La Justicia brasileña multó a Meta por incumplir las órdenes para un trato igualitario a Lula y Bolsonaro durante la campaña electoral

La Justicia brasileña multó a Meta por incumplir las órdenes para un trato igualitario a Lula y Bolsonaro durante la campaña electoral


El logo de Meta en esta ilustración tomada el 6 de noviembre de 2026 (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil multó este martes a Meta con 7,5 millones de reales, unos USD 1,3 millones, por incumplir órdenes destinadas a asegurar igualdad de trato en sus plataformas para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su rival, Flávio Bolsonaro, durante la campaña electoral. La decisión fue unánime entre los siete jueces del TSE

El máximo tribunal concluyó que la empresa estadounidense incumplió plazos y no ofreció información suficiente sobre las medidas dispuestas durante el proceso electoral. El magistrado relator, Marco Aurélio Bellizze, sostuvo que Meta entregó respuestas incompletas, “genéricas” o redactadas en otro idioma ante los requerimientos del tribunal. Aun así, indicó que la causa no acreditó una “acción deliberada para desequilibrar el pleito” a favor de Bolsonaro.

Lula denunció durante la campaña una “interferencia” de la compañía propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp. El entonces candidato afirmó que restricciones sobre contenidos proselitistas perjudicaron a su fuerza política y atribuyó esas decisiones a una presunta “manipulación algorítmica”. El mandatario venció a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta del 25 de octubre. Tras el resultado electoral, el referente del Partido de los Trabajadores (PT) prometió profundizar la regulación de las redes sociales en el país.

El abogado de la campaña de Lula, Angelo Ferraro, acusó a Meta de actuar como un “agente político” y de incurrir en “irregularidades graves” que habrían afectado al actual presidente. Meta rechazó las denuncias, aunque reconoció fallos que atribuyó a “problemas técnicos” y aseguró que esas incidencias no se limitaron a Brasil. Su abogada, Patrícia Marta Martins, afirmó ante los jueces que las acusaciones de injerencia son “falsas e infundadas” y que la empresa cumplió “íntegramente” las exigencias judiciales.

Patricia Helena Marta Martins, abogada de Meta, asiste a una audiencia en el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil para examinar una demanda presentada por la campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en Brasilia, el 10 de noviembre de 2026 (REUTERS/Diego Herculano)
Patricia Helena Marta Martins, abogada de Meta, asiste a una audiencia en el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil para examinar una demanda presentada por la campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en Brasilia, el 10 de noviembre de 2026 (REUTERS/Diego Herculano)

Durante la campaña, el TSE ordenó a la compañía adoptar medidas para garantizar que los contenidos de ambos candidatos recibieran un tratamiento equitativo en sus servicios digitales. El tribunal no encontró pruebas de que Meta actuara de forma deliberada para favorecer al dirigente de derecha, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro. Tras desconocer su derrota, el senador dejó Brasil rumbo a Estados Unidos, mientras la Policía lo investiga por presunto lavado de dinero.

El máximo tribunal ordenó a la Policía Federal abrir una investigación contra Flávio Bolsonaro por una presunta financiación extranjera de su campaña y por supuesta manipulación algorítmica en redes sociales para favorecer la difusión de sus contenidos frente a los de otros aspirantes, un día después de la victoria de Lula en los comicios.

El juez Flávio Dino dispuso las diligencias a partir de denuncias sobre un eventual aporte del lobby estadounidense Rockbridge Network, fundado por el actual vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance. La investigación deberá determinar si el supuesto respaldo financiero estuvo ligado a futuras concesiones para la explotación de recursos naturales en caso de que Bolsonaro hubiera ganado las elecciones.

El magistrado del Tribunal Supremo de Brasil, Flavio Dino (REUTERS/Adriano Machado)
El magistrado del Tribunal Supremo de Brasil, Flavio Dino (REUTERS/Adriano Machado)

Dino señaló que resulta “necesario determinar quién pudo haber formulado dicha propuesta, a quién iba dirigida, mediante qué instrumento y en qué consistiría la supuesta contraprestación”. El magistrado remarcó que los recursos minerales pertenecen al Estado brasileño y que su explotación “depende de la autorización o concesión otorgada en interés nacional”.

La pesquisa también incluirá las denuncias por un presunto uso de mecanismos de distribución de contenidos en redes sociales que habrían beneficiado al entonces candidato frente a otros participantes de la campaña presidencial.

(Con información de AFP)



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