El Proyecto de Presupuesto de Guatemala para 2027 elevaría la deuda pública al 29.4% del producto interno bruto, por encima de la meta de 26.8% fijada por el Movimiento Semilla para el final de su gestión.
La iniciativa, remitida al Congreso de la República el 2 de septiembre, plantea un déficit fiscal de 4.43% del PIB, el segundo más alto en dos décadas.
El monto previsto asciende a Q 192.045,1 millones (USD 25.137 millones), equivalentes al 17.6% del PIB y a un incremento real de 10.3% frente al presupuesto vigente. El aumento supera el promedio histórico de 6.5% del período analizado, aunque queda por debajo de las subas registradas en cuatro ejercicios fiscales anteriores.
La propuesta también habilitaría al Organismo Ejecutivo a ampliar el techo presupuestario hasta Q 193.925,1 millones (USD 25.383 millones) , el 17,8% del PIB. Esa facultad permitiría incorporar hasta Q 1.900 millones (USD 248,7 millones)sin atravesar el trámite legislativo ordinario.
El déficit proyectado solo quedaría por debajo del 4,91% registrado en 2020, durante la pandemia de covid-19. El endeudamiento público neto solicitado alcanzaría 3,64% del PIB, también el segundo nivel más alto de las últimas dos décadas, después del 5,44% de aquel año.
El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) expuso estas proyecciones en su análisis técnico Alerta Presupuesto. El saldo de la deuda pública había cerrado 2023 en 27,2% del PIB, tras una tendencia ascendente desde 2004, cuando representaba 20,9%.
La economista del CIEN, Lourdes Lavarreda, detalló durante la presentación que: “De los Q192.045,1 millones propuestos, el 41,1% (Q78.992,9 millones) son transferencias corrientes y transferencias de capital, y el 28,9% de este monto (Q22.799,7 millones) se financiaría con deuda pública”.
Las Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, que comprenden traslados hacia otros niveles de gobierno y entidades descentralizadas, concentrarían junto con el servicio de la deuda el 51,4% del presupuesto. La distribución responde a normas constitucionales y leyes específicas que asignan por adelantado una parte elevada de los recursos públicos.
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda recibiría su menor participación dentro del presupuesto desde 2004. El proyecto concentra recursos en educación y en el pago de la deuda pública, una tendencia que se mantuvo durante el período 2012-2025.
Los gastos de funcionamiento continuarían ganando peso frente a los destinados a inversión, según el CIEN. Esa composición reduce los recursos disponibles para obra pública y desarrollo de infraestructura.
Los servicios de la deuda representarían 12,81% de los egresos totales en 2027, por debajo del 13,16% registrado en 2025 y del promedio de 14,36% observado entre 2020 y 2023. Sin embargo, el proyecto incrementa la participación de las amortizaciones mediante la incorporación de Q 2.600 millones para cubrir deficiencias netas del Banco de Guatemala.
La carga tributaria prevista sería de 12,07% del PIB, un nivel que el centro de investigación consideró alcanzable porque su cálculo central se ubica en 12,11%. Los ingresos tributarios podrían situarse entre Q 126.106,9 millones y Q 138.106,9 millones, un rango que abarca las proyecciones de la Superintendencia de Administración Tributaria.
La previsión, sin embargo, queda por debajo del 13,0% del PIB establecido por el Plan de Gobierno 2024-2028 del Movimiento Semilla para 2027. El presupuesto incorpora además un bolsón de otros impuestos directos e indirectos por Q 7.326 millones, equivalente al 5,6% de la recaudación tributaria total.
Esa proporción supera el 2,1% contemplado en el proyecto presupuestario de 2024 y el 2,2% incluido en el de 2025. El CIEN también cuestionó un bolsón adicional de Q 4.467,6 millones como previsión presupuestaria por considerarlo una asignación con escasa transparencia.
La educación primaria reuniría el 49,7% de los recursos asignados a resultados estratégicos. Pese a esa concentración, la meta plantea que los estudiantes de sexto grado mejoren solo 0,8 puntos porcentuales en matemática y 2,1 puntos porcentuales en lectura a lo largo de siete años.
Si se cumplieran esos objetivos, en 2029 el 51,5% de los alumnos de sexto grado tendría un dominio satisfactorio o excelente en matemática, mientras que el 49,5% lo alcanzaría en lectura. Las proyecciones contrastan con los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, conocido como PISA.
Guatemala registró entre 2022 y 2025 caídas de 10,0 puntos porcentuales en matemática, 37,0 puntos porcentuales en lectura y 22,0 puntos porcentuales en ciencia. El deterioro fue utilizado por el CIEN para contrastar las metas incluidas en el proyecto para el sistema educativo.
El articulado también incorporaría disposiciones que entrarían en conflicto con normas vigentes. Los artículos 28 y 142 contravendrían el artículo 38 de la Ley Orgánica del Presupuesto, que ordena reintegrar a la Tesorería Nacional los saldos de caja no ejecutados al cierre de cada ejercicio fiscal.
Los artículos 18, 23 y 122 chocarían con el artículo 33 Bis de esa ley. A su vez, los artículos 17, 102, 103, 111 a 114, 137, 142 y 143 limitarían la competencia en los procesos de adquisición pública, de acuerdo con el análisis del CIEN.