La Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR) lograron desmantelar una presunta red criminal dedicada al tráfico ilícito de combustible para la minería ilegal en Madre de Dios.
Entre los 12 detenidos figuran cuatro policías del Escuadrón de Emergencia y un exfiscal, quienes, según las investigaciones, facilitaban el desvío y transporte clandestino de grandes volúmenes de combustible hacia zonas de extracción minera no autorizada.
De acuerdo con información suministrada por la Fiscalía, la operación se ejecutó de manera simultánea en las localidades de Mazuko (Madre de Dios), Puno y Ucayali. El despliegue permitió la captura de integrantes de la presunta organización “Los lecheros del puerto”, cuyo objetivo principal consistía en abastecer de insumos a maquinaria empleada en actividades mineras ilegales.
La investigación, desarrollada en colaboración con la PNP, estableció que la estructura criminal mantenía operaciones desde 2023 y se apoyaba en una cadena integrada por proveedores, distribuidores, transportistas y encargados de cobertura institucional.
Según el jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), coronel Robert Trujillo, los detenidos conformaban una organización que operaba al menos tres años en la zona de Lechemayo. El combustible era adquirido en el puerto de Mollendo y transportado formalmente hasta Puno, donde sufría el primer desvío.
El procedimiento utilizado por la red implicaba la compra legal de combustible a través de empresas o estaciones de servicio, con documentos que consignaban como destino grifos legales. Sin embargo, una vez en ruta, los cargamentos de hasta 10.000 galones cada uno se desviaban y almacenaban en cisternas clandestinas ubicadas en el distrito de San Gabán.
El coronel Trujillo explicó a RPP que “el desvío de combustible lo realizaban en Puno, y hacían el desenvase en cisternas clandestinas para ser trasladado a San Gabán, donde tenían cisternas para que, tras el desenvase, sea trasladado por el río Inambari y también por la carretera Interoceánica de manera clandestina. Todo esto era para la maquinaria que utilizaba la minería ilegal”.
Desde los almacenes acondicionados en Lechemayo, el combustible era transvasado hacia tanques o bidones, siguiendo pedidos coordinados previamente. Los distribuidores de la organización gestionaban el traslado hasta el puerto de Lechemayo o a puntos clandestinos en Mazuko, donde el producto se transfería a canoas y navegaba por el río Inambari. Esta vía fluvial permitía evadir los controles terrestres y abastecer puntos como Mazuko, Puerto Punkiri, Puerto Carlos y Puerto Sarayacu.
Un aspecto clave del funcionamiento de la red, según la información difundida por la Fiscalía, era la presencia de efectivos policiales y un exfiscal —destituido meses atrás— en el equipo de protección y cobertura institucional.
Su rol consistía en alertar sobre posibles controles o intervenciones estatales, así como facilitar el libre tránsito de los vehículos implicados, omitiendo controles y procedimientos de rigor.
El coronel Trujillo puntualizó que “los detenidos omitían sus funciones, sabían el desplazamiento del desvío de combustible. Trabajaban en el Escuadrón de Emergencia, en la comisaría de Mazuco y comisaría Santa Rosa”.
Por su parte, la Fiscalía detalló que estos funcionarios “aseguraban la continuidad de las operaciones ilícitas”, anticipando rutas de intervención y coordinando para evitar la detección del tráfico ilegal de insumos. El desmantelamiento de la organización representa un golpe a las redes que sostienen el abastecimiento logístico de la minería ilegal en la Amazonía peruana.
Como parte de la respuesta estatal, el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, informó a Rumbo Minero que las acciones desplegadas por las Fuerzas Armadas y entidades asociadas permitieron incautaciones valorizadas entre S/ 450 y S/ 500 millones en los últimos meses. El funcionario resaltó que uno de los principales desafíos consiste en fortalecer el marco legal que rige las intervenciones militares en la lucha contra el crimen organizado, para garantizar la seguridad del personal involucrado.
Flores Carcagno indicó que “hay un marco, pero no es suficiente. En mis casi cuatro meses de gestión no puedo cambiar todas las leyes, pero sí hicimos ajustes normativos para que cuando ellos intervengan no se pongan en riesgo, porque el crimen organizado no respeta nada y nosotros actuamos dentro del Estado de Derecho”.