La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial solicitó un año de prisión preventiva para 37 de los imputados en el caso Riverside, entre ellos cuatro hijos de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, señalado como el presunto líder de una organización criminal dedicada al tráfico nacional e internacional de drogas y al lavado de dinero.
La petición fue presentada luego de que el Ministerio Público concluyera la exposición de las pruebas durante la audiencia de medidas cautelares, un proceso que se ha prolongado por más de siete semanas debido a la magnitud del expediente y al elevado número de personas investigadas.
Ahora corresponderá a los abogados defensores presentar sus alegatos antes de que el Juzgado Penal de Limón resuelva si acoge o no la solicitud fiscal.
De acuerdo con la investigación, la organización criminal habría continuado operando incluso después de que López Vega fuera extraditado a Estados Unidos en marzo de este año, tras permanecer detenido desde mediados de 2025.
La Fiscalía sostiene que la estructura quedó bajo el mando de los hijos de “Pecho de Rata”, quienes habrían asumido funciones de coordinación dentro de la presunta organización dedicada al abastecimiento de marihuana y cocaína para diferentes grupos criminales del país, además de exportar cargamentos de droga y blanquear las ganancias obtenidas mediante esas actividades ilícitas.
Entre los imputados también destacan un hombre de apellido Spencer, quien presuntamente era el responsable de la logística marítima utilizada para el transporte de estupefacientes, y dos personas de apellido Botti, señaladas como supuestos encargados del tráfico de drogas.
La solicitud de prisión preventiva alcanza a personas de apellidos Calero, López, Vaz, Cameron, Mc Lean, Wray, Pizarro, Angulo, Martínez, Lara, Mena, Kelly, Scoby, Sojo, León, Marchena, Botti, Pinnock, Ardón, Coto, Romero, Gordon, Collado, Córdoba, Spencer, Marín, Corrales, Slack, Segura, Gutrie y Weir, entre otros.
Mientras tanto, otras 17 personas investigadas permanecerán en libertad bajo medidas cautelares. Entre las restricciones impuestas por la Fiscalía figuran la prohibición de salir del país, la obligación de firmar una vez al mes ante las autoridades judiciales, mantener un domicilio fijo y abstenerse de tener contacto con los demás integrantes de la presunta organización criminal.
El Ministerio Público explicó que esas medidas fueron determinadas luego de valorar los riesgos procesales y el nivel de participación atribuido a cada uno de los sospechosos.
Además, advirtió que cualquier incumplimiento de las condiciones impuestas podría provocar la revocatoria de esas medidas y el eventual dictado de prisión preventiva.
La audiencia se desarrolla en el auditorio del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), debido a la cantidad de personas involucradas en el expediente. La utilización de ese espacio ha generado algunos retrasos, ya que el recinto también había sido reservado para otras actividades institucionales, como graduaciones y grabaciones, lo que obligó a realizar coordinaciones logísticas adicionales.
La diligencia es dirigida por la jueza Alejandra Rojas, del Juzgado Penal de Limón.
La operación Riverside, ejecutada el 23 de junio, es considerada por las autoridades como el mayor operativo realizado en la historia del OIJ contra una organización dedicada al narcotráfico y la legitimación de capitales.
Según las investigaciones, la estructura movilizaba cocaína y marihuana desde Colombia mediante embarcaciones que desembarcaban en la zona de Cahuita, en Limón, para posteriormente distribuir la droga dentro del país y enviarla a otros mercados.
Las pesquisas también permitieron identificar un patrimonio de aproximadamente ₡10,000 millones (USD 22 millones) que las autoridades consideran de origen presuntamente ilícito.
El expediente además incluye investigaciones por presuntos vínculos con el exmagistrado Celso Gamboa y menciona la supuesta participación de figuras públicas, entre ellas cantantes, exfutbolistas y modelos, aspecto que continúa bajo investigación.
Asimismo, el OIJ determinó que, pese a encontrarse privado de libertad antes de su extradición, “Pecho de Rata” habría continuado dirigiendo las op2weraciones de la organización desde el centro penal La Reforma mediante teléfonos celulares que, presuntamente, le eran facilitados de forma ilegal por funcionarios penitenciarios.
La investigación también señala que López Vega fungía como uno de los principales proveedores logísticos de droga para Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, uno de los criminales más buscados por las autoridades costarricenses.