A 20 días de que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciara un plantón en las calles aledañas al Zócalo de la Ciudad de México y se movilizara en distintos estados del país, acordó en sesión de la Asamblea Nacional Representativa (ANR) el receso de las manifestaciones, pese a no haber logrado que el Gobierno Federal abrogara la Ley del ISSSTE 2007.
La demanda principal tiene origen en la promesa de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se negó a recibir a los representantes de la Coordinadora para abordar el tema en Palacio Nacional, incluso, en los días de mayor movilización de las y los maestros, quienes exigieron un encuentro con quien un día se unió a sus exigencias.
El mitin para anunciar la conclusión de su jornada de lucha se llevó a cabo a las 10 de la mañana en Belisario Domínguez 32, ubicado en el Centro Histórico, desde las afueras de la sede nacional de la Coordinadora. Eva Hinojosa, Secretaria General de la Sección 18 de Michoacán, aseguró que es mentira que el sueldo de profesores en México ascienda a 16 mil pesos, ya que “de ahí se vienen todos los descuentos”.
FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM
Recordó que las exigencias más destacadas han pasado por varios gobiernos, sin que hasta el momento se hayan resuelto:
- La abrogación de la Reforma Educativa Peña/AMLO y hoy Claudia Sheinbaum;
- Abrogación de la Ley del ISSSTE 2007 implementada por Felipe Calderón;
- El regreso a un sistema solidario de pensiones para una “jubilación digna”.
Por su parte, Pedro Hernández Morales de la Sección 9 acusó una campaña de desprestigio del gobierno en contra del magisterio:
“Rechazamos tajantemente cualquier acusación hacia cualquiera de nuestras compañeras y nuestros compañeros. No aceptamos esta campaña desde presidencia, que tiene un guion para que entonces, de un respaldo, en cierto sentido, que estos gobiernos dijeron que admiraban este movimiento, ahora digan que somos criminales, que somos delincuentes, que bloqueamos calles, que no damos clases, que estamos siempre en movimiento”.
Ante las intermitencias del diálogo con los titulares de la los titulares de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Gobernación (Segob), Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la sección 22 de Oaxaca, reafirmó que las demandas trascendieron las fronteras:
“Nos manifestamos en esta coyuntura para hacer visible que en nuestro país al Gobierno le importa más dejar un ambiente visible ante los demás países que no hay desigualdad. Y nosotros en esta lucha, en esta huelga que emprendimos desde el 1 de junio a nivel nacional, sin duda alguna, deja claro que hay heridas abiertas en nuestro país, que hay un gobierno que deja de lado a sus trabajadores”.
La maestra destacó que la retirada del magisterio no es para “claudicar”, sino que seguirán fortaleciéndose en otros estados “desde las bases, desde las estructuras, entendiendo entonces que las decisiones no son de cúpula”.
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El día de ayer, trascendió el acuerdo económico al que llegó la SEP con la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca, el cual contempla una partida extraordinaria de 800 millones de pesos, el cual reitera los siguientes tres acuerdos:
- Se ratifican por parte del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de Oaxaca los compromisos asumidos en la respuesta conjunta que se entregó a la Sección 22 de la CNTE el 5 de junio de 2026. En lo que respecta a las fechas previstas para el tema de la Nueva Ley de Educación del Estado de Oaxaca, se actualizarán de común acuerdo entre el Gobierno del Estado y la Sección XXII de la CNTE.
- El Gobierno Federal otorgará un recurso económico al magisterio oaxaqueño, para atender las necesidades educativas y combatir el rezago en la entidad federativa, con un presupuesto total equivalente al otorgado para el ciclo escolar 2025-2026.
- En las mesas tripartitas que se agenden con la Sección 22 de la CNTE Oaxaca se abordarán temas referentes a asuntos de carácter operativo de los niveles educativos; reparación de daños a víctimas, justicia y de seguridad social de los casos que presente esa representación sindical.