La reciente publicación oficial del acuerdo arancelario entre Estados Unidos y El Salvador confirma la eliminación de la tarifa del 10 % aplicada a ciertas exportaciones salvadoreñas, una medida que consolida el vínculo bilateral y promete beneficiar sectores estratégicos de la economía de El Salvador. El convenio, divulgado en el Diario Oficial salvadoreño el 7 de febrero, marca un cambio sustancial al insertar a la nación centroamericana en un esquema recíproco con el mayor mercado del hemisferio, en un contexto de ajustes globales a las cadenas de suministro y exigencias crecientes de transparencia y sostenibilidad.
El impacto inmediato del acuerdo va más allá de los intereses salvadoreños. La firma, ocurrida el 29 de enero, no solo sienta precedente por ser el primer acuerdo de este tipo en el hemisferio occidental, sino que redefine el mapa comercial de América Latina y perfila nuevas rutas para la integración y el desarrollo económico regional. Según la ministra de Economía salvadoreña, María Luisa Hayem, la entrada en vigor del acuerdo beneficiará de manera directa a los rubros productivos locales que estaban limitados por barreras arancelarias.
El reciente acuerdo comercial recíproco entre la República de El Salvador y los Estados Unidos redefine la relación bilateral al establecer un marco de cooperación que elimina barreras arancelarias y no arancelarias, protege los derechos laborales, promueve la facilitación digital y asegura mayores garantías para los sectores agrícola, ambiental y de inversiones. Esta alianza, que complementa el CAFTA-DR, apunta a fortalecer los lazos comerciales, incrementar la transparencia en los procedimientos y alinear los estándares regulatorios y de seguridad económica entre ambas naciones.
El Salvador se compromete a proteger y hacer efectivos los derechos laborales reconocidos internacionalmente, adoptando o manteniendo estas protecciones en su legislación y en la práctica. Además, el país establecerá sanciones legales apropiadas para las violaciones y revertirá cualquier debilitamiento de dichas garantías que se haya producido para incentivar el comercio o la inversión, según el acuerdo.
Las autoridades salvadoreñas no exigirán licencias de importación no automáticas para bienes procedentes de los Estados Unidos, salvo que resulten imprescindibles para objetivos legítimos en salud, seguridad pública o nacional. Además, El Salvador se compromete a aceptar estándares internacionales para reglamentos técnicos y a tratar a los organismos estadounidenses de evaluación de la conformidad de manera no menos favorable que a los propios.
El país facilitará también la aceptación de los procedimientos de cumplimiento estadounidenses y eliminará las barreras técnicas al comercio que actualmente dificulten la reciprocidad. Los productos agrícolas estadounidenses recibirán un trato no discriminatorio, con medidas sanitarias y fitosanitarias sujetas a criterios científicos y de evaluación del riesgo, evitando restricciones encubiertas al comercio bilateral. El Salvador permitirá la inversión estadounidense en sectores clave —minerales críticos, recursos energéticos, telecomunicaciones, generación y transporte de energía e infraestructura— en condiciones equivalentes a las establecidas para los propios inversionistas nacionales, y regulará estas operaciones bajo los estándares mínimos del derecho internacional.
En caso de que Estados Unidos adopte medidas en frontera para evitar el arbitraje regulatorio perjudicial para empresas o trabajadores, El Salvador coordinará sus propias medidas pertinentes para lograr un efecto restrictivo equivalente. Además, no impondrá impuestos discriminatorios sobre servicios digitales estadounidenses, ni condiciones que obliguen a transferir tecnologías o conocimientos propietarios a cambio de acceso al mercado.
El acuerdo también contempla que El Salvador y Estados Unidos firmarán próximamente un acuerdo de cooperación para combatir la evasión de derechos aduaneros y establecerán mecanismos conjuntos para regular la exportación de tecnologías sensibles en el ámbito de la seguridad nacional. El Salvador sólo adquirirá reactores nucleares, barras de combustible o uranio enriquecido procedente de países que no planteen preocupaciones de seguridad nacional.
El Salvador también asumirá la responsabilidad de abordar prácticas desleales, como la exportación de bienes a precios inferiores al mercado y aumentos que distorsionen el mercado estadounidense o reduzcan las exportaciones estadounidenses tanto a El Salvador como a terceros países. Además, implementará condiciones de mercado adecuadas en los sectores de la construcción naval y marítima.
Finalmente, El Salvador facilitará el comercio digital con Estados Unidos, evitando restricciones sobre la transferencia de datos y colaborando ante desafíos de ciberseguridad, garantizando así un entorno abierto y competitivo para el desarrollo de negocios y servicios digitales entre ambos mercados.