La Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos se encuentra en proceso de consulta nacional, previo al inicio de las asambleas regionales en comunidades indígenas y afromexicanas de todo el país. Ante este proceso, especialistas y representantes comunitarios analizaron sus posibles implicaciones durante un foro académico “Patrimonio indígena: lo que la consulta no pregunta”, organizado por el Instituto de Geografía (IGg) de la UNAM.
En el encuentro, los participantes advirtieron sobre los cambios que la nueva legislación podría generar en la relación entre el Estado y los pueblos originarios, así como sobre los desafíos para proteger su patrimonio cultural frente a la presión del turismo masivo y la mercantilización de prácticas culturales consideradas como sagradas.
La iniciativa está integrada por 453 artículos y 11 disposiciones transitorias y busca regular la reforma constitucional de septiembre de 2024, además de establecer mecanismos para conocer y garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
María Teresa Sánchez Salazar, directora del Instituto de Geografía de la UNAM, señaló durante su participación que la legislación representa un cambio relevante en el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos originarios.
La propuesta contempla temas como la libre determinación y autonomía, los derechos de las comunidades afromexicanas, la protección de mujeres, niñas, niños y jóvenes, los derechos de personas migrantes, adultas mayores y con discapacidad, así como mecanismos de consulta previa y coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
adelfo Regino, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), destacó que el objetivo de la ley es “promover, proteger, garantizar e implementar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas en su carácter de sujetos de derecho público”.
Uno de los principales temas señalados durante el foro del Instituto de Geografía fue el impacto que puede tener el turismo masivo sobre el patrimonio cultural de los puebls indígenas.
Erik David García González, investigador posdoctoral del Instituto de Geografía, advirtió que la comercialización de ceremonias y festividades puede desvirtuar su sentido comunitario y transformar prácticas ancestrales en espectáculos dirigidos a visitantes.
El crecimiento del turismo y la demanda de experiencias culturales pueden generar presión económica sobre las comunidades y modificar la función original de rituales y festividades. De esta manera, prácticas que tienen un significado social, histórico y comunitario pueden convertirse en productos de consumo turístico.
García González señaló que, aunque la nueva legislación busca brindar herramientas jurídicas para que los pueblos defiendan su patrimonio, la mercantilización de la cultura continúa como un riesgo apra las comunidades.
Por su parte, Víctor Francisco Martínez González Robles, investigador posdoctoral del Instituto de Geografía, explicó que la iniciativa reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público; sin embargo, el Estado mantiene atribuciones sobre los monumentos y bienes culturales mediante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
De acuerdo con lo expuesto durante el encuentro, la autoridad federal conserva la facultad de registrar y catalogar sitios sagrados y bienes culturales, aun cuando la legislación reconoce derechos colectivos de las comunidades.
La propuesta establece que el consentimiento de las comunidades será necesario para acciones relacionadas con su patrimonio. No obstante, los especialistas señalaron que este consentimiento no representa un derecho de veto, por lo que la decisión final sobre la gestión y utilización de determinados bienes culturales puede permanecer en manos de la autoridad federal.