La Defensoría del Pueblo manifestó su respaldo al Auto 002 de 2026 de la Corte Constitucional, que ordena a diversas autoridades nacionales y territoriales informar sobre las acciones implementadas para proteger a la población de Tibú y el Catatumbo. Esta región, ubicada en el norte de Norte de Santander, enfrenta una crisis humanitaria agravada por el aumento de la violencia armada y la consolidación territorial de grupos armados ilegales.
La Corte Constitucional requirió al Ministerio del Interior, la Gobernación de Norte de Santander y las alcaldías de San José de Cúcuta, Ocaña, Tibú y El Tarra que informen sobre las medidas adoptadas desde la emisión de la Alerta Temprana 017 de 2025.
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Dicha alerta advertía sobre riesgos para la población civil derivados del enfrentamiento entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las FARC, así como del control territorial impuesto por el ELN, que incluyó restricciones a la movilidad y normas de conducta impuestas a las comunidades.
La Defensoría del Pueblo recordó que entre diciembre de 2025 y enero de 2026 se observaron situaciones como desplazamientos forzados, confinamientos, uso de vehículos no tripulados y presencia de artefactos explosivos en corregimientos de Tibú y El Tarra. La crisis se profundizó en los corregimientos de Pachelli, Angalia, Las Palmeras y Filogringo, donde las comunidades sufrieron graves afectaciones.
La Defensoría informó que el 31 de diciembre de 2025 alertó formalmente al Ministerio del Interior sobre la materialización de los riesgos advertidos en la alerta temprana y solicitó la pronta ejecución del plan de acción recomendado. En enero de 2026, una misión humanitaria conformada por la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la Iglesia católica verificó la situación en terreno.
“Estas afectaciones fueron constatadas de manera directa por la Defensoría del Pueblo durante la misión humanitaria realizada entre el 6 y el 8 de enero del 2026 en el Catatumbo, en conjunto con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la Iglesia católica, en calidad de Comisión Humanitaria”, indicó la entidad.
El Auto 002 de 2026 instruyó al Ministerio del Interior, como Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), a remitir en un plazo de diez días un informe detallado sobre la coordinación y resultados de los planes de respuesta estatal a la Alerta Temprana No. 017 de 2025. El informe debe incluir si existe un plan de acción integral, responsables, mecanismos de coordinación, medidas diferenciales para la población firmante de paz y resultados verificables.
A la Gobernación de Norte de Santander y a las alcaldías de San José de Cúcuta, Tibú, El Tarra y Ocaña, la Corte solicitó informar cómo han incorporado la alerta temprana en sus planes de prevención y contingencia, qué acciones se activaron, cómo coordinaron la respuesta con el nivel nacional y qué recursos públicos se asignaron. Se exige especificar montos, fuentes de financiación y la coherencia entre necesidades identificadas y recursos asignados.
La Corte Constitucional monitorea la respuesta institucional para verificar si las medidas implementadas han resultado en una protección efectiva y coordinada de la población civil. Las Salas Especiales de Seguimiento han observado que, a pesar de algunas acciones, la emergencia humanitaria persiste y los esfuerzos estatales no han producido resultados duraderos.
La Defensoría del Pueblo insistió en la urgencia de que el Gobierno nacional cumpla de manera estricta lo ordenado por la Corte Constitucional e implemente las recomendaciones de la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025. El objetivo es prevenir nuevas vulneraciones a los derechos de las comunidades del Catatumbo.
“Esta providencia busca que las entidades responsables rindan cuentas sobre las medidas implementadas frente a los riesgos ya advertidos en la Alerta Temprana 017 de 2025, en la que se alertaba sobre una grave situación de seguridad y posibles vulneraciones de derechos humanos en esta zona del país”, señaló la Defensoría del Pueblo.
La Corte Constitucional continuará con el seguimiento detallado a la situación humanitaria en el Catatumbo, verificando que las autoridades nacionales y territoriales articulen acciones oportunas, coordinadas y efectivas para proteger a la población civil afectada por la violencia y el desplazamiento forzado.