El Ministerio de Gobernación de Guatemala destituyó este martes a David Custodio Boteo como director general de la Policía Nacional Civil y removió a Esvin Jacinto Quiché de la Subdirección General de Operaciones, en medio de la revisión institucional abierta tras el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y las irregularidades denunciadas en la captura de dos sospechosos por ese crimen.
La salida de ambos funcionarios alcanza a la cúpula policial mientras siguen las pesquisas sobre la actuación de agentes de la Comisaría 13. La cartera no difundió los motivos detallados de las destituciones ni informó quién asumirá la conducción de la PNC.
La institución también enfrenta cuestionamientos por la fuga de 20 reos de la cárcel Fraijanes 2, conocida el 12 de octubre de 2025. Los cabecillas del Barrio 18 fueron buscados dentro y fuera de Guatemala con apoyo de autoridades internacionales, según el Ministerio de Gobernación.
Solórzano Foppa, exsuperintendente de Administración Tributaria, murió el 17 de octubre junto con Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro en un ataque armado en Campo Marte, situado en la zona 5 de la capital guatemalteca. La investigación del Ministerio Público derivó en la detención de los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz como presuntos responsables.
Un juez dictó falta de mérito a favor de los hermanos, que recuperaron la libertad después de su captura. A partir de esa decisión surgieron señalamientos sobre el procedimiento policial y una posible colocación de un arma de fuego durante la detención.
El 23 de octubre, siete integrantes de la PNC quedaron a disposición judicial por su presunta participación en esas irregularidades. El Ministerio Público los investiga por abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y transporte o traslado ilegal de armas de fuego.
La posible alteración de pruebas y las circunstancias del doble asesinato permanecen bajo investigación. Gobernación había anticipado que la revisión abarcaría distintos niveles de mando de la fuerza para establecer responsabilidades si se comprobaban ilegalidades de agentes.
Antes de ser destituido, Boteo compareció ante el Congreso para referirse al caso. Allí afirmó que la Comisaría 13 era un foco recurrente de corrupción, especialmente durante los fines de semana, cuando conductores ebrios eran interceptados y se producían pagos para dejarlos libres.
“El problema que se ha dado en la Comisaría 13, y le puedo decir con mucha propiedad, se da generalmente los fines de semana, cuando personas ebrias van conduciendo su vehículo y es donde se da el tema de la corrupción para dejarlos libres”, declaró el entonces director.
El inspector general de la PNC confirmó en esa sesión que toda la dependencia estaba bajo investigación por la captura cuestionada. Sin embargo, solo siete policías fueron suspendidos de sus tareas habituales: cuatro agentes, dos mandos y el jefe de la delegación, Sergio Erick Segura Tunches.
Boteo también comunicó que se ordenaron rotaciones de personal en la comisaría, incluida Diana Ramos, quien había encabezado la dependencia hasta diciembre de 2025. La Inspectoría General de la PNC y el Ministerio Público mantienen las pesquisas sobre las actuaciones de esa unidad.
David Custodio Boteo asumió como director general de la PNC el 15 de enero de 2024, designado por el entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, al comienzo del gobierno del presidente Bernardo Arévalo. Reemplazó a Adal Rodríguez Najarro y acumuló dos años, nueve meses y 12 días al frente de la fuerza.
Su trayectoria policial incluyó puestos de mando durante la administración de Alejandro Giammattei. El 6 de enero de 2023 fue nombrado subdirector general de Operaciones, después de dirigir la División Especializada en Investigación Criminal.
En noviembre de 2023 pasó a la Dirección General Adjunta y luego ascendió a la jefatura de la Policía. También dirigió la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas.
Durante su gestión, la PNC afrontó cuestionamientos por una fuga de reclusos y por el manejo del caso de ocho asesinatos en Huité, en el que la versión policial contradijo la postura oficial del Ministerio de la Defensa.