El Gobierno enfrenta una semana difícil en el Congreso y vuelven a aparecer los cortocircuitos con el PRO

El Gobierno enfrenta días de negociaciones clave en el Congreso, que podrían derivar en una nueva tormenta perfecta. Está en juego el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, que aún no se concretó pero saldría publicado el jueves, y el Gobierno necesita del apoyo de PRO para blindarlo. Mientras tanto, se gesta con fuerza la marcha de la izquierda y estudiantil, anunciada, justamente, para repudiar esa medida. Y acompaña el cocktail la amenaza de un paro general de los gremios del transporte por la respuesta del Ejecutivo al conflicto en Aerolíneas Argentinas. De fondo, sigue el debate por el Presupuesto, que ya se inició en comisiones.

Las negociaciones están a cargo de Guillermo Francos y su segundo, Lisandro Catalán, que coordinan al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y al jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni. Pero el asesor Santiago Caputo, que se corrió para evitar más roces con el coordinador de los ministerios, mantiene, por vías subterráneas, los contactos con su amigo y ex compañero universitario, el líder radical Emiliano Yacobitti, y con algunos actores de PRO.

En esas filas hay cierta cuota de malestar, por distintos motivos. Están convencidos de que ya empezaron las negociaciones con los radicales por el presupuesto universitario. Y piden respuestas sobre las negociaciones “blue” con los radicales por el financiamiento universitario. “Todavía no decidimos qué postura vamos a adoptar. Necesitamos si ya empezó el proceso”, dijeron. En resumen, están dispuestos a acompañar al Gobierno, pero no quieren quedar pegados a una derrota ni ayudar a ciegas. En Balcarce 50, como toda respuesta, estiran las definiciones. “Se entiende, no quieren quedar pagados”, se limitaron a responder a los reclamos cerca del Presidente.

El oficialismo inició el rally de negociaciones, también, por otro cortocircuito con los aliados, que se vieron decepcionados cuando el oficialismo decidió dar marcha atrás, ayer, con la ley de democratización sindical. Una la iniciativa que impulsa el radical Martín Tetaz en Diputados, y que supuestamente contaba con el apoyo de los libertarios.

La reunión de la comisión de Legislación del Trabajo ya se había postergado, desde la semana pasada. Y ayer volvió a suspenderse. Luego se conoció que La Libertad Avanza no firmaría el dictamen. Y los socios de PRO se convencieron de que Francos había llegado a un acuerdo con el bancario Sergio Palazzo, aliado del kirchnerismo, y con el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, con quien tiene diálogo fluido desde el inicio del Gobierno. En la Casa Rosada no hicieron comentarios al respecto.

Cerca de Mauricio Macri, que supervisa todo el proceso, relacionaron directamente la decisión de ceder a los reclamos sindicales con la merma en el índice de confianza en el Gobierno que se registraron la semana pasada. “Tienen demasiados frentes de conflicto abiertos. Necesitaban parar alguno. Pero no nos consultaron nada. Está bien, pero que después no pidan acompañamiento”, advirtieron en el entorno del ex presidente. En esa línea, en la bancada afín se plantaron, al menos en este tema, y lanzaron un comunicado reafirmando que insistirían con la medida, que formaba parte de la lista de puntos de la agenda legislativa que le habían presentado formalmente al Gobierno el 17 de julio pasado.

Aunque resista a Macri, el Gobierno está obligado a mantener conformes a sus socios, de quienes dependen para aprobar la ley de Presupuesto, que ya empezó a debatirse en comisión y ya los contactaron informalmente.

Pero, además de recibir mayor información sobre las negociaciones por el presupuesto universitario, el bloque que preside Cristian Ritondo está a la espera de que Interior y Economía cumplan con las promesas que se hicieron, por lo bajo, para sumar obra pública frenada -a pedido de los gobernadores de Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio y Nacho Torres-. Y, en particular, los fondos de la coparticipación para la Ciudad que comanda Jorge Macri. “Se están cobrando todo con intereses”, se quejó un referente libertario.

Ayer, el bloque de PRO tenía planeado reunirse con sus expertos en economía, Hernán Lacunza y Nicolás Dujovne, para evaluar los detalles del presupuesto. Aún se guardan bajo la manga la reacción definitiva al proyecto que presentó Milei hace dos semanas, pero ya tienen anotados varios reparos. Por ejemplo, sobre el pasaje donde admiten que el resultado financiero de la Administración Nacional previsto para 2025 alcanza un déficit de 2.326.807 millones de pesos.

En el propio bloque libertario admiten desinteligencias. “Seguimos estando muy desorganizados. Les dijeron una cosa a los colegas radicales y de PRO la semana pasada, ahora salieron con otra”, reconoció un diputado violeta. Y recordó que Milei viene postergando el veto a la Ley de Financiamiento que ya se sancionó en el Congreso hace diez días, donde se declara la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el año que viene, y se actualizan las partidas de Presupuesto del Congreso con un impacto fiscal del 0,14 por ciento del PBI. Una cifra que, según el Gobierno, complica las cuentas públicas.

El terreno del debate por la privatización de Aerolíneas Argentinas aparece más allanado, sobre todo después de la reunión legislativa del lunes en Balcarce 50. En el flanco, aún abierto, del conflicto por las medidas de fuerza gremiales que complican los vuelos, el Gobierno cuenta con la iniciativa de PRO -en particular de Hernán Lombardi- y la Coalición Cívica. Pero, justamente por ese motivo, el jueves podría definirse un nuevo paro nacional de Transporte. Una medida que a pesar de los intentos de Milei de mostrarse firme y, sobre todo, enojado, en los despachos más racionales genera preocupación. Son demasiados conflictos sociales, sindicales y legislativos, todos juntos. Y la resolución de uno parece azuzar el empeoramiento de otro.