El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue posibles conductas constitutivas de delito y, en caso de encontrar elementos suficientes, determine las responsabilidades correspondientes.
A través de un posicionamiento institucional, el organismo electoral informó que recurrió a la autoridad ministerial federal para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones necesarias sobre los hechos denunciados.
El INE sostuvo que esta decisión responde exclusivamente a su obligación de garantizar la legalidad, la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos, principios que, afirmó, deben prevalecer en todas las actividades del Instituto.
Por su parte, el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del instituto, Víctor Hugo Carvente, informó a la Cámara de Diputados que la instancia a su cargo presentó seis denuncias penales contra funcionarios y exfuncionarios del organismo electoral, así como contra empresas, tras los escándalos de Guadalupe Taddei y del contratista Alfredo Hernández Casillas.
“Se presentaron seis denuncias penales ante la FGR en contra de diversas personas servidoras y ex servidoras públicas del INE, así como de personas morales, por la probable participación en hechos que la ley señala como delitos”, indicó Carvente Contreras.
La presentación de la denuncia coloca en manos de la FGR la investigación de las posibles irregularidades, así como la valoración de los elementos que pudieran configurar algún delito.
Corresponderá a la Fiscalía determinar si existen responsabilidades penales y proceder conforme a las disposiciones legales aplicables.
En su comunicación, el Instituto Nacional Electoral enfatizó que la determinación no está condicionada por la identidad de las personas involucradas, los cargos que hayan ocupado, las responsabilidades que desempeñaron o los periodos en los que ejercieron sus funciones.
Los delitos que se denunciaron son:
- Uso ilícito de atribuciones y facultades
- Uso de documento falso
- Tráfico de influencias
- Ejercicio ilícito del servicio público
- Cohecho
- Aquellos que la autoridad competente determine
Con estos señalamientos, el organismo electoral afirmó que cualquier posible irregularidad relacionada con el uso de los recursos públicos debe atenderse bajo los mismos criterios institucionales, independientemente de quiénes pudieran estar involucrados.
El posicionamiento también establece que la denuncia no responde a consideraciones personales o políticas, sino al cumplimiento de las obligaciones que tiene el Instituto como organismo público encargado de ejercer funciones constitucionales y administrar recursos provenientes del erario.
El INE destacó que la vigilancia sobre el manejo del presupuesto debe mantenerse como una responsabilidad permanente, debido a que los recursos asignados al organismo están destinados a garantizar el cumplimiento de sus atribuciones en materia electoral.
Por ello, consideró necesario dar intervención a la Fiscalía General de la República para que sea esta instancia la que investigue los hechos y establezca, con base en las pruebas disponibles, si existe alguna conducta que deba sancionarse.
Información en proceso…