El subsidio al transporte público reabrió un foco de conflicto entre el Gobierno y los municipios más grandes del país

La distribución de subsidios al transporte en el AMBA y el resto del país reabrió uno de los focos de conflicto que tuvo el gobierno nacional y los gobiernos provinciales en el inicio del año. Una discusión que tiene, en primera fila, a los principales municipios del interior del país y a la secretaria de Transporte, que conduce Franco Mogetta. Los verdaderos protagonistas del duelo político por las tarifas.

Esta mañana se anunció que el precio del boleto mínimo en el AMBA llegará a los $370. La noticia se conoció mientras, en paralelo, se abría una discusión a partir de fuertes trascendidos sobre la aplicación de un nuevo subsidio del Gobierno al pasaje de colectivo en el AMBA. La información viajó con rapidez por las provincias y generó una reacción casi inmediata de la Liga de Intendentes del interior, donde se concentran los municipios más grande de la Argentina. El malestar, que ya existía y estaba adormecido, explotó y se expandió.

“Nuevamente, el Estado Nacional decide incrementar los subsidios al transporte del AMBA, mientras continúa con fondos cero para el resto del país”, indicaron en un comunicado.

“Los subsidios incrementados hoy, los pagamos todos los argentinos, pero el beneficio es solo para una región. Esta decisión profundiza la real brecha que tiene nuestro país: ciudadanos de primera en el AMBA, ciudadanos de categoría inferior en el Interior. El interior argentino hace años que solo recibe discriminación y desatención evidente. Se acentúa la desigualdad”, fue el duro mensaje firmado por 23 jefes comunales.

El comunicado fue acompañado por Pablo Javkin (Rosario), Daniel Passerini (Córdoba), Guillermo Montenegro (Mar del Plata), Mariano Gaido (Neuquén), Luciano Di Napoli (Santa Rosa), Armando Molina (La Rioja), Norma Fuentes (Santiago del Estero), Francisco Azcue (Concordia), Marcos Castro (Viedma), Gustavo Saadi (Catamarca), Rodrigo Buteler (Cipolletti) y Eduardo Tassano (Corrientes), entre otros.

La Liga agrupa a intendentes de todos los colores políticos. Desde La Cámpora hasta la UCR, desde los partidos provinciales hasta el PRO y el peronismo. El reclamo es unificado y fue el punto de inicio para la conformación del grupo político, que esta destinado, exclusivamente, a discutir temas que son de gestión. Si bien la diferencia en los subsidios es un tema histórico que marca una diferencia entre el interior y el AMBA, durante este gobierno, con el plan de ajuste fiscal implementado por Javier Milei, la situación se agravó.

El enojo fue visibilizado rápidamente por algunos intendentes que salieron a expresarlo públicamente. Fue el caso de Passerini y Javkin. “El gobierno nacional hace populismo para los porteños y ortodoxia fiscal para los del interior”, sentenció el cordobés. “El colmo de este país es que un ciudadano que carga nafta en Formosa, Mendoza o Tucumán, le paga el transporte al tipo que vive en la zona más cara y más rica de la Argentina. No podemos tolerar más eso”, indicó el rosarino.

Lo más extraño del conflicto fue la explicación del Gobierno. Dos días después de que empezara a circular la información del aumento de subsidio y tomara estado público el enojo de algunos intendentes, Mogetta, dijo en Cadena 3 que estaban “sorprendidos” porque “no se había tomado ninguna decisión”.

“Que funcionarios del nivel de un intendente hagan declaraciones simplemente por trascendidos periodísticos, dando por sentado un hecho que no existe…No hemos dictado ninguna resolución disponiendo aumentos de subsidios para Amba”, expresó, visiblemente molesto. Sin embargo, adelantó algo que sucedió esta mañana: “Vamos a comunicar una actualización de tarifa en el AMBA. Siempre de manera gradual y responsable, con el proceso de eficientización que hemos arrancado en el Gobierno”.

Mogetta defendió la gestión libertaria respecto a la política de transporte. “Desde que llegamos a la Secretaría de Transporte hemos incrementado el pasaje del AMBA como no se hizo en los últimos 20 años. Hemos logrado el descongelamiento inmediatamente al asumir y luego dimos el salto grande, y hemos equiparado las tarifas que se pagaban en el interior del país”, explicó.

Más allá de los idas y vueltas, el Gobierno tiene un foco de conflicto abierto con los subsidios al transporte y la diferencia que hay entre los pasajes de colectivo del interior y los del AMBA. Es un tema que no está resuelto y que genera un fuerte malestar en los municipios más grandes del país, y en varias provincias. Sobre todo después de la quita del Fondo Compensador al Transporte por parte de la Casa Rosada, que fue eliminado a comienzo de este año.

El reclamo de los intendentes – incluso el comunicado emitido en las últimas horas – tiene el apoyo de los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), dos de los mandatarios más comprometidos con el tema, que tienen una relación zigzagueante con la gestión libertaria, más allá de que el respaldo a la Ley Bases bajó el nivel de tensión que supo haber en el vínculo con el Gobierno.

Los intendentes que componen la Liga tienen intenciones de viajar a Buenos Aires la próxima semana para volver a poner el tema sobre la mesa del Secretario de Transporte. Esté o no concretada la medida, el fastidio y el enojo están activos en el interior del país. Y el tema forma parte de las agendas de los municipios porque, en muchos de ellos, deben poner plata de las arcas locales para que el pasaje no se vuelva impagable para los ciudadanos.

En Rosario, por ejemplo, el estudio de costos hecho por el municipio arrojó que el boleto debería salir $1355. Actualmente el costo es de $940. ¿Quién pone la diferencia? La municipalidad. ¿El motivo? Un aumento fuerte en el pasaje impactaría de lleno en la economía de las familias y los trabajadores, ya que es un gasto diario e imposible de evitar.

Lo mismo en la ciudad de Córdoba, donde la Federación Empresaria del Transporte Automotor de Pasajeros (FETAP) estima que el pasaje debe estar a $1700 y, actualmente, el monto que pagan los cordobeses es $700. Los $1000 son puestos por el estado municipal.

En el comunicado los intendentes le pidieron a los gobernadores y legisladores nacionales que acompañen el reclamo por lo que consideraron como una “injusticia y discriminación reiterada”, por parte del gobierno nacional. El mensaje fue contundente: “El interior debe estar unido más allá del origen partidario, cuidando siempre a nuestra gente. El silencio solo implicaría estar de acuerdo con este perjuicio a los habitantes de nuestras provincias”.

El conflicto de fondo sigue vigente y las acusaciones subieron el tono. Y, si no hay una resolución en el corto plazo, la tensión se acrecentará.