Cuatro comunidades Awajún del distrito de Manseriche, en la provincia Datem del Marañón, denunciaron el ingreso irregular de dos sujetos desconocidos que se habrían hecho pasar por funcionarios públicos. Según la alerta enviada a la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas (CORPI-SL), los hechos ocurrieron entre el 21 y el 24 de noviembre y fueron reportados el martes 25.
El caso involucra a las comunidades nativas Chapis, Ajachim, Nueva Alegría y Wee, todas pertenecientes a la Organización de los Pueblos Indígenas del Sector Manseriche (ORPISEM), que expresaron seria preocupación por la seguridad jurídica de sus territorios.
De acuerdo con los testimonios recopilados, los individuos identificados como Jhostin Abel Rengifo Yumbato y Diego Sebastián Linares Tello, según la organización, habrían ingresado a los territorios Awajún presentándose como integrantes de una supuesta brigada de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria (Disafilpa) de Loreto.
Los denunciados solicitaron documentos vinculados a los títulos comunales, señalaron que realizarían labores de linderamiento y prometieron “gestionar” la titulación, asegurando —sin base legal ni técnica— que los títulos estaban “vencidos” o “bloqueados”.
Estas acciones, subrayan las comunidades, generan un grave riesgo de desinformación y podrían afectar la estabilidad y protección de los territorios indígenas.
La Agencia Agraria de Datem del Marañón confirmó que ninguna brigada ni personal autorizado había sido enviado a la zona, descartando cualquier operación institucional, según Inforegión. Tampoco existió coordinación previa con autoridades comunales ni con organizaciones representativas, como lo exige la normativa en materia de territorio indígena.
Esta constatación fortaleció la denuncia, pues confirmó que los sujetos actuaron sin vínculo ni permiso del Gobierno Regional de Loreto o del sector agrario.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) cuestionó la intervención irregular y recordó que toda acción en territorio indígena debe cumplir con tres obligaciones esenciales: coordinación previa, consentimiento informado y autorización formal de las comunidades y sus organizaciones representativas.
En su pronunciamiento, la organización indígena exigió al Estado y a las autoridades regionales identificar responsabilidades, investigar posibles vulneraciones a los derechos colectivos y adoptar medidas de no repetición para proteger la integridad territorial.
“AIDESEP reafirma que la libre determinación y la gobernanza territorial deben ser respetadas en toda intervención estatal o privada”, señala el comunicado.
El caso revela la vulnerabilidad a la que se enfrentan las comunidades indígenas frente a personas que ingresan con falsas credenciales, un riesgo que puede derivar en conflictos, pérdida de información sensible o intentos de manipulación sobre la propiedad comunal.
Las organizaciones indígenas insisten en la urgente necesidad de reforzar los protocolos de control de ingreso, así como las comunicaciones oficiales hacia las comunidades, a fin de prevenir nuevas situaciones de riesgo.