El espacio denuncia la falta de respuestas de la ministra Verónica Berisso, la creciente pérdida de poder adquisitivo, el vaciamiento de las políticas públicas, el despido de trabajadoras precarizadas y el avance de reformas que amenazan derechos laborales.
viernes 13 de febrero de 2026 | 13:01hs.
La Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos -que se conformó en junio de 2025 en un contexto atravesado por recortes, ajustes y una sostenida subejecución presupuestaria-, finaliza otra semana de acciones en el edificio central del organismo, con el respaldo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
“Ante la falta de diálogo institucional y la ausencia de soluciones concretas ante otro inminente recorte de ingresos, se resolvió avanzar de manera incremental con medidas de fuerza, en pos de aumentar la visibilidad del conflicto y exigir respuestas urgentes”, se indicó en un comunicado enviado a esta Agencia.
“Las y los trabajadores del Ministerio llevan más de ocho meses con los salarios congelados (con básicos que no llegan a los $200.000),a lo que se suman recortes en distintos componentes que integran el ingreso mensual que perciben, configurando un cuadro de retroceso que afecta a quienes sostienen cotidianamente el funcionamiento técnico, administrativo y territorial del organismo”, advirtieron luego.
“En un marcado contraste con esta situación, denuncian que la austeridad que pregona el gobierno no es general, sino selectiva: se congela y recorta sobre quienes sostienen las políticas públicas, mientras se mantienen privilegios para la planta política, como los adicionales destinados a cubrir alquileres y viáticos”, denunciaron.
“Es decir que, mientras un trabajador con un ingreso promedio de $1.000.000 debe destinar casi la mitad a vivienda, los funcionarios no restan alquiler, traslado y comunicación a sus $3.000.000 mensuales”, subrayaron.
“Otro tema inquietante para el colectivo de trabajadoras y trabajadores es la subejecución presupuestaria de Programas que, por más de una década, han estado al servicio del desarrollo social y comunitario en todo el territorio provincial. Como puede verse en las redes oficiales del Ministerio, se difunde como un ‘logro’ la ejecución de montos mucho menores a los asignados para el ejercicio presupuestario 2025 (rondando apenas el 10% en algunos casos), lo que no sólo deja desprotegidas a las comunidades que esperaban el acompañamiento estatal sino también a las y los trabajadores, que han sido construidos desde el discurso oficial como enemigos de la eficiencia y la eficacia en la administración de los recursos públicos”.
Frente a ello, la Asamblea ratificó su compromiso “para con las poblaciones que históricamente han sido sujeto de derechos de este Ministerio y llama a poner la atención sobre los niveles de ausentismo de los responsables políticos de la gestión”.
Finalmente, la Asamblea manifestó “su rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional, que avanza sobre derechos históricos de las y los trabajadores, precarizando condiciones y debilitando herramientas de organización colectiva”.
“Asimismo, genera profunda alarma la información que circula en torno a una posible reforma constitucional en la provincia que podría poner en riesgo conquistas fundamentales como el 82% móvil. Frente a estos intentos de retroceso, las y los trabajadores reafirman su compromiso con la defensa irrestricta de los derechos laborales y previsionales”. (APFDigital)