La medida del Congreso de Estados Unidos, confirmada tras una votación que terminó con 77 votos a favor y 20 en contra, marca un viraje en la política económica y diplomática hacia Siria, al eliminar definitivamente las sanciones financieras que limitaban significativamente el acceso internacional al país. Según informó el medio que reportó la noticia, esta decisión surge luego de la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024 y un proceso de negociación política bilateral en Washington. De este modo, la legislatura estadounidense ha removido las restricciones legales que obstaculizaban la entrada de inversiones externas en el territorio sirio, permitiendo que actores internacionales reconsideren proyectos financieros en la región.
El levantamiento de la Ley Caesar, impuesta en 2019 durante la administración de Al Assad, quedó oficializado luego de que senadores y representantes se pronunciaron a favor, tal como consignó la fuente original. Esta normativa, que contemplaba fuertes limitaciones económicas, ya había sido suspendida dos veces en años previos por el expresidente Donald Trump, aunque solo se concretó su eliminación completa tras reiteradas solicitudes del nuevo presidente de transición sirio, Ahmed al Shara. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense comunicó que la supresión de esta medida se encuentra «garantizada» para el próximo año fiscal.
El comunicado emitido desde la Comisión indicó que las sanciones fueron decretadas durante el mandato de Al Assad y respondían a las violaciones a derechos humanos y represión documentadas en ese periodo. El documento, citado por la fuente, asegura que “apoyamos el desarrollo económico y las inversiones en Siria para favorecer la estabilidad del país”. Además, califica la acción como un “paso decisivo para que el pueblo sirio tenga una oportunidad real de reconstruir el país tras décadas de un sufrimiento inimaginable”.
La decisión de derogar las sanciones resulta del trabajo conjunto entre distintos sectores políticos de Estados Unidos y se consolidó tras meses de esfuerzos y coordinación bipartidista, según detalló el medio citado. Antes de su promulgación final, la Cámara de Representantes ya había otorgado su apoyo al proyecto, quedando únicamente en manos de Donald Trump su ratificación definitiva.
Ahmed al Shara asumió la presidencia de transición tras la caída del régimen en diciembre de 2024. Dicha caída fue consecuencia de una ofensiva encabezada por fuerzas yihadistas y rebeldes, en la que Hayat Tahrir al Sham (HTS) desempeñó un papel clave bajo el liderazgo de ‘Abú Mohamed al Golani’, actualmente el presidente sirio en funciones bajo su nombre real. Desde entonces, el gobierno de transición ha insistido ante las autoridades internacionales en la necesidad de levantar las restricciones para facilitar el ingreso de capital extranjero que contribuya a la reconstrucción del país.
El medio detalló que la formalización del levantamiento de la Ley Caesar elimina las barreras que impedían a bancos, empresas y entidades extranjeras participar en proyectos dentro de Siria. Esta apertura se da tras la consolidación de una nueva etapa política, apuntalada por la cooperación de diversos actores internacionales y por la promesa de Washington de respaldar la recuperación económica y social en Siria.
Distintas voces dentro del Congreso estadounidense justificaron su respaldo a la medida con el argumento de que el levantamiento de las sanciones ofrece un marco más favorable para la estabilidad regional y brinda a Siria la posibilidad de reconstruirse tras años de conflicto y aislamiento. Otras opiniones, como registró el medio, manifestaron preocupación respecto a los efectos a largo plazo en términos de seguridad y supervisión internacional, aspecto que, según el comunicado oficial, será observado durante la transición.
El levantamiento de estas medidas restrictivas concluye un período de controles económicos sobre Damasco, que había limitado la operatividad de empresas e instituciones extranjeras en territorio sirio. Según publicó el medio, la nueva disposición abre la puerta a la formulación de planes de inversión y financiamiento internacional en infraestructura, energía y otros sectores clave para la recuperación nacional.
Así, la decisión adoptada por el Congreso estadounidense representa no solo un cambio en la legislación, sino también un giro en la política exterior hacia Siria, que queda ligada a los avances del proceso político de transición y a la coordinación internacional centrada en la reconstrucción y la estabilidad en el país.