El 1 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación imputó formalmente cargos a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por su presunta participación en una red de corrupción destinada a la compra de votos en el Congreso, pero ¿cómo crearon la supuesta organización criminal?
Según información en poder del ente acusador, los hechos habrían ocurrido entre mayo de 2023 y febrero de 2024 e involucraría la asignación de contratos por más de 612.000 millones a congresistas, con el objetivo de asegurar mayorías parlamentarias para la aprobación de reformas impulsadas por el Ejecutivo.
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La audiencia de imputación se realizó en el Tribunal Superior de Bogotá, bajo la dirección de la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero.
La próxima sesión está programada para el 15 de diciembre de 2025.
Durante la audiencia, la Fiscalía acusó a Bonilla, exministro de Hacienda, y Velasco, exministro del Interior, de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
Según la fiscal María Cristina Patiño, ambos exfuncionarios “lideraron, promovieron y dirigieron” una organización criminal que buscaba “aceitar” con contratos a congresistas para garantizar el respaldo a las reformas sociales y operaciones de crédito público propuestas por el gobierno de Gustavo Petro, según recogieron los medios fuente.
La investigación se apoya en las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda.
Estos exfuncionarios, que han negociado beneficios judiciales a cambio de su colaboración, describieron cómo los exministros habrían ordenado la entrega de contratos a legisladores a cambio de su apoyo en el Congreso, de acuerdo con la información recogida por los medios fuente.
La Fiscalía detalló una serie de reuniones y acuerdos que habrían permitido el direccionamiento de contratos a congresistas de distintas comisiones.
El primer hecho relevante se remontaría a noviembre de 2023, cuando Velasco y Bonilla habrían instruido a Benavides para reunirse con el senador Julio Elías Chagüi y discutir tres proyectos del Instituto Nacional de Vías (Invías) en el departamento de Córdoba, por un total de 15.700 millones de pesos.
Chagüi habría manifestado representar a otros ocho congresistas y solicitado cupos indicativos a cambio de votos, según la Fiscalía.