Empresarios en alerta: el Gobierno avanza con la reglamentación del RIGI, pero la letra chica no deja conforme a los industriales

La última reunión fue el jueves de la semana pasada en Jefatura de Gabinete. ¿El motivo? Dialogar sobre los avances en la reglamentación del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Participaron el secretario de Comercio, Pablo Lavigne; funcionarios del área que dirige Guillermo Francos y, del lado empresario, el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, y el titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), Elio del Re, además de técnicos de la central fabril. De ese encuentro, los empresarios salieron optimistas. Tras varios idas y vueltas con papers y propuestas para acercarle al Gobierno, se retiraron de la reunión con la sensación de que las autoridades considerarían los pedidos y avanzarían por ese lado. Sin embargo, el texto, que está casi terminado, por ahora no contempla los principales pedidos de los industriales

¿Cuál era ese reclamo y por qué preocupa a los industriales que no salga así?

En uno de los incisos del artículo 174, la Ley se refiere al plan de desarrollo de proveedores locales de los proyectos adheridos al RIGI y dice puntualmente que “deberá contener un compromiso de contratación de proveedores locales respecto de bienes y/u obras para el desarrollo del proyecto equivalente como mínimo al veinte por ciento (20%) de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores correspondiente al proyecto”. Acto seguido, aclara, “siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”.

Los metalúrgicos creen que si no hay exigencias específicas, las grandes firmas ingresarán los insumos y hasta las máquinas del exterior, que estarán exentos de pagar aranceles

Este ha sido uno de los puntos centrales del cuestionamiento industrial, ya que ese 20% puede ser cubierto –argumentan los empresarios– con obras exclusivamente. Y se entiende, afirman en la UIA, que las obras siempre se contratan en el país. Es por eso que desde que fue sancionada la ley, el principal lobby industrial apuntó a lograr que se discrimine ese 20% entre obras y bienes, es decir, que se especifique en la reglamentación que del total de de bienes de capital que esa empresa adherida al RIGI comprará, que el 20% sea nacional. Es un interés especialmente de la industria metalúrgica, que produce máquinas y que podría verse afectada si un mega proyecto de inversión compra todo en el exterior y cumple con la Ley haciendo las obras localmente.

Ese artículo del decreto reglamentario aún no está redactado, pero “en principio no se discriminaría entre obras y bienes”, confirmó a Infobae un alto funcionario.

“Es difícil ir contra el espíritu de la Ley porque ahí no dice que el 20% tiene que ser para bienes de capital. No se puede avanzar con algo restrictivo; son empresas que aportarán miles de millones de dólares y podrían ir a la Justicia por algo así. Además, no sirve imponer esa limitación. La industria local no tiene la capacidad tampoco de abastecer el 20% de proyectos tan ambiciosos”, explicó la fuente.

Un punto a favor que podría favorecer a los industriales es que ese porcentaje, si no se avanza con la discriminación por rubro, aplicaría por toda la vida útil del proyecto, y la incidencia de las obras es más bien al principio. De todos modos, también es verdad que las máquinas suelen comprarse al inicio de las iniciativas.

Desde el Gobierno también sostienen que se buscará fomentar el desarrollo de proveedores y acercar empresas a estos ambiciosos proyectos, aunque los industriales metalúrgicos creen que si no hay exigencias específicas, las grandes firmas ingresarán los insumos y hasta las máquinas del exterior, que, por otro lado estarán exentos de pagar aranceles. También lo estarán las firmas locales que abastezcan a un proyecto RIGI e importen materias primas para la producción.

“En principio no se discriminaría entre obras y bienes”, confirmó a Infobae un alto funcionario

Al respecto, otra fuente oficial afirmó: “La reglamentación va a tener una mirada más general y lo que está ahora por definirse es si se discriminará bienes de obras o no. Es decir, que bienes se compare con bienes o si va a ser un mismo denominador, es decir, el 20% sobre el total de compras, sean bienes u obras”. De todos modos, tal como remarcó otra fuente, lo más probable es que se avance con la segunda opción.

Desde la UIA, en tanto, plantearon que la preocupación es que ese 20% sea cubierto solo con obras y que no se considere el aporte local de cosas que son naturalmente locales, como el movimiento de suelo. “Que el objetivo tenga un criterio de agregación de valor local y no que puedan comprarle a un importador local, por ejemplo”, dijeron en la entidad.

Además, los industriales pidieron que se considere una regla de origen similar a la de Mercosur, que establece cuál es el contenido local que deben tener los productos.