estacionales, regulados o la núcleo o core que no están afectados por fenómenos puntuales o la discrecionalidad de la política económica.

Lamentablemente, las estadísticas oficiales de precios en la Argentina se caracterizan por la falta de continuidad y cambios metodológicos constantes por parte del Indec, sin un empalme adecuado, que permita hacer un análisis de largo plazo para detectar los cambios en los “precios relativos”, como definen los economistas a las diferentes variaciones de los valores de los productos transables con el resto del mundo (Bienes en la síntesis que mes a mes publica el Indec) y los no transables (Servicios), así como entre los que están regulados, los libres o núcleo y estacionales (en los tres casos comprende a bienes y servicios).

Así, la última serie oficial ininterrumpida comienza en diciembre 2016, luego de que se cortara en el gobierno de Cambiemos en enero 2014 para revisar los datos que informaba el Indec, porque marcaban una singular subestimación respecto del consenso de las mediciones privadas, aunque esa brecha se había iniciado en enero 2007 entre el “intervenido” índice oficial y la realidad.

Y, por tanto, con el auxilio de la bautizada “Inflación Congreso” que surgió en diciembre 2013, cuando un conjunto de legisladores opositores al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, encabezados por Patricia Bullrich (actual ministra de Seguridad de la Nación); Federico Sturzenegger (flamante ministro de Transformación y Reforma del Estado) y Marco Lavagna (actual director del Indec), entre muchos otros, comenzaron a presentar en la Cámara de Diputados la variación de un índice basado en el promedio de estimaciones de ocho consultoras privadas, se pudo “empalmar” las series, pero únicamente en el nivel general.

De ahí que para conocer las variaciones en los “drivers” de la inflación, no ya determinados por el efecto de las políticas fiscal, monetaria, cambiaria, ni de las expectativas de los agentes económicos, sino entre los bienes y servicios, y dentro de ellos entre los regulados por la Administración Central, la estacionalidad de los productos frescos y del consumo de algunos servicios -turismo, educación, e incluso de bienes en las festividades de fin de año, el Día del Padre y de la Madre-, entre muchas otras, y la núcleo o core, que no está afectada por las dos características anteriores.

Así, en los últimos 35 meses del gobierno de Mauricio Macri, con Cambiemos, cuando ya se había salido del cepo cambiario, empezado la desregulación de precios, aunque sobre el final acudió al control de cambios para detener la salida de divisas, los aumentos de precios estuvieron liderados por los Bienes con 177,1%, casi 10 puntos más que el agregado de los Servicios; y con amplia brecha entre los regulados que subieron 201,6% -por la clara política de liberar a los sectores controlados-, y la inflación núcleo que con 170,4% se ubicó apenas 2,9 pp por debajo del promedio general, y más atrás los estacionales con 139,6 por ciento.

En tanto en los 48 meses de presidencia de Alberto Fernández, por el Frente de Todos, se notó el sesgó a “pisar” las tarifas de las empresas públicas como estrategia para contener la suba del Índice General de Precios, al punto que los Servicios se encarecieron 700,9%, casi 340 pp menos que el conjunto de los Bienes; y 230 pp por debajo del salto del IPC. Y a diferencia del gobierno anterior, sobresalió el incremento de los estacionales con 1.315,9%, seguido por la núcleo 999,9%; y los regulados, contenidos, 573,9 por ciento.

Por el contrario, al cabo de los primeros siete meses de la administración de Javier Milei, con La Libertad Avanza, se destaca la suba de los Servicios con 144,6% por sobre los Bienes 119,2%, por la decidida estrategia de soltarle las ataduras heredadas, no sólo a la amplia franja de las tarifas de los públicos, sino también de los privados. Ese efecto se reflejó en la distancia entre el salto en el período de 190,8% de los regulados, en comparación con 116,5% la núcleo y 100,8% los estacionales.

En perspectiva, el Gobierno enfrenta el desafío de consolidar la desinflación que se observó desde enero 2024, tras el fuerte impacto alcista de los precios en diciembre que provocaron el sinceramiento cambiario y la liberación e inicio de desregulación de los sectores fuertemente regulados, apoyada en sendas políticas fiscal y monetaria contractivas en un primer momento y restrictivas después, por las presiones y demandas que recibe de diversos sectores, y en particular de economistas, para revertir el atraso cambiario que registra el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral que elaborara el BCRA.

Cabe notar que respecto al día previo al de asunción a la presidencia Javier Milei el dólar para el exportador agropecuario subió 158%, unos 23 pp más que el Índice General de Precios al Consumidor del Indec.

Condición fuerte

Según había demostrado Roberto Frenkel, uno de los ideólogos del Plan Austral de 1985 y unos de los economistas que más ha estudiado los procesos de alta inflación, sobre la base no sólo de las enseñanzas de los grandes economistas, sino también de modelos econométricos (estadística aplicada a la economía), “si el mercado no cree en las metas del Banco Central o del Gobierno, el proceso de desinflación termina mal, por pérdida de competitividad”.

Si el mercado no cree en las metas del Banco Central o del Gobierno, el proceso de desinflación termina mal, por pérdida de competitividad (Frenkel en 2017)

Y también alertaba en el pasado sobre el riesgo de pretender “desinflar” la economía con el uso de la tasa de interés como principal herramienta de política antiinflacionaria, como alientan últimamente muchos economistas el regreso a tasas de interés reales positivas para desalentar la demanda de dólares y no cambiar las expectativas y objetivos del Gobierno de bajar la inflación en forma sostenida, porque “sólo ha mostrado ser efectiva en economías que previamente habían logrado bajar el ritmo de alza de los precios al consumidor a una tasa de un dígito porcentual, principalmente inferior a 6% o 7% anual”.

Hasta ahora, el Gobierno se ha mostrado decidido a no dar cabida a esos reclamos, al reafirmar tanto la política de crawling-peg a ritmo de 2% por mes, como de sostener la tasa de interés de referencia de política monetaria del BCRA en 40% anual, dada su expectativa de que el conjunto de los precios relativos tenderá más rápido que tarde a esos parámetros.

Para eso, destacan a menudo fuentes del Gobierno que la inflación núcleo se mantiene no sólo por debajo del promedio general, sino que en contraste con lo observado en los primeros 7 meses de la presidencia de Alberto Fernández cuando ese subíndice se ubicaba 0,73 puntos porcentuales de la suba del IPC, ahora lo hace 9,04 pp por debajo.

Además, resaltan que mientras entonces el aumento de los precios regulados, principalmente tarifas que se utilizaba como “ancla” de la inflación había sido de 7,8 pp menos que la media general, ahora, con la quita de subsidios y la liberación en la mayor parte de los sectores, ese componente superó en caso 65 pp al total.

De ahí que el propio presidente Milei se muestra convencido que todas las variables nominales tenderán a converger al 2% del ritmo de devaluación, y no al de la inflación proyectada por el consenso de los analistas que informan al Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA, de más de 4% por mes en lo que resta del año.