Los fondos para el pago de jubilaciones y pensiones tuvieron una caída real del 22% en lo que va del año
La aprobación en el Senado del proyecto de mejora jubilatoria promovido por la oposición, que el presidente Javier Milei ya confirmó que vetará, puso nuevamente en el centro de la escena el volumen del gasto que le demanda al Estado el pago de jubilaciones y pensiones contributivas. El hecho de que sea la principal de las erogaciones corrientes de la Administración Pública Nacional, explica que el Gobierno haya contenido ese gasto para cumplir con el objetivo de déficit cero.
Si el ya anunciado “veto total” presidencial no es revertido con los dos tercios en ambas cámaras, la nueva fórmula sancionada por el Congreso implicaría “un 1,2% extra más del PBI o lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos”, según reiteró el jueves por la noche Milei en un comunicado oficial. El mandatario calificó al proyecto como “un acto de demagogia populista y una irresponsabilidad fiscal”, al justificar su veto. “Mientras acusan a este Gobierno de licuar a los jubilados, desde enero las jubilaciones han aumentado un 5% en términos reales mientras bajamos el gasto y destruimos la inflación”, indicaron desde la Casa Rosada al referirse al sistema de actualización previsional que impuso por decreto el Ejecutivo.
En los primeros siete meses de 2024, bajo la gestión de La Libertad Avanza, los fondos destinados al pago de haberes de 7,2 millones de jubilados y pensionados sufrieron una caída real del 22,1% respecto del mismo período de 2023. Mientras que de enero a julio de este año, esa partida fue de $17,4 billones, el año pasado ese gasto le implicó al Estado $22,7 billones a valores constantes, o sea ajustados por la inflación acumulada a julio último. Así surge del informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre la ejecución presupuestaria, publicado en agosto y analizado por Infobae.
El proyecto de movilidad jubilatoria aprobado por el Senado establece una actualización mensual en base al último Índice de Precios al Consumidor (IPC), como el decreto vigente dictado por el Ejecutivo en marzo, pero contempla una compensación extra del 8,1%, por el 20,6% de inflación de enero, retroactivo desde febrero. También prevé que la jubilación mínima sea equivalente a 1,09 de la canasta básica porque su actualización se efectiviza con posterioridad al pago de los haberes. Contempla, además, un adicional anual del 50% de la variación entre el RIPTE —promedio de los salarios— y el IPC para habilitar la posibilidad de mejora en las jubilaciones en contextos de crecimiento económico, y que la inflación no sea un techo.
La ley de movilidad jubilatoria sancionada el jueves con los dos tercios de ambas cámaras, obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, gracias a un acuerdo entre el bloque de Unión por la Patria y la Unión Cívica Radical (UCR), que se repitió en la Cámara alta, donde además contó con el acompañamiento del PRO y miembros de los bloques provinciales.
“Esto atenta contra el plan del Gobierno, contra lo que votaron los argentinos, y no es más que pura demagogia populista. El equilibrio fiscal no está en discusión, no se discute. Después, si el camino va a ser judicializarla, porque claramente es ilegal en virtud de que no cumple con la ley de administración financiera, o si se van a recortar otras partidas, todo está en análisis y todo es posible”, señaló el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su conferencia del viernes.
Si se pone la lupa sobre la ejecución, los fondos girados para jubilaciones también estuvieron debajo del nivel del año pasado. De la partida vigente en el Presupuesto 2024 para el pago de haberes -$36,15 billones-, se ejecutó el 48,1% al 31 de julio. Un año atrás, para la misma fecha, se había desembolsado el 56% del presupuesto previsto para haberes y pensiones en el año.
La ejecución del gasto en jubilaciones en lo que va de 2024 es también inferior a la ejecución presupuestaria de los gastos corrientes totales de la Administración Pública Nacional, que fue del 49,7% al cierre del mes pasado.
Qué pasó en julio y meses anteriores
En julio, la partida para jubilaciones fue de $2,9 billones, un 13,8% inferior respecto del mismo mes de 2023. Sin embargo, estuvo por debajo de la caída del 22,1% registrada en términos reales en el acumulado de los siete meses del año, según el informe de la OPC.
De hecho, del análisis que hizo Infobae de los meses anteriores de 2024, esa reducción del 13,8% fue la menor caída desde enero. El peor mes fue febrero, con un derrumbe de casi el 34% en el monto asignado al pago de jubilaciones y pensiones respecto a la partida ejecutada el año anterior.
El primer trimestre de este año fue el período más crítico del ajuste implementado por Milei en el gasto jubilatorio. Con reducciones por encima de los 30 puntos, los haberes se convirtieron en una de las principales variables del ajuste llevado a cabo por su gestión.
Ese período coincide con los meses en los que todavía regía la fórmula de movilidad jubilatoria impuesta por la gestión de Alberto Fernández, que tomaba variación de salarios y recursos de la ANSES del trimestre anterior, mientras que la inflación entre enero y marzo acumuló 51,6%.
Esa fórmula rigió hasta julio pasado, según dispuso el decreto 274/24 dictado por Milei en marzo. El mes pasado, los jubilados y pensionados de la Anses recibieron un incremento en sus haberes del 4,18%, producto de la actualización que desde ese mes empezó a regir para los titulares del sistema previsional argentino y que toma como referencia el último índice de inflación del mes difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Con la fórmula jubilatoria dispuesta por la gestión libertaria y vigente hoy -hasta que se resuelva la disputa entre Milei y la oposición en el Congreso que amenaza con insistir con los dos tercios del proyecto aprobado el jueves- los reajustes son mensuales por inflación, en lugar de trimestrales como regía con la suspendida ley de movilidad previsional de la gestión anterior.
Incidencia en el gasto total
La partida que el Estado destina a haberes previsionales y pensiones contributivas (por fallecimiento del cónyuge titular de los aportes) es el principal gasto presupuestario: tiene una incidencia de 7,7 puntos porcentuales respecto de los gastos totales de la Administración Pública Nacional que ascienden a $45,68 billones, en el acumulado a julio. Así se desprende del trabajo de la OPC que considera los gastos devengados al mes pasado.
“Como consecuencia de la actualización de haberes por debajo de la inflación, parcialmente compensada por la aplicación de bonos otorgados a los jubilados y pensionados de menores ingresos, el poder de compra promedio de siete meses de 2024 respecto de igual período de 2023 tuvo una caída real de 29,2%” en la comparación año contra año, señala el informe de la OPC en su análisis de la ejecución presupuestaria. Esta pérdida fue un poco menor en los haberes mínimos (con bonos) que sufrieron una baja del 18,5%.
No obstante, a partir de la implementación del nuevo esquema de movilidad que dispuso Milei, sumado a la desaceleración de la inflación, en julio los haberes jubilatorios superiores a la mínima mostraron una recuperación de 9,2% en términos reales respecto a diciembre de 2023, se advierte en el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
En cuanto a los haberes mínimos (con bonos), cayeron 4,9% real respecto a diciembre, ya que los bonos se mantienen sin aumentos en $70.000 desde marzo. En julio, la jubilación mínima fue de $215.580.
Ingresos de la Seguridad Social
En los siete primeros meses del año, la recaudación en materia de Seguridad Social también tuvo una merma que fue del 16,4% contra el mismo período del año pasado. Sumó $13,03 billones. Se explica por la caída del empleo registrado que comenzó en septiembre del 2023, tuvo un pico en enero de este año y comenzó a desacelerarse hacia mitad de año, aunque con números negativos hasta, al menos, mayo.
Según el último Panorama mensual del trabajo registrado, que publicó este mes la Secretaría de Trabajo, entre septiembre de 2023 y mayo de 2024, se desvincularon 156.000 mil trabajadores del empleo asalariado privado.
Esta caída en la recaudación de aportes de la seguridad social tuvo una incidencia del -5,3% en la caída general de la recaudación total (-2,7%) y se constituyó en la más importante, proporcionalmente, en términos reales, si se consideran también los ingresos impositivos. Estos dos ítems – Seguridad Social e Impuestos – sumaron en conjunto casi $47 billones en los siete meses del año.
En julio, los ingresos del Sistema de Seguridad Social le aportaron al Tesoro $2,88 billones. Esta cifra representa una caída del 9,1% en la variación interanual, a valores reales. Sin embargo, el informe de la OPC destaca que fue la menor contracción desde noviembre de 2023, lo que indica que viene produciéndose una recuperación, aunque aún muy leve.
Visualización de datos: Daniela Czibener
Carga y chequeo de datos: Desiré Santander
