Este miércoles 14 de octubre fue revelado que Alejandro Rocha Laureano, excomandante de la extinta Policía Judicial de Puebla, salió del penal de Cancún, Quintana Roo, después de que un juez determinara que ya había cumplido la condena dictada en su contra por tortura contra la periodista Lydia Cacho. La información fue reportada por Periódico Central.
El exmando policial permaneció privado de la libertad desde el 4 de diciembre de 2018. La autoridad judicial en Quintana Roo le impuso una pena de cinco años y seis meses de prisión, pero consideró que ya la había cumplido debido al tiempo que pasó recluido antes de que se emitiera la sentencia.
La organización Artículo 19 México y Centroamérica se pronunció tras conocerse la salida de Rocha Laureano del penal de Cancún. En un comunicado precisaron que la liberación respondió únicamente al cumplimiento total de la pena impuesta y que ese hecho no debía interpretarse como una absolución.
“Ante la liberación de una persona condenada por la tortura contra la periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho, Artículo 19 precisa que su liberación responde al cumplimiento de la totalidad de su pena y no implica un reconocimiento de inocencia”, señaló la organización en sus canales oficiales.
Artículo 19 subrayó que el proceso penal contra otros dos probables responsables en el caso de tortura contra Cacho continuaba su curso. La organización advirtió que ese avance judicial no debía verse afectado por la salida de Rocha Laureano del penal.
La agrupación, que ha acompañado jurídicamente a la periodista durante más de 15 años, agregó que seguía a la espera de “una sentencia justa en los procesos penales pendientes” relacionados con el caso.
El excomandante fue detenido el 4 de diciembre de 2018 en el estado de Puebla por efectivos de la Agencia de Investigación Criminal, entonces dependiente de la Procuraduría General de la República, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de tortura. En ese momento todavía formaba parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla, aunque la investigación federal lo vinculaba con el operativo contra Lydia Cacho ocurrido 13 años antes.
La entonces Procuraduría General de la República lo señaló por intervenir en la detención, el traslado y las agresiones contra la periodista. Las indagatorias lo ubicaron como uno de los mandos que participó en el relevo de los policías que llevaban a Cacho de Cancún a Puebla.
Durante el proceso, Rocha Laureano permaneció recluido en Cancún. En 2021, un juez federal le negó la posibilidad de seguir el juicio en libertad al considerar la gravedad del delito que enfrentaba.
Según datos revelador por el Periódico Central este 14 de octubre, el equipo jurídico dejó abierta la posibilidad de presentar una contrademanda contra Lydia Cacho.
El caso contra se originó en diciembre de 2005, meses después de que Lydia Cacho publicara Los demonios del Edén. En ese libro, la periodista documentó una red de explotación sexual infantil y expuso presuntos vínculos de empresarios y políticos con esos delitos.
El empresario Kamel Nacif denunció a Cacho por difamación y calumnias en Puebla. La periodista fue detenida el 16 de diciembre de 2005 en Cancún por agentes de la Policía Judicial poblana, pese a que el proceso legal se encontraba en otro estado.
Cacho fue llevada por carretera a Puebla durante un trayecto de más de 20 horas. La periodista denunció que, durante el recorrido de alrededor de mil 500 kilómetros, fue incomunicada, amenazada de muerte y sometida a violencia física, psicológica y sexualizada.
La comunicadora sostuvo que los agentes buscaban obligarla a retractarse de lo publicado en su libro. Años más tarde se difundieron conversaciones telefónicas atribuidas a Mario Marín, entonces gobernador de Puebla, y a Nacif, en las que hablaban de la detención de Cacho.
Las grabaciones dieron lugar al apodo de “góber precioso” con el que se identificó públicamente a Marín. La difusión de esos audios también llevó a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación abriera una investigación sobre los hechos.
En 2019, el Estado mexicano ofreció una disculpa pública a Lydia Cacho y giró órdenes de aprehensión contra Mario Marín, Kamel Nacif y el exdirector de la Policía Judicial de Puebla, Hugo Karam. Marín fue detenido en febrero de 2021, mientras el proceso contra otros involucrados continuó sin una sentencia definitiva.
En agosto de 2024, Marín obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria. Semanas después, un tribunal federal revocó esa medida tras recursos promovidos por la Fiscalía General de la República y por la representación legal de Cacho, por lo que el exgobernador fue reingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano.
En julio de 2026, circularon versiones sobre una nueva liberación o un cambio a prisión domiciliaria para Marín. Lydia Cacho desmintió esas versiones a través de sus redes sociales y afirmó que el exgobernador seguía recluido en El Altiplano.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó el 31 de julio de 2018 que la detención de Lydia Cacho fue arbitraria. El organismo concluyó que el Estado mexicano violó sus derechos a la libertad personal, a la integridad, a no ser sometida a tortura, a la libertad de expresión y a no ser discriminada por razones de género.
La resolución ordenó investigar los hechos de forma imparcial, pronta y exhaustiva. También pidió al Estado mexicano procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a quienes participaron en las agresiones contra la periodista.
El caso llegó al Comité mediante una petición presentada por Artículo 19 en octubre de 2014. En julio de 2021, ONU Mujeres y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertaron sobre el riesgo de impunidad en el caso y pidieron que las investigaciones identificaran tanto a los responsables directos como a los autores intelectuales.
El pronunciamiento de 2021 también destacó que las agresiones padecidas por Cacho tuvieron un componente de género. La ONU señaló que los comentarios sexualizados y los actos de violencia durante la detención mostraron un objetivo discriminatorio contra la periodista.