En el Consejo de Ministros del 27 de abril de 2026, Daniel Quintero, recién nombrado superintendente de Salud, hizo pública una denuncia de presuntos sobornos de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para girar los recursos de atención en salud.
El exalcalde de Medellín mostró un mensaje donde se leía: “Te escribo porque mis tíos tienen la IPS más grande en salud mental en Latinoamérica. Nos gustaría conversar contigo; hemos tenido problemas con los pagos y estaríamos en la disposición de dar un porcentaje sobre las facturas”.
Frente a esto, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció una serie de medidas orientadas a frenar la corrupción en el sistema de salud de Colombia, denunciando que la gestión heredada de gobiernos anteriores mantiene esquemas que permiten la continuidad de sobornos y especulación con medicamentos.
Según su criterio, “si se quita licencia de salud a los peores. Si las EPS se vuelven gestoras, dejan de hacer trámites”.
A la par, puntualizó que la entidad pública Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) asumirá un papel central en el proceso, gestionando de manera directa la entrega y pago de medicamentos en farmacias, sean grandes o pequeñas, para evitar manipulación y sabotaje: ”ADRES paga en cualquier farmacia las medicinas que los enfermos lleven a la estructura irregular identificada con anterioridad; persiste incluso tras los recientes relevos administrativos”.
“Los interventores hacen lo mismo que hacían los otros privados, que es mantener la estructura de corrupción y recibir coimas”, expuso.
En su análisis, Petro detalló que, tras la intervención estatal en varias EPS y otros organismos sanitarios, persisten irregularidades debido al uso de listas confeccionadas bajo anteriores administraciones, en las que grupos de interés como el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) retendrían influencia sobre los nombramientos. Refiriéndose a episodios ocurridos con la presidencia de la empresa multilatina colombiana Interconexión Eléctrica S.A. (ISA).
“Un juez obliga a que cojamos es la lista de Duque para escoger el presidente de ISA, amigos suyos, GEA otra vez. Aquí pasa lo mismo”, subrayó el mandatario.
En una intervención pública, el presidente colombiano declaró la inminente implementación de medidas destinadas a interrumpir los privilegios de los operadores tradicionales. La farmacia: “Si no se la entrega el gestor, paga directamente a la farmacia, cualquiera, grande, chiquita, Droga la Rebaja o cualquier otra”.
El mandatario fue enfático: “No queremos que jueces corruptos, que deben ser investigados, devuelvan a los ladrones de la salud las EPS. Eso no va a pasar en mi gobierno”.
El presidente también ratificó la propuesta del Ministerio de Salud respecto a un nuevo esquema de adquisición de medicamentos: “Subasta invertida por molécula, que la nueva EPS va a convocar”.
La modalidad permitirá a cualquier hospital adquirir medicinas, incentivando la agrupación de demandantes para contrarrestar la posición dominante de intermediarios y evitar el control de precios por parte de monopolios y oligopolios establecidos, los cuales —según Petro— han nacido de la legislación previa.
Al precisar el impacto de estas medidas, el jefe de Estado advirtió sobre las consecuencias mortales del modelo actual: “La ley creó monopolio u oligopolio de gestores farmacéuticos que está dañando la salud en Colombia, porque permite manejar precios de monopolio y especulación con las medicinas y está matando ciudadanos”. Definió a estas estructuras como “asesinos, vampiros de la salud”, dando a entender la gravedad de las prácticas detectadas y la urgencia de sus reformas.
Petro también anunció que todas estas resoluciones, junto a iniciativas ya analizadas dentro del Gobierno nacional, entran en ejecución inmediata como respuesta a la crisis detectada. El gobernante de los colombianos insistió en que la administración actual no permitirá el retorno de operadores responsables de actos ilícitos bajo el amparo de resoluciones judiciales ni el sostenimiento de redes de corrupción que, según él, han perdurado en el sistema de salud del país.