Alberto González Amador, empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha declarado este martes como testigo en la causa que investiga si Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta, incurrió en revelación de secretos al enviar a diversos medios de comunicación la imagen y los datos de identificación de dos periodistas de El País.
El caso se centra en la posible difusión de información privada de los reporteros, que acudieron a las inmediaciones del domicilio de González Amador y Ayuso en el marco de una investigación por un supuesto fraude fiscal y la adquisición de la vivienda. La citación del empresario fue acordada por la jueza que investiga el caso a petición del PSOE – personado en el caso – por considerar su declaración “necesaria, proporcional y pertinente” para identificar responsables del origen y la difusión de la información sobre los periodistas.
En 2024, la Fiscalía acusó a Alberto González Amador de haber defraudado a Hacienda por más de 350.951 euros entre 2020 y 2021 mediante un entramado de facturas falsas y sociedades pantalla. Según la investigación, todo se detectó por desgravaciones de gastos sospechosos en las declaraciones del impuesto de sociedades de la empresa de González, presentadas en 2021 y 2022. Poco después, elDiario.es publicó que González Amador y Ayuso residían en un piso que el empresario había comprado después de los hechos investigados por el Ministerio Público.
Dos periodistas de El País acudieron entonces a las inmediaciones del inmueble, según publicó El País entonces para investigar si en el inmueble se habían realizado obras ilegales, pero estando allí, alguien les sacó una foto – Rodríguez sostiene que fue un “vecino enfadado porque habían molestado a su hija” – antes de enviársela a González, quien a su vez fue quien la compartió con el jefe de gabinete de Ayuso. Miguel Ángel Rodríguez envió entonces esas fotos, acompañadas con información sobre los periodistas, a diversos medios de comunicación; al tiempo que eran difundidas de forma masiva en redes sociales.
La versión que dio El País de lo sucedido dista de la de Rodríguez: de acuerdo con el medio, a sus dos periodistas se acercó un hombre de unos cincuenta años que, vestido de paisano, se identificó como policía nacional y les pidió que entregasen su documentación. Se alejó de los periodistas, tras entregar estos su DNI y acreditación, para tomar nota de los datos y, tras recuperar sus documentos, ambos se retiraron del lugar.
Una hora después, desde el equipo de Ayuso se enviaba a distintos periodistas el nombre y la foto de los trabajadores, acompañados del siguiente mensaje: “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras. Todo se ha denunciado a la Policía Nacional, pero el delegado del Gobierno amparará estas actuaciones. El delegado del Gobierno no quiere poner vigilancia permanente 24 horas en la casa de la presidenta, lo que supone una anomalía. Además, empleados de eldiario.es encapuchados, intentaron acceder a la casa de la presidenta. Nunca se ha visto este amedrentamiento en democracia”.
Los periodistas afectados, junto al PSOE, presentaron una denuncia por revelación de secretos. En un primer momento los juzgados no vieron motivo para dar pie a un procedimiento penal, pero la Audiencia Provincial de Madrid revocó esta decisión y ordenó iniciar una investigación formal.
El propio Miguel Ángel Rodríguez comparecía en mayo y después, ante la prensa, reiteró su versión del “vecino enfadado” como origen de la fotografía, aunque en sede judicial admitió que fue el propio González Amador quien envió el documento. “Me he expresado mal”, se justificó entonces, explicando además que ya no tenía acceso a los mensajes de Whatsapp con los que compartió la imagen y la información sobre los periodistas y que podrían demostrar la veracidad de su relato. “Lo más importante es que la Policía no me pasó nada”, aseguró también. El cambio de versión de Miguel Ángel Rodríguez fue lo que motivó la decisión de la jueza de llamar a declarar el empresario para que aclarase como se transmitió esa información.