Una pelea entre vendedoras informales ocurrió en las inmediaciones de Corferias durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo 2026), generando inquietud sobre la gestión del espacio público y la seguridad en eventos de gran afluencia.
El hecho quedó registrado en video y fue difundido por el concejal Jesús David Araque a través de su cuenta de X, demostrando la tensión que persiste entre el derecho al trabajo informal y las políticas distritales para reorganizar la actividad comercial en la vía pública.
La grabación muestra a dos mujeres en una acalorada discusión que rápidamente escaló a agresiones físicas, con jalones de cabello y forcejeos en el suelo, ante la mirada de decenas de asistentes que registraron el momento con sus celulares y lo compartieron en plataformas digitales durante el primer fin de semana de mayo.
En las imágenes se observa la intervención de transeúntes, así como de personal del Distrito y de la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes intentaron separar a las involucradas ubicadas cerca de la entrada por la avenida La Esperanza, un punto donde los vendedores informales suelen acercarse a los asistentes a eventos masivos en este reconocido recinto.
Versiones que circulan en redes sociales indican que el episodio no dejó personas gravemente heridas; sin embargo, se reavivó el debate público sobre el impacto de los vendedores ambulantes en zonas de alta concentración durante eventos masivos en Bogotá.
En palabras de Jesús David Araque, concejal de Bogotá, el altercado “pasó este fin de semana en la Feria del Libro de Bogotá. Varias vendedoras de comida habrían protagonizado una pelea callejera por un espacio a la salida de Corferias”.
Acto seguido, el funcionario realizó la siguiente pregunta: “¿Ven la importancia de ordenar el espacio público?”, precisamente en el contexto de la implementación del Decreto 117 de 2026, expedido por la Alcaldía de Bogotá para reorganizar el uso del espacio público y establecer nuevas reglas para las ventas callejeras.
La normativa prohíbe la instalación de comercios informales en infraestructuras críticas como puentes peatonales, accesos a TransMilenio y otras áreas definidas como estratégicas. Además, regula el uso de elementos potencialmente peligrosos como cilindros de gas y estructuras no autorizadas, y exige el cumplimiento de condiciones sanitarias más estrictas para ejercer la actividad.
La directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, Lucía Bastidas, respondió públicamente al concejal Araque en X: “Y usted, querido concejal, más que nadie sabe que Bogotá sacó el decreto para organizar las ventas en el espacio público, que ha molestado a algunos y que busca orden en el espacio público, con zonas de manejo especial, donde por seguridad, hay lugares donde no pueden estar”.
El Decreto 117 ha generado inquietud entre el gremio de vendedores informales, al restringir su presencia en sectores con mayor flujo peatonal, lo que afecta directamente su capacidad de captar clientes, pues los ciudadanos dedicados a esta actividad mostraron temor ante la posible pérdida de sus ingresos, cuestionando las alternativas ofrecidas por la administración.
Ante las inquietudes, la respuesta institucional indica que la regulación no busca eliminar la economía informal, sino ordenarla en beneficio de la movilidad, la seguridad y la salubridad, además de acompañar el proceso con rutas de capacitación y reubicación para quienes ganan su sustento en la calle. Sin embargo, el debate permanece abierto, ya que las condiciones estructurales que empujan a la informalidad no encuentran una solución inmediata.
El hecho ocurrido durante la FILBo 2026 expone la compleja relación entre el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes y las políticas de ordenamiento urbano.
Además expone la importancia de la vigilancia en un espacio que cuenta con cientos de miles de visitantes congregados en torno a uno de los eventos culturales más relevantes de Colombia.